(1) El historiador y catedrático de Historia Contemporánea y de América en la Universidad de Murcia, Pedro Mª Egea Bruno, nos ha cedido para su publicación este artículo que fue dado a la luz este mismo año en el número 14 de la revista de Historia Contemporánea Hispanianova (www.uc3m.es/hispanianova). La faceta rigurosa de investigador de Egea Bruno hace que sus publicaciones estén referenciadas con numerosas notas que, para hacer más fácil y dinámica su lectura, nosotros hemos eliminado. Lógicamente, aquellos que quieran profundizar en este acontecimiento tan apasionante, dichas referencias se pueden encontrar en el número de revista arriba mencionado.
Resumen: La base naval de Cartagena resultó determinante en la fase final de la guerra civil. Servía a los planes de resistencia formulados por Negrín y los comunistas, a los entreguistas de Casado y a los de la quinta columna. Figura central de aquel drama fue el teniente coronel Joaquín Pérez Salas, que se movió con dificultad en un laberinto de intereses cruzados. La localización de nuevas fuentes inéditas -como los sumarios de los consejos de guerra- permite perfilar la secuencia exacta de los acontecimientos, valorar el papel de cada uno de los colectivos implicados y revisar conclusiones aceptadas.
El final de la guerra civil ha merecido una atención preferente en los últimos años, destacando las contribuciones de Ángel Viñas y Fernando Hernández; Mainar, Santacreu y Llopis; Ángel Bahamonde, Paul Preston y Francisco Alía. La base naval de Cartagena ocupa un lugar relevante en aquel desenlace. No es necesario subrayar su trascendencia. El enclave -sede operativa de la escuadra- resultaba determinante para cualquier acción. En aquel escenario se dieron cita planteamientos e intereses encontrados. De un lado, los representados por Segismundo Casado y su Consejo Nacional de Defensa [CND] -alzado contra Negrín y su política de resistencia a ultranza- en su estrategia de alcanzar una paz honrosa con Franco. Su hombre en Cartagena fue Joaquín Pérez Salas, designado al efecto jefe de la base. De otro, el PCE que -huido el Gobierno y clausurada la política de resistencia propugnada por éste- centró su actuación en poner a salvo por aquel punto a sus cuadros dirigentes. Terciaba la quinta columna, impaciente por asumir el control de la situación. La localización de nuevas fuentes permite precisar con mayor detalle lo acontecido en aquellos días.
Dado lo intrincado de los hechos abordados, la variedad de colectivos implicados y la diversidad de situaciones sobrevenidas, hemos optado por una estructuración sincrónica, encadenando acciones paralelas. El análisis se asienta en fuentes inéditas, aunque completadas con las hemerográficas. Subrayamos el procesamiento sumarísimo a que fue sometido Pérez Salas al término de los hechos relatados y que hemos localizado en el Archivo Naval de Cartagena. El expediente incluye una amplísima información, empezando por sus propias declaraciones, los avales y las manifestaciones de los testigos, los trámites judiciales y el acta de la sentencia. Llama la atención la incorporación de un breve diario del encausado, del 29 de marzo al 16 de abril de 1939, y el esbozo de un libro titulado La guerra y yo, de julio de 1936 a abril de 1937. Allí aparece su implicación en el golpe de Casado, su papel en Cartagena, el relato del último estertor de la República y su pulso a la quinta columna, a la que deja al descubierto en su intención de presentarse como actor necesario en la conclusión de la paz.
De igual relieve es la documentación referida a los restantes protagonistas. Una referencia obligada corresponde a las memorias del gobernador civil de Murcia -Eustaquio Cañas-, que adoptó una posición crítica frente a Casado y Pérez Salas. De enorme interés son las contribuciones de los militares y de los dirigentes comunistas presentes en Cartagena. Significativa es la visión que aportan los consejos de guerra en que se vieron incursos los oficiales que trataron de ofrecer a Franco una victoria que no habían merecido. La amplitud de las fuentes manejadas permite construir una historia coral, convenientemente contrastada con la bibliografía, tanto de carácter primario como secundario.
1.- JOAQUÍN PÉREZ SALAS EN EL LABERINTO CARTAGENERO
El CND se hizo cargo de la base de Cartagena el 8 de marzo de 1939. La ocupación corrió a cargo del coronel Joaquín Pérez Salas, respaldado por la 78º Brigada, integrada por antiguas milicias confederales. Un profesional de prestigio, apolítico, enemigo acérrimo de todo proselitismo y de la primacía comunista, conceptuado como uno de los mejores artilleros de España, incluso desde las filas franquistas.
Su republicanismo, que arrancaba de su oposición a la dictadura de Primo de Rivera por una cuestión corporativa -la escala cerrada-, nunca sobrepasó los lindes de aquella ideología. La información recogida en el consejo de guerra que lo juzgó al término de la contienda revela el devenir de un militar que se considera republicano sin más añadidos, subrayando su decidida alineación al lado del régimen al que ha jurado fidelidad, su oposición a la violencia de clase y sus diferencias por este motivo con las milicias populares.
Antonio Cordón -que lo conocía bien del frente de Córdoba- apunta a su radical colisión con la evolución política impuesta por la guerra: "En su complicada mentalidad se mezclaban elementos contradictorios: el pensamiento de que luchábamos por una causa justa, que él deseaba vehementemente que triunfase, y la incomprensión del carácter revolucionario de nuestra lucha y el valor que tenía la solidaridad internacional, y especialmente la ayuda de la Unión Soviética en la contienda que en nuestra tierra se realizaba contra el fascismo". Le ocurrió como a tantos otros militares profesionales: "... no era lo mismo ser leal a la República que simpatizar con la revolución y otra suerte de extremismos".
Del desencuentro se hicieron eco algunos de los testigos que comparecieron en su procesamiento. El primero en hacerlo fue el juez Julio Mifsut, adscrito a la Auditoria de Guerra del Ejército del Sur, cuyos parientes habían convivido con el inculpado: "Manifiestan dichos familiares que durante el tiempo que trataron al referido comandante siempre le oyeron censurar la actuación del marxismo". La ruptura era perceptible a mediados de septiembre de 1938. Lo precisa -en el mismo sumario- el capitán de artillería Alonso Rodríguez, con alusiones a su "... mínima ilusión por la defensa de la causa roja [...] al hastío y repugnancia que le ocasionaba la situación de aquel tiempo" y a su displicencia en el transcurso de operaciones realizadas sobre el saliente de Cabeza del Buey [Badajoz], en el mes de octubre de 1938, limitándose a cumplir las órdenes recibidas, "... con grandes obstaculizaciones por su antagonismo al parecer con el mando, y a dejar hacer...".
El derrotismo le pasó factura, siendo relegado en noviembre de 1938 al Parque de Artillería de Valencia. Allí entraría en contacto con el Estado Mayor del Grupo de Ejércitos, el núcleo conspirador que dirigido por el general Matallana se relacionaba con Segismundo Casado, al mando del Ejército del Centro. EL PCE le atribuía -tras la caída de Barcelona- una decidida participación en maquinaciones contra el Gobierno. Lo cierto es que se pudo contar con él para el golpe antinegrinista de 5 de marzo de 1939. Su decantación fue inmediata, firmando una serie de salvoconductos para que sus destinatarios le acompañasen a Madrid para apoyar a la junta casadista. Según su propio testimonio tomó posesión de la base naval de Cartagena el día 9 y entre el 10 y el 14 ayudó a sofocar la resistencia comunista de la capital, mandando -a las órdenes de Matallana- el Ejército de Maniobra, contribuyendo de forma decisiva a salvar a Casado de una situación apurada.
Volvió a tomar el mando de la base el 15, tras su regreso de Madrid, aunque realmente debió ser el 12, tras la derrota comunista. De los motivos de la aceptación nada dice ni en la declaración jurada que tuvo que cumplimentar ni en los interrogatorios a que fue sometido en su encausamiento. Apenas una mención al cumplimiento de la obediencia debida. Debió influir su acendrado anticomunismo y su creencia en la negociación de la paz por parte del CND desde una posición de fuerza. Tal vez, el señuelo difundido por Casado de que entre militares era posible el entendimiento para acabar la guerra sin represalias.
