El horror de las cárceles en Chile

A raíz del grave incidente que hasta el momento ha costado la vida de 83 reclusos, este artículo de Punto Final que devela la realidad de las cárceles en Chile.
Como “inhumano, degradante y cruel”, calificó la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, el trato que reciben los presos en el sistema penitenciario chileno. Este lapidario diagnóstico es parte de un informe sobre la situación carcelaria que la fiscal presentó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
Mónica Maldonado inspeccionó los principales centros de reclusión no concesionados y detectó ocho situaciones “graves” que persisten en su funcionamiento: hacinamiento; los horarios de desencierro y encierro de los internos; alimentación; falta de rehabilitación; deficientes condiciones sanitarias e higiénicas; la aplicación de castigos; las condiciones para el aislamiento de los internos, e inseguridad y muerte de reos en los penales. Esta investigación tuvo su origen en el incendio que el 26 de abril causó diez muertos en el penal Colina II, tras una riña entre bandas rivales.
Para la fiscal Maldonado el sistema carcelario está en “crisis”, y su informe de quince carillas lo refleja. Insiste en que desde 2001 ha hecho ver a las distintas autoridades competentes -ministro de Justicia y director nacional de Gendarmería- “las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios del país… debido tanto al hacinamiento que se aprecia en los penales como a la falta de una política penitenciaria y acciones concretas que permitan la reinserción social de los individuos”. Sobre estos dos ejes se situó la crítica del informe. Existe un verdadero círculo vicioso, ya que al no contarse con infraestructura adecuada para que las penas se cumplan en forma digna, es imposible que el Estado cumpla su rol de rehabilitar y otorgar oportunidades a los presos.
El hacinamiento se debe al explosivo aumento de la población penal desde 2003, cuando había 38.266 internos. A la fecha, el número de presos se eleva a 53.482. Los números sorprenden: la capacidad del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría) es de 3.170 internos. Pero en la actualidad hay 6.690 presos. El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Arica tiene una capacidad de 1.112 internos, pero alberga a 2.197.
Otros dos casos dramáticos son los del Centro Penitenciario de Valparaíso: con una capacidad de 1.200 internos tiene 2.896, y el Centro Penitenciario de Concepción mantiene a 2.096 presos cuando sólo tiene capacidad para 998. La misma situación viven los penales Colina II, Puente Alto, Buin, San Miguel, Antofagasta, Lebu, Quillota, Coronel y San Antonio.
Vertederos humanos
Pero los problemas carcelarios no se circunscriben a la falta de espacio; también comprenden el trato que reciben los presos. El informe de la fiscal Mónica Maldonado señala severas deficiencias, en especial respecto a los horarios en que los internos permanecen encerrados en sus celdas.
Debido al horario que dispuso Gendarmería para el desencierro de la población penal, que va desde las 8:30 a las 17:00 horas, la fiscal de la Corte Suprema constató que “la situación de hacinamiento se ve agravada por el hecho de permanecer los internos encerrados en sus celdas por espacio de aproximadamente 15 horas diarias, en celdas abarrotadas que por lo general carecen de servicios higiénicos y de la adecuada luz y ventilación”.
El horario de alimentación de los presos tampoco es el adecuado, por el inusual horario que Gendarmería le destina: desayuno a las 9 de la mañana, almuerzo a las 12 y cena a las 15:30 horas, que no “guarda relación alguna con los horarios que para este fin se observan en el medio libre”, dice el informe.Es más, Mónica Maldonado critica la forma en que el alimento se entrega a los presos, que es distinta de un penal a otro. Sólo algunos tienen comedores con la cantidad exacta de raciones de alimentos para cada interno. “En otros penales no existen comedores ni lugares para ese fin, y se entrega la comida en ‘fondos’, que son distribuidos por los gendarmes o internos a su arbitrio, sin porciones definidas”, sostiene.
En el plano de las condiciones sanitarias e higiénicas la situación es peor. Grave, según el informe, es la falta de agua potable en los Centros Penitenciarios de Valparaíso y Arica. Sin embargo el peor caso es el que se da en la calle 6 de la ex Penitenciaría de Santiago. Los presos, además del hacinamiento, deben convivir “con gran cantidad de basura acumulada en tarros, con desperdicios y fecas en la calle donde tienen salida y donde reciben su alimentación”.
Además, Mónica Maldonado critica el sistema de castigos, en especial la “celda solitaria”, por las mínimas condiciones higiénicas. El máximo castigo en celda solitaria puede ser hasta de diez días.
La fiscal de la Corte Suprema reconoce algún avance en materia de castigos. Expresa sin embargo que en algunas regiones se siguen administrando de manera “cruel e indigna”. A los castigados se los somete a encierro “en celdas vacías sin ningún mueble, sin catre, colchón, ni frazadas... Las celdas no cuentan con luz eléctrica ni natural, la que entra por pequeñas celosías. Muchas veces no hay servicios higiénicos y quedan sometidos a la buena voluntad de los gendarmes para que sean sacados a hacer sus necesidades biológicas. En algunos casos, son encerrados entre cuatro y seis presos en una misma celda de castigo”, expresa.
