Tendremos que cuestionarnos de una vez por todas para qué sirven las autonomías, que cuestan un riñón al contribuyente, si cuando acontece una situación límite, estas se limitan a acudir al papá Estado para que dirija sus pasos. La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia este asunto. Con la mayoría de las competencias transferidas desde hace años, entre ellas, las sanitarias y las educativas, los distintos gobiernos autonómicos se muestran incapaces de tomar decisiones determinantes dirigidas a frenar la curva de contagios, disparada en las últimas semanas. La opción puesta sobre la mesa esta misma semana por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que cada comunidad pueda decretar su estado de alarma, tampoco parece contentar a la mayoría de estas. Lo acusan de querer escurrir el bulto, de falta de liderazgo, con un discurso “triunfalista, la negación de la realidad, la incompetencia y la propaganda”, según ha dicho el líder del PP, Pablo Casado
Lo cierto es que el artículo 5 de la ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio lo contempla. El texto indica que cuando se den supuestos como los de crisis sanitaria o epidemia, “que afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”. Sánchez garantiza en el Congreso el apoyo de los 155 diputados del PSOE y Unidas Podemos, que conforman el Gobierno de coalición, para todo aquel presidente autonómico que opte por activar esta medida. Sin embargo, nadie, ni aquellos que reclaman con más vehemencia su independencia del Estado español, se atreven a enfrentarse a ese toro. Ni siquiera si ese decreto no incluyera a toda la comunidad autónoma y sí a las zonas más afectadas de la misma. Es más cómodo que ese tipo de decisiones las tome el Ejecutivo central y así poder criticar lo que no guste.
Cabe recordar que, fundamentalmente, las comunidades autónomas gobernadas por el PP reclamaron con insistencia a Sánchez que soltara el mando único al comenzar la desescalada. Hubo entonces acusaciones de autoritarismo y prepotencia. Pero la oferta de esta semana de Pedro Sánchez iba más allá: que 2.000 militares ejerzan de rastreadores en las comunidades que no tengan efectivos suficientes y que estas completen los procesos técnicos para que funcione en sus territorios la app Radar Covid, como ya lo hace en algunas de ellas y, en la murciana, desde este miércoles.
Es evidente que combinar salud y economía para salir de esta crisis lacerante es harto complicado. Y que los políticos son los que más lo temen, algunos mirando de reojo a sus réditos electorales de cara al futuro. Hay colectivos especialmente sensibilizados en este sentido. Es el caso de los hosteleros, a los que ahora se les somete a una nueva vuelta de tuerca, por lo que ya piden cabezas; los profesores, a los que se les empuja a acudir a las aulas con el riesgo que entraña rodearse del alumnado; o los padres y madres de estos niños y niñas, alarmados ante el inicio de curso escolar sin previsiones ni prevención a la vista, a pesar de que el horizonte siempre estuvo ahí. Calificar esto de “exceso de alarma” por parte de la ministra de Educación, Isabel Celaá, es para mirárselo detenidamente.
La pandemia ha evidenciado ante nuestros ojos buena parte del fiasco del estado autonómico. No se trata de suprimirlo, como defiende algún partido del arco parlamentario, sino, al menos, de reconsiderar y desburocratizar. Hace años decir esto resultaba retrógrado y hasta te podían acusar de facha. Un país que soporta tantas esferas administrativas -estatal, autonómica, diputaciones, cabildos y consejos insulares y ayuntamientos-, con lo que ello supone para el erario, tendría que aspirar, por lo menos, a que sus gestores se mostraran más resolutivos cuando se les requiere. No lo parece, a la vista de que, cuando tienen que mojarse, prefieren no lanzarse a la piscina y que decida el otro. Resulta más rentable.
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