En el pasado mes de agosto varios países de la Unión Europea (UE) acordaron la compra a la farmacéutica AstraZeneca (AZ) de 300 millones de dosis de una posible o futura vacuna para prevenir la Covid-19. Era una apuesta muy arriesgada pues no había vacuna sino sólo la promesa de investigarla junto con la Universidad de Oxford. Hoy esa vacuna ya es un fracaso.
¿Por qué escribo que es un FRACASO? Pues porque han tenido que suspender el ensayo clínico que la investigaba por los graves efectos secundarios sufridos por una de las personas que ejercían de «cobayas» para AZ (sí, en manos de ciertas empresas «investigadoras» las personas son cobayas).
La razón por la que AstraZeneca ha anunciado que interrumpe los ensayos con su «prometedora» vacuna contra el actual coronavirus es la aparición de mielitis transversa en uno de los participantes del estudio.
Esta enfermedad es un trastorno poco común del sistema nervioso, que se origina por la inflamación de la médula espinal. Como resultado, se daña el revestimiento (vaina de mielina) alrededor de las células nerviosas, lo que interrumpe las señales entre los nervios espinales y el resto del cuerpo. Esto puede ocasionar dolor, debilidad muscular, parálisis y problemas con la vejiga o el intestino.
Aunque en muchos casos el origen es desconocido, sí que hay ciertas circunstancias que pueden desencadenarla, como una infección viral. ¿Podría ser entonces que el coronavirus de la propia vacuna cause todos esos daños que pueden ser peor que la enfermedad? Pues parece ser que sí. Y recordemos que una vacuna para prevenir la Covid se le pondría ¡a personas sanas! (como ocurre con todas las vacunas, claro).
Esta vacuna es la que Sanidad, si todo iba bien, quería ofertar en España, era la vacuna más adelantada en los ensayos clínicos. El problema no sólo es el producto en sí, es también AZ, la empresa que la fabrica, cuya reputación debería cuestionarse. Si en una empresa poco de fiar reconocen una reacción adversa grave en una prueba es porque ha habido más… eso seguro.
Juan Santos Sierra con su mujer e hijo en Almendralejo (Badajoz) de dónde era.
Y hacemos estas afirmaciones rotundas porque en el Bufete Almodóvar & Jara llevamos un caso de una muerte que se produjo durante un ensayo clínico de esta empresa en el hospital de Mérida, la de Juan Santos.
Conocemos muy bien el funcionamiento interno de AZ cuando intenta «hacer ciencia».
Astrazeneca es la misma empresa que no quiere indemnizar cuando se producen muertes durante sus ensayos (esperemos que esto no ocurra en el caso de su vacuna).
Que oculta información a un juzgado civil. Y que hace que la familia del fallecido tenga que litigar durante años por sus derechos en relación a una indemnización por parte del seguro del ensayo clínico, tal y como marca la ley.
La información de los ensayos clínicos, se ha demostrado durante el proceso que llevamos desde nuestro bufete, es controlada al 100% por AstraZeneca. Al paciente, enfermo de lupus, ¡no le hicieron autopsia! tras su muerte, quizá para que nunca se relacionase el fallecimiento con el fármaco en experimentación. La empresa dice que esta persona murió por otra causa distinta que el medicamento sifalimumab que se probaba con él.
Pero hay informes técnicos del Comité de ética de investigación de Badajoz que demuestran que el ensayo tenía deficiencias (esperemos que estas no estén ocurriendo en el caso de la vacuna y que en vez de un sólo caso de daños existan otros muchos y no nos los estén contando). Contamos esto porque el enfermo al que defendemos en los tribunales de Justicia fallece con la misma sintomatología que otros cinco enfermos que también fallecieron durante el ensayo.
A esta empresa es a la que la UE le ha dado dinero para desarrollar la vacuna «más avanzada de la Covid».
Podemos suponer que la transparencia en la financiación por los estados de esa vacuna es nula (ver sanciones a AZ en USA). Cabe preguntarse si la farmacéutica actuará igual con esa persona que sufre graves daños en el sistema nervioso por servir de cobaya que con su «cobaya» extremeña.
En este caso, la defensa legal de AZ ha contratado a expertos para decir que el paciente no falleció por el fármaco en investigación. Hoy ya intenta desligar los efectos secundarios de esa persona de la vacuna para no estropear la reputación de dicho fármaco.
Desde la compañía niegan y convencen al juez de que no es necesario que testifiquen miembros del comité ético de Extremadura y catedráticos de Universidad, quienes mantienen que el paciente debiera ser reconocido en sus derechos.
Estas empresas son las que aspiran a sacar la vacuna contra la Covid y a donde van los fondos europeos para financiar dicho producto. Las acciones de AZ cayeron hasta un 8,3% después de que se hiciera pública la decisión de parar el ensayo de la vacuna. Los títulos de sus principales competidoras, la estadounidense Moderna y la alemana BioNTech, subieron levemente.
Las otras grandes empresas del sector que están en la carrera de la vacuna contra el Covid-19 (Pfizer, Johnson & Johnson, Novavax, Merck y Sanofi) se mantuvieron estables.
¿Conociendo todo esto, sería legítimo obligar a la población a vacunarse con estos productos?
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La información de los ensayos clínicos, se ha demostrado durante el proceso que llevamos desde nuestro bufete, es controlada al 100% por AstraZeneca. Al paciente, enfermo de lupus, ¡no le hicieron autopsia! tras su muerte, quizá para que nunca se relacionase el fallecimiento con el fármaco en experimentación. La empresa dice que esta persona murió por otra causa distinta que el medicamento sifalimumab que se probaba con él.
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A esta empresa es a la que la UE le ha dado dinero para desarrollar la vacuna «más avanzada de la Covid».
Podemos suponer que la transparencia en la financiación por los estados de esa vacuna es nula (ver sanciones a AZ en USA). Cabe preguntarse si la farmacéutica actuará igual con esa persona que sufre graves daños en el sistema nervioso por servir de cobaya que con su «cobaya» extremeña.
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