En Andalucía, donde la rebelión ha tomado mayores dimensiones con manifestaciones de protesta en todas las capitales, el defensor del pueblo, Jesús Maeztu, ha sorprendido a la opinión pública y a los políticos al informar recientemente que el impuesto de sucesiones acaparó el 84% de las peticiones a la oficina del Defensor en el año 2017. De un total de 170.872 solicitudes de intervención del Defensor del Pueblo andaluz en 2017, en defensa de sus derechos y libertades, 143.000 lo hicieron con requerimientos por el Impuesto de Donaciones y Sucesiones, lo que se considera una prueba fehaciente de que existe una profunda injusticia y una irregularidad o mala gestión en el gobierno andaluz.
Durante décadas, el malestar de los contribuyentes por la excesiva presión del fisco se plasmó en artículos de opinión contrarios y en cartas al director en los medios de prensa, pero en los últimos años ha ocurrido algo inaudito en España porque en lugar de mantenerse el debate en el terreno de las ideas, los ciudadanos han salido a las calles a protestar, enarbolando la abolición del inconstitucional y brutal Impuesto de Sucesiones, el más impopular de España, como punta de lanza de esta ofensiva.
Se trata de una campaña auténticamente popular, con miles de víctimas de ese impuesto injusto que se atreven a salir a las calles y plazas para expresar su rechazo a la voracidad fiscal de una clase política ajena a la ciudadanía y contraria a la voluntad popular.
En el balance terrible de ese tributo figuran empresas familiares cerradas, familias arruinadas y desquiciadas y miles de herencias que en lugar de pasar a los herederos, como era la voluntad del difunto, se las quedan las administraciones públicas, voraces e insensibles. Existe también la sospecha sólida de que algunos suicidios pudieron ser provocados por la ruina causada por el Impuesto de Sucesiones.
Otra muestra evidente de la magnitud del problema del expolio de las herencias es el dato emitido por el Consejo General del Notariado, según el cual las renuncias a herencias en España han batido récord en 2017.
Los distintos despachos del notariado español contabilizaron 42.987 rechazos de herencias durante el pasado año. Esta cifra supone una de cada diez tramitaciones, de modo que cada vez son más los españoles que no pueden asumir la herencia que les dejan sus familiares o amigos más cercanos. En términos diarios, hablamos de 118 renuncias diarias a herencias. Los 42.987 rechazos reflejan un fuerte crecimiento del 300% frente a los números que se observaban en 2007.
El ranking de las renuncias está encabezado por Andalucía y Cataluña. En la comunidad gobernada por Susana Díaz se registraron 8.341 renuncias a herencias, mientras que en Cataluña hubo 8.184. Hace apenas una década, los números eran 1.417 en Andalucía y 2.487 renuncias en Cataluña, lo que prueba la voracidad codiciosa de los gobiernos.
Sin embargo, la mayor conflictividad es la observada en Asturias, La Rioja y Baleares. En estas tres comunidades se rechazaron más del 15% de las tramitaciones. También son muy elevados los números de Andalucía, Cantabria o Murcia.
Resumiendo, puede decirse que el Estado confiscó más de 14.000 millones de euros a los españoles en los últimos cinco años, por medio del impuesto a las herencias, popularmente bautizado como "Impuesto a la muerte", como gritan algunas pancartas exhibidas en las calles, que denuncian la violación de la voluntad de los que fallecen por una clase política injusta, insensible y habituada al despilfarro y a los privilegios.
El drama del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España, que está en retirada en todo el mundo y que cada día son menos los países que lo mantienen, se agrava con datos complementarios que revelan más injusticia y brutalidad de los gobiernos, hechos como la tasación de las viviendas, que suele hasta triplicar el precio de mercado, la indefensión de los herederos cuando son embargados, cuyas propiedades son subastadas sin que ellos puedan ejercer derecho de tanteo o retracto, por cantidades hasta cinco veces inferiores a las tasadas por Hacienda, la brutalidad de los embargos y la injusticia de los intereses aplicados.
No existen estadísticas fiables sobre el número de cierres de empresas que el Impuesto de Sucesiones está provocando, ni de cuantos suicidios y pérdidas de la cordura provoca la rapiña de los bienes heredados, pero los notarios afirman que por sus despachos pasan ciento de desquiciados, al borde del colapso, indignados porque los políticos les "roban" lo que sus padres o abuelos les han legado.
La intención de Pedro Sánchez y de su ministra de hacienda María Jesús Montero, firme defensora de ese impuesto, que lo ha aplicado en Andalucía con toda crueldad, de trasladar el expolio de las herencias a todo el territorio español, suprimiendo las exenciones conquistadas en algunas autonomías, no sólo demuestra insensibilidad y vocación de rapiña legal, sino también desprecio a la voluntad popular y empecinamiento de la clase polític gobernante en la injusticia y la crueldad.
Francisco Rubiales
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