En Cartagena se encontraban las tres brigadas de la 10ª División -206, 207 y 223-, mandadas por Joaquín Rodríguez, que habían sido enviadas por el Gobierno de Negrín para aplastar la sublevación profranquista del 4 de marzo alentada por la quinta columna. El día 8 el objetivo estaba cumplido. A propuesta del gobernador civil de Murcia -Eustaquio Cañas-, Casado nombró jefe de la base a Rodríguez. Tuvo que mediar la momentánea falta de otra alternativa y la contemporización acuciada por las circunstancias. Para comisario fue designado Virgilio Llanos, un socialista próximo al PCE.
El dominio comunista se había impuesto a sangre y fuego, con la subsiguiente represión, tan intensa como selectiva, según el criterio de Joaquín Rodríguez: "Durante estos días -hasta el 9, inclusive- se hicieron varios miles de prisioneros, ya que como es natural se tuvieron que tomar medidas de seguridad al comprobar que el movimiento tenía muchas ramificaciones; de la clasificación de ellos encargué al coronel de infantería de marina Diego Baeza, el cual por ser miembro de nuestro P.[partido] estaba separado del servicio, y de la limpieza, a un camarada del P. de Cartagena, llamado Cegarra...". La orientación partió de Palmiro Togliatti, asesor de la Comintern en España, presente en Cartagena en aquellos momentos: "... una represión que debía ejercerse, con extremo rigor". En total, 251 muertes.
Rodríguez también encaró las consecuencias de la acción de Casado, interesado en el dominio de la base y enfrentado a los comunistas en una guerra sin cuartel. A tal fin neutralizará los movimientos de las tropas del CND procedentes de Alicante, Andalucía y Murcia, convirtiendo a Cartagena en el último reducto comunista.
EL CND aguardó al sojuzgamiento de la revuelta profranquista para imponerse en Cartagena. Fue entonces cuando nombró a Pérez Salas jefe de la base, apoyándose para ello en la 78º Brigada. Aún así, su dominio no fue completo. La medida fue discutida además por su superior, el general Menéndez -jefe del Ejército de Levante-, que lo destituyó reponiendo en su puesto a Rodríguez. Al final éste quedó como segundo jefe, tejiendo en la sombra una organización paralela a la casadista: "... colocando en todos los puestos de dirección o importancia, personal del P. o gentes que eran avaladas por aquellos...". Para Rodríguez, el coronel no significaba ningún peligro: "Una vez que llegó Pérez Salas a la base me limité a vigilar sus actos y a atraerme todos los altos mandos de la base, lo cual me fue fácil conseguir, hasta el extremo de que si hubiera sido necesario retirar a Pérez Salas, estaban tomadas todas las medidas, para que esto se pudiera hacer sin violencia alguna y con rapidez".
Jesús Hernández participa de la prevención adoptada: "En los primeros horas de la mañana [del 11] llega un enlace de Cartagena preguntando si debían darle posesión de la Comandancia Militar de Cartagena a Pérez Salas, designado por la Junta para tal puesto [...] Decidimos que se le diese posesión, pero aislándole de tal suerte que fuera prácticamente un prisionero de nuestras fuerzas".
2.- EL MANDATO CASADISTA
Pérez Salas comenzó a ejercer como jefe de la base a su regreso de Madrid, cuando ya el CND había desarbolado la resistencia comunista y declarado su persecución. Su misión consistió en asegurar a Casado aquella posición, designando a individuos moderados para ocupar los puestos claves de su estructura orgánica: al teniente coronel Esteban Calderón, para el Estado Mayor Mixto, y a Marcial Morales, para los Servicios Civiles. El mismo día 12 fue destituido Joaquín Rodríguez.
En su gestión se encadenaron varias tareas. La primera fue mantener a raya a los comunistas e impedir la evacuación que se pudiera realizar al margen del CND para dar una imagen de control de la retaguardia. A partir del 21 trató de organizar la defensa del territorio republicano y, tras su fracaso, preparar la entrega de la plaza, apoyándose en los oficiales quintacolumnistas.
La transición del orden comunista al casadista devino intrincada. Para Sebastián Zapirain, dirigente de aquella formación, distó de ser pacífica, siendo necesaria la negociación para poner fin al enfrentamiento armado: "Cuando el coronel [Pérez] Salas [...] llegó a Cartagena hubo una resistencia muy fuerte con muchos muertos. Salas dio su palabra de honor a los defensores que si se rendían no les dejaría caer en manos de los franquistas y que respetaría la vida de todos".
Para asegurar el dominio forzó la subordinación de los militares, obligándoles a firmar un compromiso de adhesión al CND. En caso de ser incumplido serían juzgados de forma sumaria por traición. Tal era el contenido de la orden dictada por Casado el 14 de marzo. El problema se agudizaba con los mandos de filiación comunista. Lo primero fue tratar de deshacerse de tan incómoda presencia: "En la base naval de Cartagena y en la base de tanques de Archena se recibieron telegramas de la Junta ordenando que se dieran toda clase de facilidades a los jefes y oficiales del P. que quisieran marchar al extranjero". Luego se optó por la dispersión de las unidades de aquella obediencia. Así ocurrió con el 31 Grupo de Asalto, "... compuesto en su mayoría por militantes del P. con un brillante historial en el frente y que tuvo una magnífica actuación en la represión del movimiento fascista de Cartagena, fue disgregado, trasladando las compañías a Madrid y a otros puntos". La vigilancia se extremó en Carabineros y Policía. En este último caso, los impresos cursados por Wenceslao Carrillo -consejero de Gobernación del CND- venían en blanco, para que los comisarios actuasen a discreción.
Pérez Salas era consciente de la amenaza que representaban las brigadas comunistas: "... iba concentrando en Cartagena fuerzas de Asalto y otras que creía afectas, a la vez que diseminaba y alejaba de Cartagena a las unidades de la 10ª División. Uno de los batallones de la 206 será enviado al puerto de Águilas y otro a Mazarrón, distanciados de Cartagena por 40 - 80 kms.". Lo reitera el comandante Manuel Lombardero, uno de los responsables del levantamiento del 4 de marzo: "... De Murcia le enviaron varios centenares de guardias de asalto y con ellos fue desplazando la Brigada 206 y las otras dos que acudieron sobre Cartagena". Clasificó a las restantes fuerzas, siendo necesaria la presentación de sus jefes en los puestos de mando emplazados en el Arsenal y la Capitanía.
La actuación más controvertida fue la clausura de las escasas posibilidades de expatriación, poniendo fin al despacho de los visados que desde principios de año distribuía un interesado derrotismo. De ello deja constancia el gobernador civil, cuya evocación pone al descubierto la descomposición reinante y la imprevisión del casadismo con respecto a cuestión tan nuclear. Pérez Salas frustró además la ayuda exterior, que de haberse producido hubiera permitido poner a salvo a miles de personas. Como reconoce Eustaquio Cañas, fue la gran ocasión perdida tras la huída de la escuadra, impidiendo el 17 de marzo que un paquebote inglés -que unos decían fletado por las Trade Unions y otros por la Masonería- evacuase a 11.000 republicanos significados. El relato será revalidado por Togliatti: "... se opuso a la evacuación de prófugos republicanos por un barco inglés". Víctor de Frutos -jefe de la 10ª División- indica los motivos aducidos: "... que nadie saliese en barcos ingleses, porque esto perjudicaría nuestras relaciones con el Reino Unido (orden que obra en mi poder)...". Otra más de las trapacerías de Casado. Como es sabido, el coronel y sus acólitos surcaron los mares hacia el exilio en un navío de aquella nacionalidad.
El monto del pasaje anotado -que se cubriría en varios viajes- se aproximaba a la petición del PCE y a la dirigida por Casado a los gobiernos británico y francés: 11.000 plazas, aunque la demanda fue rechazada por el doble temor a la reacción de Franco y a la problemática acogida en sus países de aquellos miles de antifascistas. Como acota Ángel Bahamonde: "Los buques estarían autorizados a auxiliar a determinados líderes republicanos, pero no de forma masiva". No obstante, y a pesar del bloqueo establecido por la flota franquista, barcos mercantes de sendas potencias -contratados por diversas organizaciones- realizaron operaciones de evacuación en diversos puertos del Mediterráneo, primero entre el 7 y el 16 de marzo, y luego entre el 28 y el 29. En Cartagena, tras el desplante de Pérez Salas, no recaló ninguno.
