El Consejo de Ministros ha presentado el plan de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Que destinará hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible, procedentes de su cartera de inmuebles y la cesión de suelos urbanizables.
Esta iniciativa se suma a las actuaciones previstas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2023. Como el Bono de Alquiler Joven y las ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética, y tiene como objetivo incrementar el parque público de vivienda en 100.000 unidades.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha desgranado esta estrategia, que ya adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de febrero en el Senado.
Calviño ha afirmado que desde que el Gobierno tomó el control de la Sareb, en abril de 2022, tiene un triple objetivo: impulsar el parque público de vivienda, apoyar la inclusión social y mejorar la vertebración y cohesión en todo el territorio nacional. Todo ello, "con el mejor uso posible de los activos públicos para hacer una gestión responsable y velar por el dinero de los contribuyentes".
La Sareb dispone de un 'stock' potencial de vivienda terminada de 21.000 unidades. Además de otras 14.000 habitadas y de suelos disponibles para la promoción de hasta 15.000 nuevas viviendas.
Destino de los activos de la Sareb
Nadia Calviño ha avanzado que, para aprovechar estos activos, el Gobierno ha puesto en marcha un plan con tres ejes: la movilización de las 21.000 viviendas para uso social, la gestión proactiva de las 14.000 viviendas ya habitadas y la cesión de suelos urbanizables.
Viviendas de usos social mediante acuerdos con comunidades y ayuntamientos
Las 21.000 viviendas de la Sareb identificadas para uso social se movilizarán a través de acuerdos de venta a las comunidades autónomas para alquiler social asequible.
La vicepresidenta primera ha detallado que 9.000 ya están disponibles para la venta y 12.000 pendientes de la finalización de obras o de la cédula de habitabilidad. La Sareb ya ha negociado acuerdos de venta con la Comunidad Valenciana y la Xunta de Galicia y está negociando con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, con los municipios del área metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria).
Además, se contemplan convenios de cesión temporal de viviendas para uso social. Tanto a Administraciones Públicas como a entidades sin ánimo de lucro, prestando atención especial a las zonas en riesgo de despoblación y a los colectivos vulnerables.
Gestión proactiva de viviendas y refuerzo a la inclusión social
La estrategia contempla la gestión proactiva de las 14.000 viviendas ya habitadas. Nadia Calviño ha avanzado que se identificará a las familias vulnerables y se les ofrecerá el apoyo necesario con "una gestión siempre prudente y responsable de la cartera de activos". Se les ofrecerán alquileres que tengan en cuenta su nivel de renta, se les ayudará a regularizar su situación, en la búsqueda de empleo y en el acceso a los servicios sociales o la solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
En la actualidad, la Sareb ya gestiona más de 2.000 alquileres sociales y está apoyando a más de 400 familias. La vicepresidenta ha argumentado que el alquiler social contribuye a recuperar el valor de los activos. Al facilitar que los inquilinos tengan una mejor situación económica y puedan pagar sus rentas.
Cesión de suelos urbanizables
El Ejecutivo también pondrá en marcha un proyecto de cesión de suelo urbanizable mediante un esquema de colaboración público-privada. La entidad cuenta con suelo para construir unas 15.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler asequible.
Además, la Sareb ofrecerá a las administraciones públicas la venta de suelos destinados a otros objetivos sociales. Como la construcción de hospitales, escuelas u otros espacios públicos.
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