El Gobierno de España presenta un recurso contencioso administrativo contra la subasta de fármacos andaluza

La gerencia del Servicio Andaluz de Salud ha recibido hoy un recurso contencioso administrativo a la subasta de fármacos presentado por el Gobierno central. Este recurso, presentado por el Gobierno del PP a la resolución de la gerencia del SAS por el que se ejecuta la subasta de fármacos, supone una prueba más de la actitud obstaculizadora del Gobierno a una medida puesta en marcha en beneficio de toda la ciudadanía andaluza y del SSPA; una disposición llamada a contener el gasto en medicamentos y apurar así los márgenes de eficiencia y que no deja de recibir trabas.
Esta vía judicial se suma a los dos procedimientos abiertos en el Tribunal Constitucional, tanto por el Decreto Ley de las Medidas Urgentes como a la resolución de la Gerencia del SSPA para la subasta de medicamentos. El ataque del Gobierno del PP a la subasta de fármacos, además de trascender los límites meramente judiciales con la presión ejercida sobre los laboratorios –antes de las elecciones andaluzas y de la firma del acuerdo y la pasada semana sobre los laboratorios que finalmente acudieron a la firma-, copa ya todas las vías legales posibles. No se ha limitado al conflicto de competencias entre comunidades autónomas y el Gobierno Central con la presentación presentado ante el Tribunal Constitucional, sino que este recurso contencioso administrativo busca una impugnación rápida para lograr la suspensión cautelar de la medida, que implicará que el SAS no pueda beneficiarse de las condiciones de financiación que ofrecen los cuatro laboratorios que firmaron el acuerdo.
Los movimientos del Ministerio de Sanidad en contra de la subasta de medicamentos no dejan lugar a dudas del modelo de sistema sanitario que el PP quiere imponer. Por todos los medios están tratando de abocar al fracaso una iniciativa que permitirá que en Andalucía no se produzcan recortes asistenciales al ahorrarse más de 200 millones de euros.
La Consejería de Salud lamenta, además, que el Ministerio de Sanidad no esté aprovechando toda esta energía y recursos jurídicos contra la subasta de fármacos andaluza en buscar soluciones eficientes al sistema sanitario que no pasen por el copagago, las privatizaciones y la revisión de la cartera de servicios.