El CND se desentendió de aquel extremo, como revela la propia diplomacia británica, aunque sus miembros sí previeron ponerse a cubierto. Hasta el 26 de marzo no proyectó ningún procedimiento. Derivó entonces su coordinación a los gobernadores civiles. Así consta en el telegrama que les remitió W. Carrillo: "Ruego encarecidamente a V.E. proceda a constituir las juntas de evacuación de las provincias de Alicante, Albacete, Almería, Murcia y la de Cartagena. Dichas juntas, que presidiría V.E., están compuestas por partidos políticos y organizaciones obreras, Frente Popular y militares, debiendo participar en ellas comunistas". Para el consejero de Gobernación, "... tenían como misión el confeccionar listas de aquellas personas que por su significación política o sindical o por su actuación durante la guerra, pudieran correr algún riesgo si caían en manos del fascismo". La valoración de Cañas es ajustada: "... a esos pobres epígonos se les viene encima el edificio de capitulación que han levantado. Están sobrepasados por lo que ellos mismos han desencadenado. Para salvar sus responsabilidades, salen ahora con la orden, tardía e imposible, de constituir esas juntas de evacuación, que hubieran debido ser, si se proponían acabar con la guerra, su constante preocupación desde el primer día. La propuesta no se llevó a término, confirmando su juicio: "Sigo tener noticias algunas de Madrid. La prueba de los que allí ordenaron la creación de las Juntas de Evacuación por pura fórmula es que ni siquiera nos preguntan por su constitución. Con ello creen haberse lavado las manos". La inclusión de los comunistas formaba parte de la misma falacia.
Para el pago de los embarques se podrían haber utilizado los depósitos de oro y joyas del Banco de España asentados en el polvorín establecido en el sitio denominado Algameca Grande, donde también existían obras de arte remitidas por las Juntas Delegadas del Tesoro Artístico de Madrid - Museo del Prado-, Valencia, Cuenca y Castellón, además de 517 lingotes de plata procedentes de la sucursal del Banco de España en Cartagena. El CND envió para su custodia al teniente coronel de máquinas de la armada Juan Sande García, nombrado delegado especial para todos los servicios de la marina de guerra, con autoridad suprema. La interpretación de su mandato es, desde luego, sesgada: "... traía orden concreta del coronel Casado de vigilar el tesoro artístico por valor de nueve millones de pesetas para que no se lo llevaran los comunistas en la flota como era el propósito de estos. Como este tesoro se hallaba ya controlado por el teniente coronel Pérez Salas ya dejó de cumplimentar la misión".
Los servicios de información franquista conocían la existencia de aquel depósito. Por ello exigieron su conservación a Pérez Salas, que también prestó este servicio. Su riqueza era incuestionable. Según Luis Monreal y Tejada, alférez de Recuperación Artística que se hizo cargo del mismo el 30 de marzo: "El hallazgo que me esperaba en aquel puerto fue seguramente la mayor de todas nuestras recuperaciones, en cantidad y en calidad". Las obras del Museo del Prado se reintegraron a su destino el 30 de mayo.
Pérez Salas se mantuvo inflexible en la decisión tomada de impedir la evacuación, silenciando la inminente capitulación, dificultando con ello la toma de decisiones por parte de la población. El 26 - cuando ya sabía desde el 22 que las conversaciones de paz con Franco habían fracasado- anunció en la prensa que no ocultaría ninguna comunicación de interés general. Semejante resolución resulta a primera vista indescifrable. Tuvo que concurrir el deseo de dar una sensación de normalidad, evitar una estampida general o confiar en que el CND organizaría las salidas a última hora. Su inacción facilitó la represión que siguió.
Hasta el 27 no comunicó el malogro de las negociaciones, señalando entonces que la preocupación primordial del Consejo era facilitar el exilio de cuantos lo deseasen, rogando que nadie se acogiese a iniciativas privadas. La prensa reproducía las alocuciones del CND: "Que nadie abandone sus puestos en tanto no reciba órdenes para hacerlo". No hubo ninguna previsión, salvo las que tomaron Casado y los suyos para mudar de aires.
La mayoría de las partidas se realizaron al margen de los cauces oficiales, por no decir de forma clandestina, utilizándose todo lo que quedaba a flote. Un continuo goteo, cuyo destino final fue Orán. El 28, a las 5 de la tarde, partió, sin autorización, una lancha antisubmarina con el capitán de corbeta Luis Junquera, director de la Escuela Naval Popular, y el jefe de E.M. de Marina, Ignacio Figueras. Poco antes lo había hecho el patrullero V-24, de la Flotilla de Vigilancia y Defensa Antisubmarina de Cartagena. A las 9,15 se escapó una segunda lancha y a las 11,45 otra unidad de vigilancia.
El 29, en el patrullero V-28, partieron unos 20 altos cargos. Entre ellos Marcial Morales - delegado de los Servicios Civiles de la base-, Esteban Calderón -jefe del Estado Mayor Mixto-, su hermano Carlos -teniente coronel de infantería del ejército-, Félix Echevarría -jefe del arsenal- y Rodríguez, coronel de infantería y gobernador militar de la plaza. Se les unió un transporte armado -el Tramontana- y algunas embarcaciones menores.
La última salida se produjo a las 15:15 de aquel mismo día, a bordo del Campilo, un buque de la CAMPSA, con 600 pasajeros. Pérez Salas hizo honor a la palabra dada a los comunistas, superando no pocas dificultades: "Preparó un barco -el Campilo- bajo bandera monárquica española, para llevarlos a Orán. La tripulación franquista se negó a transportarlos y hubo que improvisar otra, echando mano incluso de prisioneros y voluntarios. Cumplió su promesa y no dejó que la gente de Franco ni la Falange se acercasen a la base". Según García Pradas, embarcaron unos 300 anarquistas, la mitad del pasaje. La ciudad ya estaba en manos de la quinta columna, pero todavía había signos -aunque simbólicos- de resistencia. Lo recuerda Manuel Pedreiro, uno de los que iban en aquel petrolero: "... la bandera monárquica estaba por todas partes pero desde el arsenal, el muelle y las baterías saludaban con el puño en alto". Debieron sortear el bloqueo de las unidades nacionalistas -Sanjurjo, Mola y Ceuta-, que en la madrugada anterior habían abandonado Palma de Mallorca para controlar las entradas al puerto.
El alistamiento quedó muy lejos de las demandas y de las esperanzas de cientos de republicanos. Su vivencia fue angustiosa, en paralelo a las escenas que tuvieron lugar en Alicante: "En el puerto de Cartagena se concentrará uno de los contingentes más importantes de estos emigrantes potenciales, un contingente que esperará en el puerto hasta el mismo día 31, en el que habrá de entregarse a las fuerzas de la 4ª División de Navarra que llegan a dicha ciudad".
Pérez Salas se ofreció a preparar la defensa del territorio que quedaba fiel a la República, creyendo que Casado pretendía negociar la paz desde la firmeza. Tal vez le confundan las declaraciones del general Menéndez al corresponsal de United Press, reproducidas el 19 de marzo en la prensa local: "Tengo muchas esperanzas de que ha de producirse pronto la paz, no obstante lo cual estamos bien preparados para la guerra. Los componentes del Consejo Nacional, como yo, queremos la paz, una paz digna sin represalias, pero si esta paz no se consigue, España luchará hasta el fin".
El 21 comunicaba su proyecto a Casado. El tenor del escrito denota su absoluta convicción en la sinceridad de su interlocutor y la voluntad inquebrantable de plantar cara al enemigo. Situaba en primer término su mejor activo, su actuación en Pozoblanco. Se hacía eco de cierta circular reservada de aquél en que suscitaba la necesidad de plantear la resistencia. Le pedía el mando del Sur, desde el Tajo al mar, es decir las fuerzas de Extremadura y Andalucía. Se mantendría, además, al frente de la base de Cartagena. Descartaba cualquier ambición personal. Se presentaba como "un decidido valedor de su patria [...] con el ruego de que me pongas en condiciones de servir, al máximo, los intereses de España".
No obtuvo respuesta, o al menos no se conserva. Los designios de Casado iban, como sabemos, por otros derroteros. Al día siguiente de esta misiva aceptaba la rendición sin condiciones. Quedaba de manifiesto que lo de la circular reservada era una maniobra para conformar a sus seguidores. Hacía tiempo que había renunciado al plan concebido tras la caída de Cataluña, concentrando de 80.000 a 100.000 hombres en torno a Cartagena, apoyándose en la defensa natural que ofrecía el río Segura, con el puerto y la flota como medios de evasión. Tal proyecto -de haber existido- se disipó al entrar en contacto con Burgos. Lo señala Ángel Bahamonde, glosando a Cipriano Mera: "Todo se redujo a creer en la clemencia de Franco".
