Los agentes sociales y el Gobierno se han reunido para comenzar con las negociaciones sobre la prórroga de los ERTE.
Y es que, con el levantamiento del estado de alarma el próximo 9 de mayo, parecía que desaparecerían todas las medidas adoptadas por la crisis del Coronavirus, entre ellas, los llamados ERTE.
Durante la intervención de la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. En defensa del decreto ley aprobado por el Ejecutivo con el nuevo paquete de ayudas públicas de 11.000 millones de euros para solvencia, se ha comprometido a la cobertura durante todo el ejercicio 2021 del conjunto de medidas de ayudas a empresas contra la crisis.
En total, en 2021 el Gobierno prevé movilizar aproximadamente 29.000 millones de euros, aproximadamente un 2% del PIB, para seguir dando una respuesta adecuada en el plano sanitario, en el plano educativo y en el plano económico.
Los ERTE continúan durante todo 2021
Calviño ha anunciado que la medida en la que se enmarcan los ERTE, se extenderá durante el resto del año 2021, y no terminará en la fecha prevista hasta ahora, que era para el 31 de mayo. Este mecanismo se ha constituido como uno de los principales instrumentos frente a la crisis y bajo su paraguas permanecen a día de hoy 783.290 trabajadores.
Al parecer, se prevé configurarlo como un instrumento permanente, pero con algunas modificaciones. Como por ejemplo, el dar mayor relevancia a la formación.
También se extienden los avales y las moratorias
Se prolongarán también los avales públicos del ICO, la ampliación de los plazos de carencia y de devolución para dar un mayor margen financiero y liquidez a las empresas, y las cotizaciones sociales de los trabajadores, así como la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos.
Además, también se incluirán en esta prolongación, las moratorias en el pago de impuestos y cuotas de la Seguridad Social sin intereses, las moratorias para la devolución de créditos hipotecarios y no hipotecarios, y otros créditos públicos.
Aprobación de fondos para ayudas directas
A las extensiones de las medidas antes mencionadas, se le une la aprobación de 11.000 millones de euros con las que cubrir gastos fijos pendientes y deuda acumulada desde marzo pasado.
La norma se articula en tres fondos; con una línea de 7.000 millones para ayudas directas a empresas y autónomos destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores. De los que 2.000 millones irán a Canarias y Baleares y el resto a las demás CCAA.
Los otros dos fondos del paquete son una línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.
Además, se extienden hasta final de año las moratorias concursales y las medidas de agilización en el ámbito de la justicia. Para proporcionar un período que permita restablecer los equilibrios patrimoniales o abordar procesos de reestructuración, mientras se moderniza el marco concursal.