El Gobierno avisa del riesgo de recesión en Catalunya y ofrece a Puigdemont diálogo en el Congreso

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha alertado este viernes de que se están creando "todas las condiciones para sumir a Catalunya en una aguda desaceleración, incluso en una recesión económica".
(EUROPA PRESS) - Por eso, ha dicho que es tiempo de recuperar la normalidad institucional poniendo fin a la "inestabilidad" y ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abrir un diálogo en el Congreso de los Diputados.
Sáenz de Santamaría ha desvelado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado al Consejo de Ministros un informe, de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario para 2018, que señala que "debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo", pero que ahora el Gobierno ve de modo "más prudente" por la situación de Catalunya.
"Si no hubiera una pronta solución a este asunto nos deberíamos ver obligados a una bajada de las expectativas de crecimiento económico para 2018", ha advertido la vicepresidenta, que ha esgrimido las advertencias de las agencias de calificación, que ya alertan de que si sigue la inestabilidad política y las empresas se siguen marchando, puede provocar una recesión en Catalunya.
Una comisión de estudio sobre el modelo territorial En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el requerimiento que se ha enviado a Puigdemont incluye una "pregunta sencilla" para que aclare con un 'sí' o un 'no' si ha declarado la independencia de Catalunya.
A su entender, si tiene "voluntad política" tiene la vía para "regresar al marco constitucional de convivencia y al sistema democrático de derecho".
Dicho esto, ha subrayado que se ofrece a Puigdemont diálogo "en el marco de la ley" y en el Parlamento nacional, que es donde se toman "las grandes decisiones del país" y está representado "todo el pueblo español".
Según ha añadido, se trata de una "oferta sensata, moderada y entendible" que no procede solo del Gobierno sino de "una amplísima mayoría del Congreso" que, además, demuestra que "el diálogo no hay que exigirlo sino practicarlo".
Sáenz de Santamaría, ha recordado que en el Congreso ya hay en marcha una comisión de estudio para modernizar el Estado Autonómico y allí puede acudir a hacer sus "reflexiones, planteamientos y propuestas: "En nuestro marco constitucional nada es inmutable, todo se puede hablar pero desde el respeto a las reglas del juego democrático y los derechos de los ciudadanos", ha apostillado.
No adelantar medidas futuras Sáenz de Santamaría no ha querido entrar a detallar cuáles serán las medidas si Puigdemont dice que declaró la independencia o se limita a remitir al Gobierno su intervención ante en el Parlament.
Según ha reiterado, en un tema tan importante "no caben interpretaciones" y hay que resolver la "ambigüedad" que se vivió el martes en el Parlament. En su opinión, "construir" es contestar con claridad.
"Vamos paso a paso y estamos en el momento primero de ese requerimiento. Está en su mano evitar actuaciones posteriores y tiene un margen amplio para evitar actuaciones posteriores. Es un fin de semana de reflexión, con puente de por medio, y creo que tiene la capacidad para restaurar la convivencia entre los catalanes", ha manifestado.
En este sentido, ha reiterado que no iba a anticipar medidas que caben dentro del artículo 155 de la Constitución porque no tienen por qué adaptarse si Puigdemont "coge ese guante" y vuelve al orden constitucional y estatutario, aceptando el diálogo en el marco de la comisión sobre el modelo territorial que ha promovido el PSOE en la Cámara Baja.
Una "oportunidad" a Puigdemont Al ser preguntada si el Gobierno confía en que no tengan éxito las presiones de ERC y la CUP, que quieren que Puigdemont responda asegurando que se proclamó la república catalana, ha subrayado que es una decisión que tiene que tomar el presidente de la Generalitat, que tiene "una oportunidad" y debe pensar en el "futuro de Catalunya en términos de bienestar económico y social".
"Creo que el Gobierno está dando una oportunidad a Puigdemont y al Gobierno de la Generalitat para que vuelva al marco constitucional", ha apostillado, para recalcar que los representantes del pueblo español están sentados en el Congreso de los Diputados y ellos son los "mediadores". "Es ahí donde puede comparecer, opinar y proponer lo que tenga por conveniente", ha señalado.
En cuanto a si es la última oportunidad que se da al presidente de la Generalitat, la vicepresidenta ha contestado que es "la oportunidad más importante que tiene y la tiene inmediatamente", dado que se está "perjudicando seriamente" la economía de Catalunya y debe pensar que no debe "empobrecer" a los catalanes. "Y la manera que tiene es aceptar esta oferta sensata y moderada de la mayoría de los responsables del pueblo español", ha abundado.
Los 70.000 millones del FLA Preguntada después si asume algún error en su estrategia ya que Rajoy la puso al frente de la llamada 'operación diálogo' con Catalunya, la vicepresidenta ha recalcado que a lo largo de estos meses se ha intentado dialogar pero la Generalitat solo planteaba 'referéndum sí o sí', algo que "no puede autorizar ningún gobierno. "Probablemente haya cometido muchos errores pero no he cometido el error mayúsculo, que es negociar por cuenta del Gobierno con la soberanía del pueblo español", ha enfatizado.
En cualquier caso, Sáenz de Santamaría ha indicado que se han "esforzado" para que la hoja de ruta independentista no causara daño a los catalanes. Así, ha dicho que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) también es "un diálogo con los catalanes" y ha ascendido a unos 70.000 millones de euros y ha habido un ahorro de 13.000 millones de euros en intereses.
"El diálogo se demuestra practicándolo y no me parece una mala cantidad para demostrar el diálogo con la sociedad de Catalunya", ha apuntado.
Finalmente, Sáenz de Santamaría ha saludado la posición del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Junker, señalando en muchas ocasiones que es un asunto de España y de su Estado de Derecho, dado que abrir este tipo de temas "puede llevar a la inestabilidad en otras regiones".