Fue muy diferente la actitud de Joaquín Pérez Salas. Según su hermano Jesús, no cejó en su empeño hasta la inevitable rendición de la plaza: "El nuevo jefe de la base naval ordenó la resistencia a todo trance, alegando que Cartagena era el último baluarte de la República y que no debía entregarse sin combatir. No lo consiguió, a causa del mal estado moral de las fuerzas y de su escaso número". El desistimiento será corroborado por Benavides: "Pérez Salas convocó [el 28 de marzo] a los jefes de sus tropas: - Cuando yo lo ordene, preséntense ustedes por si es necesario defender Cartagena. Yo les aseguro a ustedes la evacuación. / Al día siguiente sólo se presentaron 35 jefes y oficiales. Desesperado, el coronel se encerró en su despacho". No hay duda de que fueron sus horas más amargas. El comandante de artillería Marcos Navarro -un reconocido emboscado- participa que debió sentirse engañado por Casado y superado por un entorno de desbandada general, adoptando gestos que lo identificaban con la opción comunista, contra la cual se había alzado. Tal vez esté calibrando su error al secundar al CND, tal vez piense en la coherencia de aquella formación o simplemente quiera demarcarse de entreguistas y pusilánimes y no se le ocurre mejor modo: "... que eran unos traidores y unos cobardes que solo pensaban en huir y agregando que toda la guerra había hecho el saludo militar reglamentario y que las horas que le faltaban que lo iba a hacer con el puño en alto". Es curioso que por entonces se suprimiese del uniforme la estrella roja de cinco puntas: "... por considerar innecesario su uso, toda vez que no tiene significación jerárquica". La razón era otra: "... se esperaba que esta nueva muestra de desbolchevización de nuestro Ejército sería del agrado de Franco, y que también agradaría a Francia e Inglaterra".
4.- LA RATONERA COMUNISTA
El 6 de marzo, tras el golpe de Casado y la huida del Gobierno de Negrín, se reunía en el aeródromo de Monóvar (Alicante) el Buró Político del PCE con dirigentes del partido y de la JSU, tomando el acuerdo de llevar a cabo la evacuación de los militantes más comprometidos y preparar el trabajo clandestino ante el previsible triunfo de Franco. Aquella orientación respondía al razonamiento de Palmiro Togliatti.
Cartagena se les ofrecía como el lugar más adecuado para la expatriación prevista. Como subraya el Informe a Stalin, "Cartagena estaba en manos del PCE". Allí -para reprimir la intentona del día 4- se estaba concentrando -como se ha indicado- la 10ª División, "... en la que el 80% de los mandos son hombres adictos a ellos...". Una garantía valorada de forma unánime por los principales responsables del partido. Aquella ensenada era además la única opción viable, toda vez que Alicante había caído en manos del CND. El control de la asonada cartagenera se subordinó por esa valoración a fines partidistas. El coronel Joaquín Rodríguez revela la estrategia adoptada y la importancia de conservar la plaza: "... El enemigo quedó fijado en tres edificios fuertes en la ciudad, a saber el Parque de Artillería, la Capitanía General y el Arsenal. Fueron reducidos en tres días por este orden, no habiéndose efectuado antes por ordenarme el P. que no lo hiciera más pronto, ya que cuando se terminara con ello mandarían un nuevo jefe, recibiendo orden del P. de terminar el día 8, pues se necesitaba el puerto para evacuar personal por él". Como rememora uno de sus enviados, actuaban ya con entera autonomía, "... ya que no había autoridad ni nada y teníamos que defendernos como podíamos".
A Cartagena fueron llegando los correligionarios del Comité Central que todavía no habían podido salir España. En la tarde del 8, cuando se estaba a punto de rendir el último foco rebelde, tuvo lugar una reunión en el puesto de mando de la 10ª División a la que asistieron Francisco Ciutat, Joaquín Rodríguez, Virgilio Llanos, Lucio de Santiago, José Juárez, Artemio Precioso y González, del Comité local. Se dio cuenta de la constitución del CND y de la marcha al exilio de la dirección, cuya representación recabaron a partir de ese momento. En función de su dominio militar -y el subsiguiente control del puerto- promovieron la salida de España de algunos de sus cuadros junto con la de los jefes de las fuerzas que actuaban en Cartagena. A tal fin aprovecharían dos embarcaciones inglesas que en esos momentos se encontraban atracadas en la rada. Nada se dejó a la improvisación: "... a cuyos tripulantes teníamos recogidos al objeto de que no les pudiera pasar nada...".
A las pocas horas, en una nueva cita, acordaron quiénes debían salir. A las 12 de la noche los designados se trasladaron al muelle y, previo convenio con los capitanes de los buques, efectuaron el embarque. Lo hicieron Lucio de Santiago, José Juárez, Alfonso Argüelles, Mayo, Ceferino Álvarez, Agapito Escanilla de Simón, Antonio Pretel, Justo Rodríguez, Manuel Vidal y, tal vez, Eugenio R. Sierra, responsable en la Marina. Con ellos, los cuatro asesores soviéticos de la base, encabezados por G.A. Zhukov.
A juicio de Pedro Checa -secretario de organización- fue una acción reprobable: "... interpretando por pánico a su capricho las directivas dadas por el Partido (concretamente por Alfredo [Palmiro Togliatti]), se habían marchado de España en dos barcos ingleses el 7 u 8 con lo que, además de crear una dificultad tremenda para el trabajo al perder un punto de apoyo, habían desorientado al P. más aún de lo que estaba en Murcia y habían perjudicado mucho las posibilidades posteriores de evacuación".
Jesús Hernández -comisario general del Ejército de Levante- que había creado un nuevo politburó que encarnaba la resistencia contra el CND, era igualmente contrario a aquella escapada, de la que culpaba a Togliatti, de quien, según él, habían partido las instrucciones. El 9 enviará a Sebastián Zapirain, su ayudante, "... con órdenes terminantes de conservar Cartagena en manos del P. costase lo que costase".
Con la posesión efectiva de Pérez Salas la situación se complicó, al oponerse -como vimos- a los extrañamientos. Lo señala Joaquín Rodríguez: "... dio contraorden a la mía de activar todas las reparaciones de los barcos que habían quedado, como así mismo de sustituir las guardias de la 10ª Don. que controlaban la salida del puerto...". Sostiene lo mismo Hernández: "... Comprendíamos lo que este tipo significaba en tal lugar. Íbamos a perder muchas posibilidades...". La capacidad de intervenir en aquella tarea acabó de perderse el día 12, cuando Joaquín Rodríguez fue destituido como segundo jefe de la base.
A mayor abundamiento el CDN declaró la guerra al PCE, una forma de congraciarse con Franco y ajustar viejas cuentas, dictándose su persecución, animada especialmente por W. Carrillo. El edificio del Comité Local de Murcia fue asaltado y clausurado el local del Provincial. Algunos militantes fueron detenidos y permanecieron encarcelados hasta la llegada de las tropas franquistas.
En Cartagena la medida se vio atemperada: "Nuevas órdenes de Madrid decretaron la prisión de todos los comunistas. Esteban Calderón, confirmado por Pérez Salas en su cargo de jefe del E.M.M., se opuso y entabló conversaciones con Blanco, secretario [local] del Partido Comunista, para proporcionar pasaportes a los que debían marcharse. Pérez Salas no hizo hincapié en que la última orden de Casado se cumpliera". Por seguridad decidieron pasar a la clandestinidad, disponiendo las precauciones necesarias para encarar un futuro que se preveía incierto: "Se empezó a normalizar el contacto con toda la provincia, designándose camaradas que recorrieron los puntos fundamentales, orientando a todo el Partido, haciendo desaparecer toda la documentación y adoptando medidas de organización para desarrollar el trabajo ilegal". Se designaron dos núcleos de dirección. El primero -como cabecera-, en Cartagena, el segundo en Murcia.
