El Gobierno ‘militariza’ los controles del Prat y se salta al derecho de huelga.

La Guardia Civil en El Prat.
El Gobierno ha recurrido a la Guardia Civil para hacer frente a la huelga de los vigilantes de seguridad de la empresa privada Eulen, en el aeropuerto de Barcelona. Los agentes del instituto armado están presentes en los filtros de control de pasajeros y comparten con los empleados de Eulen tareas ejecutivas y no sólo de vigilancia. La Asociación Unificada de la Guardia Civil critica que el Ejecutivo “haga uso de unos funcionarios carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva” para “solventar” un problema que ha creado con la “privatización de la seguridad pública” en los aeropuertos y en otros sectores. “Nosotros –subraya la AUGC al estallar este conflicto– ya advertimos sobre las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública”, cuando “la plantilla de la Guardia Civil se encuentra bajo mínimos”. También el abogado de los trabajadores, Leopoldo García Quinteiro, ha criticado el laudo arbitral obligatorio que el Gobierno intenta imponer. “Mientras no se quiebren los servicios mínimos –descarta el letrado– no se puede ir al arbitraje obligatorio. La imposición del mismo es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga”.  
La empresa propietaria del aeropuerto y responsable de sus servicios es AENA, en propiedad del Estado en un 51% de su capital. El otro 49% de la sociedad fue privatizado en febrero de 2015. Los trabajadores de Eulen rechazaron el pasado domingo por votación la propuesta de mediación presentada por la Generalitat y que incluía un aumento salarial de 200 euros por doce pagas, lo que evitó que se pudiera cerrar un conflicto que se arrastra desde hace ya más de tres semanas con paros parciales. En el año 2016, AENA ganó 1.164 millones de euros, lo que supuso un 40% más de incremento respecto al año anterior. Mientras tanto, el Grupo Eulen, que se hizo con la subcontratación de la seguridad de las puertas de embarque en El Prat, ganaba ese mismo año 14 millones de euros, un 65% más.
Según Juan Antonio Fernández, portavoz de AUGC, los guardias civiles se sienten “utilizados” por el Gobierno que “utiliza a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego”. Los Guardia Civiles, que se limitan a “cumplir órdenes que vienen del Gobierno”, en estos momentos, están “velando por que se cumplan los servicios mínimos”. Fernández se queja de que se haya vuelto “a recurrir a los guardias civiles”, “sin ninguna contraprestación económica, ninguna petición o diálogo”. No obstante, afirma que, desde El Cuerpo, se “solidarizan” con los trabajadores en huelga, entre otros motivos, porque reclaman lo mismo que ellos llevan “años” pidiendo.
José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, afirma en Europa Press que el uso de la Guardia Civil para garantizar la operatividad del aeropuerto de El Prat “no deja de ser una forma de esquirolaje” que atenta contra el derecho a la huelga. Ábalos criticó en La Cuatro la actuación del Gobierno en el conflicto laboral. Tras recalcar que el Ejecutivo “en ningún momento ha contemplado las consecuencias nefastas de su política laboral”,  recalca que, en este caso, “es evidente que ha estado al margen del conflicto como si fuera una cuestión de una empresa privada”. Según el dirigente socialista, el Gobierno y Aena únicamente han actuado cuando la situación se ha convertido en “insostenible”. “Y lo están arreglando de un modo absolutamente autoritario, sin ninguna sensibilidad hacia las condiciones de trabajo y sin ningún respeto al derecho de huelga”.