El grupo Boldt: una astilla del mismo palo

La caída en picada de Boudou, salpicado por los negocios sucios de Ciccone, ha sacado de la alfombra el conflicto político entre los poderosos negocios del juego armados por el kirchnerismo. Su buque insignia es el grupo del conocido Cristóbal López, pero también el grupo Boldt.
Boldt -durante 75 años- fue una compañía gráfica especializada en documentos de seguridad como billetes y cheques. Pero de la mano de Antonio Tabanelli, el kirchnerismo le abrió un “mundo feliz”, readaptando su vieja gráfica a un negocio mucho más lucrativo como lo es el del juego.
La empresa de la familia Tabanelli ganó 73,86 millones de pesos en 2011. Boldt posee el Casino de Tigre desde 1999 y tiene el gigantesco negocio de la captación de apuestas de “lotería en tiempo real basada en terminales” desde hace diez años.
Ese contrato, otorgado por el Instituto de Loterías y Casino provincial, implica que la compañía se queda con una comisión del 5% de todas las apuestas de quiniela que se realizan en las más de 3.000 agencias desparramadas en el territorio bonaerense. En la provincia, se juegan más de 5.000 millones de pesos anuales. Boldt obtiene 250 millones de pesos por ese concepto.
Boldt también explota 3.500 máquinas tragamonedas instaladas en Mar del Plata en el Casino del Mar (Hermitage), en Tandil y en Miramar. Además, participa del negocio de las foto multas -con el procesamiento y la administración de infracciones de tránsito, tanto para Capital como para la provincia de Buenos Aires.
Todas sus concesiones fueron prorrogadas por el gobernador Daniel Scioli en 2009 (la de las quinielas on-line) y 2011 (Tigre) con la aprobación de absolutamente todos los legisladores del Frente para la Victoria -cuestión que claramente demuestra el aval del gobierno a los negocios de la empresa.
Boldt, hasta hace dos años, era “enteramente” oficialista. La empresa fue la encargada nada menos que de procesar el censo de población de 2010, el cual fue manejado enteramente por Randazzo -algo que le costó, según el Boletín Oficial, 500 millones de pesos al gobierno nacional.
Si se escarba detrás del conflicto Ciccone-Boldt, quedan abiertamente expuestos los negocios y las camarillas del gobierno -incluso los financiamientos de las campañas electorales de muchos de los involucrados como Cristina, Scioli y Duhalde.
Es una necesidad imperiosa terminar con todo este inmenso negociado del juego de azar, el cual destruye -entre otras cosas- a decenas de miles de familias. Hay que estatizar sin pago las empresas de impresión de billetes y todo el juego de azar en Argentina.
Juan Ferro