La labor fue asumida -como en otros lugares- por la militancia femenina, que ya venía ocupando un espacio relevante en el Comité Provincial, 11 de 24 miembros. En Cartagena destacó Isabel García, que llevó a término la misión encomendada en condiciones muy desfavorables: "Me dieron la tarea de quemar los documentos de las organizaciones y fui por todos los pueblos. Después lo hice en la Casa del Pueblo con un camarada. Nos perseguían, pero nosotros seguíamos en nuestro puesto. Me encargué de la camarada María Carrasco que la perseguían y yo le dije que no se preocupara que ella estaría conmigo. Fuimos a dormir a casa de una camarada. La confianza y todo resultó bien". Para Togliatti, era "... uno de los mejores cuadros femeninos del Partido".
El mantenimiento de Virgilio Llanos -socialista afecto al PCE- como comisario de la base y la presencia de algunas compañías de la 10ª División les permitió publicar unos cuantos números de Unidad, el órgano provincial, que tenía una edición especial para Cartagena y su comarca: "... era el único lugar de España donde podíamos sacar un periódico del Partido". Lo refiere Bartolomé García, del Comité Local, que recuerda las acciones emprendidas para conseguirlo y la trascendencia de aquellas tiradas: "Con la ayuda enérgica del camarada Virgilio Llanos pude recuperar el papel que se había incautado Bruno Alonso -comisario prietista de la escuadra- de la revista La Marina, que editaba nuestro Partido. Con ello garantizamos la salida del periódico y la impresión de los comunicados del Buró Político de nuestro C.C.". Su línea editorial fue de abierta oposición al CND, lo que supuso su clausura a los pocos días: "La última vez que salió Unidad y se hizo el último comunicado del Buró Político, descubriendo ante el pueblo español la traición criminal de la Junta Casado-Besteiro, fue el 24 de marzo de 1939. Wenceslao Carrillo que tuvo ocasión, a su paso por la base naval, de ver un ejemplar de nuestro diario, a su regreso a Madrid se preocupó de que inmediatamente fuera prohibido y suspendido".
Buscaron otros canales de comunicación, recurriendo a las prácticas propias de la clandestinidad, en las que las mujeres jugaron de nuevo un papel esencial, dando pruebas de entereza y entrega sin límites. Fue así como pudo difundirse el último documento firmado por el Comité Central, titulado El Consejo de Defensa no trabaja por la paz, sino por la entrega a Franco del pueblo español, del que se imprimieron cien mil ejemplares en Murcia y Cartagena.
Se dejó sentir el trastorno provocado por la huida precipitada de los responsables de primera hora. Insiste en ello Jesús Hernández, presente en Cartagena el día 18: "La salida a destiempo del grupo de Lucio [de Santiago] había quemado muchas posibilidades. Esto me alarmó en extremo. No sólo porque no podía salir, sino porque el P. estaba confiado en que Cartagena era una garantía para la salida de los cuadros fundamentales del Partido".
Sólo se pudieron organizar dos expediciones. En la madrugada del 24 Artemio Precioso, con unos 30 hombres escogidos de la 206, asaltó la escuela de pilotos de Totana. De allí despegaron rumbo a Argelia -en tres aviones tipo Dragón- Togliatti, Checa, Diéguez, Palau, Llanos, Hernández, Cabo Giorla y José María Uribes, con sus mujeres e hijos. También Precioso y el comisario de la brigada, Victoriano Sánchez. Como represalia, fueron destituidos el jefe de la 2ª Región Aérea y el de E.M. de la misma, que tenían el carné del Partido, "... y se procedió a quitarle las hélices a todos los aparatos de la Región".
El 28, con ayuda de una compañía de la 10ª División, lo hicieron los restantes, apoderándose del aeródromo militar de Lomonte, muy cerca de Cartagena. Se trataba de la base de los Natachas, los bombarderos soviéticos, que, ignorando los motivos, no fueron desmontados. Con aquellos aparatos - en total 11- volaron a Orán dirigentes de la JSU: Zapirain, Fernando Claudín, Ignacio Gallego, Josefina Velasco, Ortega, Pertegaz, Segis Álvarez, Frutos y Muñoz.
Algunos más -como Joaquín Rodríguez- se dirigieron al puerto de Alicante, embarcando en el Lezardieux y el Stanbrook. Ello fue posible por la invitación cursada al PCE desde la Agrupación de Ejércitos para formar parte de la recién constituida Junta de Evacuación Nacional, aunque con el voto en contra del movimiento libertario. De esta forma, otros 51 comunistas lograron abandonar España. Los últimos en conseguirlo lo hicieron, como se ha visto, desde Cartagena a bordo del Campilo.
Dirigentes locales y afiliados de a pie tuvieron menos facilidades. Lo evoca Francisco Ciutat: "Había salido de Novelda para Cartagena, donde se encontró con un espectáculo dramático. Miles de gentes de todos los partidos y organizaciones se disputaban todos los medios de navegación para salir huyendo hacia las costas africanas del Marruecos francés". Lo confirma Víctor de Frutos: " Desde el día 20 de marzo afluían por millares a Cartagena, dónde sabían que se encontraba nuestra División, los hombres más comprometidos por su actuación política y militar". Los que se encargaron de seleccionar a los que debían marchar llevaron sobre su conciencia el peso de los descartados, sabiendo cuál iba a ser su destino.
El balance de la expatriación fue sumamente deficiente. En un ejercicio de autocrítica, el Comité Provincial asumió la responsabilidad, haciendo referencia a la desorganización existente. No pudieron - o no supieron- aprovechar las posibilidades que les ofrecía la costa. Fue así como se quedó en tierra la mayoría del Comité Provincial. Tampoco pudieron partir los jefes, comisarios y oficiales de tanques de Archena ni los del Ejército de Extremadura pertenecientes a este arma, que se habían concentrado en aquella base esperanzados en la ayuda prometida desde Murcia. La evidencia es que su trabajo se desarrolló en circunstancias de extrema dificultad. Los verdaderos culpables fueron otros: la junta de Casado y sus representantes en Cartagena, actuasen o no engañados.
El carácter estratégico de la base naval impulsó la intervención de la quinta columna. Proyectada a principios de 1937 -bajo la denominación de Socorro Blanco y Lucha contra el Marxismo- se fue extendiendo de forma celular, a través de conexiones civiles y militares. De carácter muy fluido - como no podía ser de otro modo- comenzó asumiendo tareas de ayuda a las familias de los represaliados, para acabar contemplando labores de espionaje, sabotaje y sublevación. La acción del 4 de marzo fue su última tentativa, tras los fracasos de junio de 1938 y febrero de 1939.
A pesar del aplastamiento sufrido, podrán presumir de haber precipitado el hundimiento de la República, ayudados por el carácter transaccional del CND. Lo argumentará el teniente coronel de artillería Lorenzo Pallarés Cachá, uno de los complicados en aquel flanco, señalando el impacto de las noticias amplificadas de la revuelta que llegaron hasta Negrín y la desmoralización suscitada con la marcha de la escuadra. Encontraron la mano tendida de Pérez Salas, que no dudó en excarcelar a los más comprometidos, justificando aquel movimiento. Frente a la advertencia que le hizo el jefe del Estado Mayor Mixto, teniente coronel Calderón, de que se habían sublevado al grito de Arriba España, Viva Franco, respondió: "... que él, si hubiera estado en Cartagena, hubiera hecho lo propio y que por lo tanto no iba a tener encerrados a los que hicieron lo que hubiera hecho él". Tal fue la trascendencia de aquella acción que su hermano Jesús tuvo que desmentir los comentarios que circulaban por las oficinas del SERE en París, "... de que se había ido a última hora con los falangistas". Semejante actuación sólo puede encontrar explicación en su acendrado anticomunismo.
A partir del 12 de marzo se asistió a la excarcelación masiva de aquellos desleales. Así aparece en las memorias del gobernador civil de Murcia: "Me confirman de Cartagena que Pérez Salas ha tomado posesión de la Jefatura de la base y que, durante mi ausencia, ha hecho poner en libertad a todos los presos políticos sublevados, civiles como militares". Togliatti refrenda la información: "... liberó a los rebeldes encarcelados".
Los últimos en quedar libres lo fueron el 27, al quedar disuelto el SIM, de cuya jurisdicción dependían. Apenas se guardaron los trámites legales, como suscribe uno de los beneficiados, el capitán de artillería Arturo Espa. El procedimiento deja al descubierto la penetración de la quinta columna en el organigrama de la base, hasta el punto de controlar el aparato jurídico, responsable directo de aquellas salidas.