Finalmente, el informe de Mónica Maldonado hace hincapié en la cantidad de muertos al interior de los penales. Sólo en Santiago el año pasado murieron treinta presos por riñas: esa misma cifra se registra en los cinco primeros meses de este año…
Gendarmería: ¿Victimarios o víctimas?
La fiscal de la Corte Suprema critica severamente problemas como la deficiente infraestructura carcelaria, también se pronuncia respecto al manejo de los gendarmes al interior de los penales. En especial señala ciertas actitudes de los funcionarios contra los presos y expone los privilegios que tendrían los narcotraficantes en Colina II (entre los que se contarían celdas más cómodas, dos gimnasios, cursos de artes marciales y derecho de visitas ilimitado).
Para el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández, estos hechos no son relevantes, ya que “si hay algún tipo de privilegios o excesos en forma aislada, son menores y puntuales. No me podría referir a ellos. Somos una institución de catorce mil personas; no puedo dar fe de que no pudiera existir algún hecho así”, dice.
A pesar de esto, los gendarmes coinciden con el diagnóstico de Mónica Maldonado. “Nosotros, como trabajadores penitenciarios, concordamos con el diagnóstico de la señora fiscal. Creemos que es importante que este informe sea parte de una política de mejoramiento del sistema penitenciario, que hoy está colapsado y pone en grave riesgo la seguridad pública”, apunta Hernández.
Para el presidente de la Anfup, el problema es que como no hay una política penitenciaria, los platos rotos los pagan tanto presos como gendarmes: “Estos, a pesar de ser garantes de la ley, viven como los condenados”, según Hernández. “Tenemos un servicio de Gendarmería en que los funcionarios pasan a ser esclavos de su labor. Somos esclavos de este sistema: trabajamos lo que nadie trabaja en este país y nos exponemos a lo que nadie se expone”, indica.
Según el dirigente gremial, hay funcionarios que trabajan entre ocho y diez días continuados sin ir a sus hogares, con sólo cuatro horas diarias para dormir y sólo un día de descanso. Añade que, como funcionarios de la administración pública, deberían trabajar un máximo de 44 horas semanales. Pero en Gendarmería “trabajamos en promedio 130 horas por semana. Alguien dirá: ‘bueno, entonces no duermen’; efectivamente, no dormimos”, sostiene.
Además lanza otra acusación: las horas extraordinarias que trabajan los gendarmes no son pagadas. “Se nos entrega un sueldo líquido y todo lo que uno haga en horas extraordinarias es un regalo que le hacemos al Estado: no se nos paga. Anualmente, el Estado se ahorra 35.000 millones de pesos que debería pagar al personal de Gendarmería”, expresa. El sueldo base de un gendarme alcanza a 260 mil pesos mensuales. Pero deberían ganar sobre los 400 mil pesos, ya que el servicio es un organismo técnico.
Pero las falencias no terminan ahí. Hay graves deficiencias en los implementos de seguridad para encarar cada jornada laboral, en especial, chalecos antipuñales y antibalas. “Nuestras condiciones de trabajo atentan contra la seguridad personal de los funcionarios; ellos saben a qué hora ingresan a trabajar, pero no saben cuándo van a salir”, dice Hernández. Agrega que al compartir con delincuentes peligrosos, los gendarmes cumplen verdaderos “actos de heroísmo”.
La esquiva rehabilitación
Una de las críticas fundamentales del informe de la fiscal Mónica Maldonado es la ausencia de una efectiva política de rehabilitación por parte del Ministerio de Justicia y de Gendarmería. Esta, para llevar a cabo esa tarea, cuenta sólo con 3% de su presupuesto, lo que es insuficiente, confidenció a PF un funcionario del servicio: “Esto se debe a que el país no tiene una política penal”.
Agrega que la atención que se puede dar al preso está focalizada a evitar el conflicto social y no a la prevención. Pedro Hernández, presidente de la Anfup, concuerda: “Hemos olvidado las políticas de rehabilitación. Chile, hasta antes de 1973, era uno de los países a la vanguardia en temas de reinserción. Teníamos centros de estudio y trabajo en todas partes, lo que nos permitía sacar a la gente de la cárcel a una granja, una colonia agrícola o a un taller donde se le enseñaban oficios”, expresa.
En la actualidad, los programas de rehabilitación sólo alcanzan para los presos con condenas de más de tres años. Pero se está trabajando en un plan piloto en seis regiones, con la colaboración de 145 profesionales, para ampliar ese programa.
El sistema concesionado de cárceles tampoco es, según los funcionarios de Gendarmería, la solución del problema. Los privados pueden exhibir buenos resultados en la construcción de penales y en alimentación de los reos. Pero en rehabilitación es poco lo que han hecho. Una fuente afirma que sólo el 40 por ciento de los presos ha recibido este tipo de atención en el primer año de operación de cada nueva cárcel, pese a que el costo de mantenimiento de los reos es muy superior en una cárcel concesionada que en una pública. En el sistema estatal el costo anual por interno bordea los tres millones de pesos. En el sistema concesionado esa cifra supera los 6 millones 700 mil pesos, es decir es del triple…Una mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización