El gobierno agonizante de Zapatero, humillado en las urnas por el pueblo español, no rectifica su errático y antidemocrático rumbo y quiere cerrar su ciclo con abusos y traiciones a la ética democrática, que establece que los gobiernos en funciones sólo aprueben asuntos ineludibles, siempre de acuerdo con el partido que ha ganado las elecciones. Seguir gobernando en beneficio de los intereses propios, cuando se han perdido masivamente las elecciones, denota una suciedad política insoportable.
El indulto al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander, aprobado en el consejo de ministros de ayer, miércoles, desconocido por el Partido Popular, que había pedido la lista de indultos previstos sin que fuera informado, es otra "fechoría" socialista, esta vez perpetrada en contra de todos los códigos éticos que regulan en democracia el comportamiento de los gobiernos derrotados y en funciones.
El gobierno de Zapatero se está despidiendo del poder con tropelías y desmanes propios de quien ni siquiera entiende lo que es democracia y decencia. Está asegurando el futuro de muchos de sus dirigentes y ha colocado a muchos de los suyos al frente de organismos reguladores que, en democracia, deben ser independientes y neutrales, además de otorgar una lluvia de subvenciones a las fundaciones, asociaciones y empresas amigas del partido, justo cuando España se arrastra ante el mundo envuelta en la pobreza y obligada austeridad, por culpa del despilfarro socialista.
La despedida del PSOE está siendo sucia y demuestra que ese partido ha perdido todo concepto democrático y todo sentido de la decencia política. En el último año ha entregado más de mil millones de euros a los sindicatos, seguramente para ganarse su voluntad y utilizarlos como ariete contra el futuro gobierno del PP.
Esos derroches y despilfarros en tiempos de aguda crisis, cuando los ciudadanos tiemblan ante la situación económica, reflejan una inmoralidad tan acusada y aguda que permite pensar que el PSOE no pueda ya regenerarse, pues es un partido que, como decía Tomás Jefferson, ha cruzado la linea roja al anteponer sus intereses a los del pueblo, quedando inutilizado para un sistema como la democracia, integrado por hombres y mujeres decentes, libres y responsables.
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