En la disposición pudo influir la personalidad de Pérez Salas, contrario a toda violencia y su ya anotado anticomunismo. En todo caso, seguía las órdenes del CND, en cuyo proceder primaba el deseo de granjearse el favor de los adversarios. Esa era la percepción de quienes lo combatían: "... como otra muestra más de agradar a Franco con testimonios tangibles, decretó la libertad de todos los fascistas, enemigos del régimen republicano, que estaban encarcelados, y para hacer más destacada esta acción, mantuvo en las cárceles, sin embargo, a los comunistas". Los quintacolumnistas eran de la misma opinión: "... quieren hacer méritos; ordenan que se nos respete la vida y nos ponen a todos en libertad. Se encuentran en esos días en lucha con los comunistas y saben que en resumidas cuentas han de entregarse a los nacionales. ¿Para qué, pues, ensañarse con nosotros?".
Joaquín Rodríguez no tuvo dudas en calificar aquel comportamiento: "La estancia de este allí [de Pérez Salas en la base de Cartagena] fue la de un verdadero fascista, ya que puso en libertad a todos los que estaban detenidos de resultas de este movimiento [del 4 de marzo], como así mismo [de] los anteriores, no haciéndolo [encarcelarlos] con nosotros, por la amenaza constante que yo le presentaba con la 10ª Don."
La salida de prisión de aquellos oficiales se convirtió en una espada de Damocles: "Como [Ricardo] Burillo -coronel de asalto, nuevo director general de Seguridad de Levante al servicio del CND- está ordenando desde Valencia que se ponga en libertad a los fascistas significados, el ambiente de la retaguardia se enrarece más a cada momento". La preocupación afloró en la visita que W. Carrillo realizó a la base naval el 14 de marzo, cuando se le espetó el peligro que representaban aquellas medidas.
La quinta columna apuró la permisividad para organizarse. Muchos de los militares que han secundado la sublevación del 4 de marzo han conseguido ocultarse y ahora reaparecen, preparando en la sombra la recogida del poder. Uno de ellos es el alférez de navío Enrique Manera Regueyra, camuflado como secretario de Luis Junquera, director de la Escuela Naval Popular: "Aproveché esa situación para dar toda clase de salvoconductos y justificantes para los que me enteré estaban escondidos...".
Sus acciones se vieron favorecidas por el arribismo, que se extendía por doquier en un entorno de entreguismo. Para el gobernador civil, los que podían trataban de unirse al carro del vencedor. Unos, evitando el arresto de los enemigos de la República: "Los fascistas, liberados, hablan alto por las calles, con la complicidad de funcionarios y policías que procuran tardíamente hacer méritos para con Franco. Si se ordena alguna detención, la policía avisa al interesado para que pueda fugarse. Esto me obliga a una constante vigilancia". Otros, dictando la persecución de los adictos: "Por la noche [del 15 de marzo] me anuncian que algunos jueces, procurando hacer méritos para con Franco, han lanzado órdenes de detención, que se están cumplimentando, contra antifascistas. Ordeno que se me traigan previamente dichas órdenes, con lo que evito algunos encarcelamientos".
De alguna manera se estaba reconstruyendo la alianza entre casadistas y quintacolumnistas que se había formulado contra Negrín y que había desembocado en la revuelta del 4 de marzo. Seguían coincidiendo en el deseo de poner fin a la guerra, ahora en la seguridad de ofrecer la victoria Franco. Se explica así que los recién liberados fueran reincorporados a sus antiguos empleos. Más todavía, la excarcelación conllevaba la afección al CND: "En la cárcel nos dieron un papel para firmar la adhesión a la Junta de Defensa, yo lo firmé a reserva de conocer su programa, pues sería ridículo que nos propusieran seguir resistiendo después de lo hecho".
Pérez Salas hizo suyo el concepto -arraigado entre los faccionarios de Casado- de que la rendición era una cuestión militar, apoyándose justamente en aquellos abanderados de la sedición. Lo señala uno de ellos, el coronel Marcos Navarro, requerido para mantener el orden y colaborar en la "... entrega de la plaza a las fuerzas nacionales como corresponde hacerlo a los militares profesionales...".
El jefe de la base abrigaba la idea de poder utilizarlos en caso de que el CND apostase por la resistencia. Así le fue planteado a Arturo Espa, instado para reorganizar el Regimiento de Artillería de Costa. Una cooperación necesaria ante la inminencia del desplome republicano y la ruptura de toda disciplina: "... es de notar que la tropa había emprendido, hacía días, una deserción colectiva, al no querer estar mandada por los oficiales que reunieron tras el movimiento...". La medida le servía también de prevención ante la amenaza que representaba la presencia comunista, cuyas fuerzas seguían armadas.
Los quintacolumnistas se consideraron en condiciones de marcar los límites de la colaboración, exigiendo la expulsión de los elementos izquierdistas de las unidades que mandaban y anticipando su negativa a disparar desde las baterías de costa a la escuadra nacional en caso de apostar por hacer frente al enemigo. Admitieron la oferta que se les brindaba al hilo de las gestiones que se estaban llevando a cabo con Burgos.
El 28 de marzo, el general en jefe del Ejército de Levante -Leopoldo Menéndez-, dio la orden de rendición a las tropas bajo su mando. Pérez Salas notificó a sus subordinados que la guerra estaba perdida, aconsejándoles que permanecieran en sus puestos para evitar desórdenes. Sólo le quedaba preparar el traspaso de poderes.
Los quintacolumnistas decidieron actuar por su cuenta, cuando los riesgos eran inexistentes. El acuerdo será tomado por los cabecillas militares de la organización, presentes en Artillería -Marcos Navarro y Arturo Espa-, Infantería -Manuel Hidalgo y Vicente Trigo- y Marina: Enrique Manera, Federico Vidal y Fernando Oliva. El Parque de Artillería se convirtió en su cuartel general. En el procedimiento judicial a que fueron sometidos al término de la guerra amplificaron su actuación para tratar de engancharse al carro del vencedor y justificar su pasiva permanencia en la zona.
Apelaron a las únicas tropas enteramente fiables, capacitadas a su juicio para hacer bascular el precario equilibrio de aquellos días. Se trataba de los náufragos del Castillo de Olite, el buque nacionalista hundido el día 5 de marzo por una de la baterías de costa -La Parajola- que había caído en manos comunistas. Se encontraban confinados en la iglesia de la localidad cercana de Fuente Álamo, a las órdenes del capitán Fernando López Canti, el oficial de mayor graduación, que no tardó en ser puesto al corriente de lo que pasaba en Cartagena. Arturo Espa, que asumió un papel directo en aquella operación, les facilitó equipos completos de vestuario y demás pertrechos, provenientes del Regimiento de Artillería. El objetivo era la Jefatura de la base, establecida en la Capitanía, donde residía Pérez Salas.
Eran dueños de los resortes del mando. Lo documenta el alférez de navío Enrique Manera: "También influí para que bajaran del Castillo de Galeras [a] los cuatro oficiales del Cuerpo General que allí se encontraban presos; desde ese momento se puede decir que la plaza cayó en nuestras manos; no se hacían más salvoconductos que los que yo firmaba, que solo eran de personas de mi absoluta confianza...".
Las acciones emprendidas se respaldaron en el entreguismo de los casadistas: "A las 5 de la tarde se recibe orden del jefe del Grupo de Ejércitos -general Matallana- de no disparar sobre la aviación pase lo que pase". Tras aquella notificación, el orden militar de los defensores de la República se desintegró, asistiéndose a una deserción en masa. Lo relata uno de sus actores, el alférez de navío Federico Vidal: "A las 9 de la noche dicto un oficio pidiendo al jefe del regimiento naval un pelotón para impedir desde los malecones la fuga de embarcaciones. Quince minutos después, antes de poder ser cumplimentada la orden, se escapa una lancha antisubmarina y empiezan a llegar confusas noticias de que los soldados están dejando el armamento en los fuertes y brigadas y saliendo por las diferentes carreteras".
A partir de ese punto de inflexión Vidal actuará con entera autonomía, con la aquiescencia del principal mandatario del CND: "Desde este momento empiezo a dar órdenes sin tener en cuenta más que mi criterio [...] si algo firma el coronel Pérez Salas es porque todos coincidimos en algunas cosas". Notarios de la debacle total, pueden inventariar los restos del naufragio: "A las 11 menos cuarto se escapa otro buque de vigilancia y poco después llega una orden telegráfica de la Agrupación de Ejércitos de no disparar al acercarse fuerzas nacionales e izar bandera blanca y a partir de este momento dicto diferentes órdenes para que se recoja el material que van abandonando de los fuertes y de las brigadas acantonadas en los alrededores de Cartagena, como el Parque de Artillería y cuartel de Antigones que quedan solos".
La capital de la provincia ya había caído en manos de la Falange, apoyada por fuerzas de asalto y carabineros. Los despachos del resto de España proclamaban el final de toda resistencia. El 28 se recibían informes de la entrada de los franquistas en Pozoblanco, Baza y Madrid. Hasta el último camuflado presentía la victoria: "Con los últimos días de marzo todo se precipitaba. Las noticias circulaban como rumores gratos que hacían vibrar a todos de emoción. ¡Ha caído Madrid! -decían-, ¡Están muy cerca! -repetían otros-. Y casi no importaba el luto y se olvidaban las penas, por pensar, tan solo, en que era España que volvía de nuevo, la liberación por todos esperada...".
No se entiende -sin calificarla de cobardía- la extrema prudencia con que miden sus pasos. Lo primero que hicieron en la mañana del 29 fue recoger los cierres de los cañones de la artillería de costa. Tenían presente el trágico desenlace del levantamiento del 4 de marzo, saldado con el hundimiento del Castillo de Olite por una batería del frente marítimo. A continuación -siguiendo el relato de Vidal- entraron en escena los supervivientes de aquel navío: "Regreso inmediatamente [de Murcia], paro en casa de D. Fernando Oliva para ponerle al corriente y de un depósito de armas próximo llevamos a su casa ametralladoras y fusiles con los que se arma un numeroso grupo, hablo con Capitanía y salgo para Fuente Álamo a fin de que los náufragos del Olite estén preparados. No está allí su jefe, comandante López Canti, pero llega poco después. Están armados y allí quedan, pues yo regreso a Cartagena". Lo suscribe Fernando Oliva, reclamando su parte de protagonismo: "... en unión de algunos familiares de éste, procedió a trasladar gran cantidad de ametralladoras y bombas de mano, para armar a los prisioneros, náufragos del Castillo Olite, que estaban en Fuente Álamo". Para su traslado se enviaron quince camiones del Parque de Artillería.
7.- LA ENTREGA DE LA BASE
Pérez Salas está instalado en el edificio de la Capitanía General con una de sus ahijadas, Piedras Santas. Ocupa el despacho que le corresponde como jefe de la base. Goza de una visión privilegiada, el horizonte marítimo -enmarcado por el puerto- se le ofrece a 300 metros. Su única defensa son 15 oficiales, armados con fusiles ametralladores, que hacen guardia a su puerta. En ningún momento se dejará amedrantar por los que desean hacer méritos o lavar su imagen.
En la mañana del 29 de marzo se negó a entregar el mando a Fernando López Canti, el único representante autorizado de las fuerzas nacionalistas. La escena referida por Manuel Hidalgo Ros - capitán retirado de Infantería de Marina-, transmite el escaso arrojo de aquél oficial y su exiguo respaldo, cuando no el pavor que prende en los emboscados. Sobre Cartagena se repliegan las fuerzas supervivientes de la 38ª División, que había mandado Pérez Salas. En semejante tesitura, López Canti marcharía a Murcia en busca de refuerzos.
Pérez Salas preparó la transmisión de poderes de forma minuciosa. A instancias de Marcos Navarro sustituyó al jefe del Estado Mayor Mixto -Esteban Calderón- por el teniente de navío Fernando Oliva, que lo había sido hasta su detención el 6 de marzo. Todo se va a ejecutar siguiendo la línea jerárquica. Así consta en la declaración de Federico Vidal: "El Sr. Calderón ha mandado llamar a D. Fernando Oliva, que se dirige a Capitanía y al llegar a presentarme me dice Hazte cargo del Arsenal y me da una orden escrita".
Fernando Oliva, repuesto en el Estado Mayor, intentó hacerse con las riendas de la situación. Tras los oportunos nombramientos y ceses, recabó la Jefatura de la base. Su alegato traduce el ambiente de capitulación que impera en lo que es el último bastión de la República: "A su llegada a Capitanía la encontró abarrotada de gente de izquierda, que muy apurada iba en busca de su pasaporte para marchar al extranjero [...] Que Pérez Salas se negaba a firmar el pasaporte a la gente que estaba esperando y que, por otra parte, en toda Cartagena se notaban ya los ánimos levantados por Franco y en algunas baterías se veían banderas blancas".
Hasta los leales de ayer buscaron posicionarse. El coronel de infantería de marina Diego Baeza, significado por su clara implicación con la causa republicana y su colaboración con la Brigada 206 en tareas de clasificación de los detenidos, secundó las directrices de los casadistas, trasmitiéndolas a sus jefes de batallón: "Como norma principal a las instrucciones que daré oportunamente, debe garantizar el orden de esa demarcación sujetándose a las órdenes del C.N.D. y Jefatura de esta base naval; caso de presencia de enemigo izará bandera blanca sin hacer armas en ningún momento, y si preciso fuese parlamentar se sujetará a las órdenes de esta base".
Oliva enfatizó su papel en la entrega de la plaza, aunque no parece que la provisión adoptada - el envío de doce jóvenes falangistas para hacer frente a la guardia personal de Pérez Salas- pudiese arredrar a su oponente. En su deseo de sobresalir se adjudicó la puesta en marcha de la expedición de los que anhelaban salir de España, desalojándolos del edificio de Capitanía, concentrándolos en el Arsenal -donde iban siendo desarmados a la espera de los pasaportes- y alistando el buque petrolero Campilo. Tropezó con la cerrada obstinación de su antagonista, asentada en la obediencia jerárquica que como militar consideraba que debía a sus superiores: "... me dediqué a convencer a Pérez Salas de la inutilidad de sus esfuerzos en mantenerse al frente de la base naval, contestándome repetidas veces que hasta que no recibiera la orden del Comité de Defensa rojo no entregaría la base a no ser por la fuerza". Según la indagatoria que firmó al término de la guerra consiguió doblegar a su contrario, haciéndose "... cargo en nombre de España y de Franco de la Jefatura de la base naval y procediendo a nombrar personal en los distintos puestos necesarios para su funcionamiento".
En parecidos términos se dirigió a la prensa, alargando el tiempo de la negociación: "Nos ha hablado de la lucha que tuvo que sostener con el jefe rojo de la base naval, Pérez Salas. Le tuvo que presentar la cuestión de la necesidad de abandonar su cargo llevándole a un terreno casi personal, y sólo después de una lucha desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde consiguió que mandase hacer su equipaje". También dio su particular visión de la salida de los últimos republicanos: "De tal manera se apoderó el pánico de los dirigentes rojos, que ayer sólo se despacharon, sin ponerles inconveniente ninguno -prueba de la generosidad fascista [sic]-, más de quinientos pasaportes individuales y familiares para que pudiesen marchar los rojos en un petrolero que zarpaba con rumbo a Orán. Dicho petrolero ya con dotación y escolta fascistas, con objeto de volver a traer el barco a este puerto después de su descarga".
Muy otra es la versión que Pérez Salas anotó en su diario, donde contradice semejante cesión, aludiendo a la línea de mando a la que presta obediencia, es decir a los representantes del CND en Valencia, de cuya Capitanía depende la base de Cartagena. Es así como el coronel Muedra -Jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Ejércitos- le comunica que el CND abandona el territorio nacional y que el general Matallana le ordenaba que entregase el mando de la base al jefe de Marina más caracterizado. Desconfió -con todo- y pidió que se lo confirmase el propio Matallana, como así ocurrió. Se tomó entonces el plazo necesario: "Contesté que no quería hacer una entrega precipitada que pudiera interpretarse como un abandono, por mi parte, a última hora y en momento de peligro y que, hasta pasadas dos horas no podría hacerlo. El general me autorizó para demorar, por ese tiempo, la entrega". Facilitó entonces la partida -a bordo del Campilo- de los que esperaban hacerlo, atendiendo a las consignas recibidas y desmintiendo el relato de Oliva. Los pasaportes fueron firmados por él en representación del CND, como acredita el expedido a nombre del que era jefe del Orden Público de la base: "Salvoconducto a favor de Don Alberto Calderón Martínez, para que pueda trasladarse fuera de España, según la Ley de Evacuación aprobada por el Consejo de Defensa Nacional".
El mando fue traspasado sin ningún tipo de presión y con el aplomo y la arrogancia de quien controla la situación, manteniéndose fiel, hasta el último momento, a su República, a la que él considera que ha jurado obediencia: "... Salí del edificio de la Jefatura dejando izada, como estaba, la bandera de la República. Quiero hacer constar, en forma que no admita dudas, que mi entrega no fue al enemigo ni a los ridículos rebeldes de última hora, sino a quien se me había ordenado por el mando dentro de la República".
El gesto será sancionado por José Martínez Sapiña, el nuevo comandante militar de la plaza nombrado por las autoridades franquistas: "... no se rindió de grado a las fuerzas nacionales". Las respuestas al interrogatorio a que fue sometido convalidan su sentido del deber, el respeto a la disciplina militar y su preocupación por el mantenimiento del orden: "Preguntado por qué se negó a entregar la plaza de Cartagena. Dijo: Que no se negó a entregar la plaza, al recibir orden del jefe de Grupo de Ejércitos de entregar la Jefatura de la base al segundo jefe contestó que, teniendo en cuenta la situación de la plaza y la necesidad de hacerlo con orden, tardaría un par de horas en hacerlo. Efectivamente antes de las dos horas hizo entrega al jefe de Estado Mayor Mixto según la orden recibida...".
El comandante de E.M. Manuel Lombardero -otro de los quintacolumnistas- reconocerá que no hubo épica, sino derrumbamiento del enemigo, que Cartagena se pronunció sola ante el hundimiento de los frentes: "Después de esto no había sino recabar la autoridad en manos de Pérez Salas y esperar la llegada de las tropas del Caudillo [...] Pérez Salas puso algunos reparos a la entrega, pues deseaba esperar él la llegada de las tropas de España, pero al fin fue apartado".
Joaquín Pérez Salas se negó a salir de España, teniendo medios para hacerlo, un barco y un submarino, que el jefe del Arsenal había puesto a su disposición, "... creyendo, equivocadamente, que yo a última hora, también pretendería salir". Decidió quedarse en Cartagena considerando que era su deber hacerlo y sabiendo el final que le aguardaba. Según su hermano Jesús: "No desconocía que los facciosos nunca le perdonarían su actuación el 19 de julio y su contribución al sostenimiento de la guerra". Benavides coincide en la honestidad del personaje, confiado en las promesas de Casado de que era posible una paz generosa: "Él no huiría. Llamaría cobarde a Casado porque, tras sublevarse contra el Gobierno y de alimentar en los republicanos la ilusión de una paz de concordia, permitiría sin lucha que las bayonetas de Franco hicieran jirones el manifiesto del 5 de marzo en que se prometía una paz digna".
Tras su detención se izaría la bandera nacionalista. Primero en el Parque de Artillería y luego en el resto de las dependencias militares. El capitán López Canti regresó de Murcia sobre las ocho de la tarde con fuerzas de asalto y las suyas propias. Recibió entonces -de Fernando Oliva- el mando que Pérez Salas le había negado. Aún así, la prensa -de signo falangista- lo señaló como libertador de la ciudad. Él -por su parte- se asignó todo el logro, no dudando en falsear los hechos. Declaró a los periodistas que se había sublevado a las primeras horas de la mañana del 29, tomado Fuente Álamo y exigido del jefe de la base la entrega del mando. El periódico -la edición murciana de Arriba- reforzó ese argumento, el que más interesaba, diluyendo el papel rector de Pérez Salas y relegando a un segundo plano la intervención de los restantes actores, es decir de los quintacolumnistas, cuya conducta durante la guerra estaba todavía por dilucidar y, en su caso, depurar.
López Canti alentó sin tasa la parafernalia propia del momento. Al anochecer saludó a los cartageneros con la siguiente alocución radiofónica: "Al hacerme cargo de la Jefatura de esta base naval, me dirijo a vosotros, pueblo de Cartagena, y os digo con profunda emoción: cartageneros respirad tranquilos que Cartagena es de España y de Franco. Gritad conmigo ¡Viva Franco! ¡Arriba España! [...] Todos juntos con las fuerzas del Caudillo que llegarán por tierra y por mar: repetir: ¡Franco, Franco, Franco! ¡Arriba España! ¡Viva España!".
La ciudad fue ocupada sin ninguna oposición, con alarde teatral, con un desfile encabezado por los militares de la quinta columna, seguidos de los 700 supervivientes del Castillo de Olite: "Cartagena era ya, definitivamente, una ciudad más de la España liberada". Un mérito que tratarán de ostentar los primeros para ganarse el favor de los vencedores. Lo hará, entre otros, el capitán de la armada retirado Rafael Crespo y Rodríguez: "Que se ha incorporado a la España Nacional al alzarse por segunda vez los elementos afectos al Glorioso Alzamiento Nacional de Cartagena, entre los cuales se encontraba, el 29 de marzo de 1939, fecha anterior a la entrada de las tropas de nuestro Glorioso Alzamiento Nacional". Una intervención nada desdeñable. A su juicio, tal levantamiento había contribuido al "derrumbamiento de la zona roja". Esa anticipación -cuando el desplome de la República era una realidad manifiesta- será una de las menciones más reiteradas por aquellos arribistas: "... más cuando estas llegaron [las tropas franquistas] ya Cartagena era nacional; nunca hubiésemos podido consentir otra cosa los que dentro de la zona habíamos ya dado vivas al Caudillo y puesto nuestras vidas al servicio de la Causa...".
La situación de interinidad se prolongó hasta la llegada de las fuerzas de ocupación. El 30 de marzo -desde Bargas (Toledo)- el Cuerpo de Ejército de Navarra daba cuenta del hundimiento final: "Adheridas al Movimiento Nacional todas las poblaciones que quedaban por liberar en la Zona Roja, es urgente ocupar el terreno por nuestras tropas". En la orden del día se daban las pautas para la limpieza del terreno, señalando la dirección general de avance: Madridejos - Manzanares - Infantes -Alcaraz - San Pedro - Pozohondo - Hellín - Murcia - Cartagena.
La misión de aquella unidad quedó bien perfilada: "Avanzar rápidamente en dirección Murcia - Cartagena, estableciéndose como base esta capital, y haciendo un rápido desarme en toda la provincia, incluso en la parte enclavada fuera de la zona de acción del C.E. [Cuerpo de Ejército] [...] Puntos a ocupar rápidamente, con la mayor fracción de fuerza compatible con los medios de transporte: Murcia- Cartagena". Se contemplaban las medidas que prefiguraban la represión: "Todas las Divisiones desarmarán y apresarán las fuerzas enemigas que encuentren o se entreguen, descosiéndoles la manga izquierda de la prenda del uniforme, que deberá conservarse para poder rehacer éstas". Preveían el establecimiento de campos de concentración en Ciudad Real (Manzanares), Albacete (Hellín) y Murcia (Cieza).
El 31 tuvo lugar la ocupación efectiva de la base, con la entrada de aquellas tropas al mando del jefe de Operaciones, general Solchaga, a quien acompañaban los también generales Saliquet, jefe del Ejército del Centro, y Alonso Vega, de la Cuarta División Navarra. Por mar lo hicieron el vicealmirante Francisco Moreno, nuevo jefe del Departamento Marítimo, y Ramón Agacino, designado para hacerse cargo del Arsenal. Unidades de guerra y mercantes artillados entraron en el puerto, que ahora se les ofrecía franco: Canarias, Mar Cantábrico, Mar Negro, A. Lázaro, V. Puchol, J.J. Síster, Ciudad de Palma, Marqués de Comillas, Ciaño, Castillo de Gibralfaro, Vulcano, Júpiter y los submarinos General Mola y General Sanjurjo. Era el último reducto de la España republicana.
El 1º de abril una orden general establecía las directrices a seguir: recoger el armamento abandonado, identificar milicianos y militares por sus grados, enviarlos a campos de concentración, intervenir los depósitos de material, víveres y vestuario y establecer comisiones gestoras en los ayuntamientos de la provincia.
No hubo perdón para nadie. Joaquín Pérez Salas fue fusilado el 4 de agosto de 1939. La mayoría de los quintacolumnistas perdieron sus carreras militares y sufrieron diversas condenas de prisión al quedar incursos en delitos de auxilio a la rebelión. Fueron los casos, por citar los más emblemáticos, de Marcos Navarro, Arturo Espa, Vicente Trigo, Fernando Oliva y Federico Vidal.
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