A partir del 6D, la crisis multidimensional que aqueja a Venezuela aflora abiertamente en la voz de la calle, en la crítica social y política y en el choque de poderes. La Asamblea Nacional, ahora en manos de la oposición, usa y abusa de su mayoría, se enfrenta y reta al ejecutivo, coloca dudas sobre la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y de cualquier decisión que de esa instancia emane.
El juego se complica y, en ocasiones, resulta incomprensible a la ciudadanía el debate de “saber y poder” que se establece entre constituyentistas de uno u otro bando político, quienes, en una suerte de fuego cruzado, interpretan las competencias a la luz del conocimiento y conveniencia política.
El gobierno incómodo se estrena como minoría en el parlamento y juega para conservar el poder ante la arremetida encabezada por el actual presidente de la AN, quien pretende desempeñarse como “jugador salidor” y apuesta al juego de ataque, alto y fuerte con la clara intención de colocar al gobierno en el juego de defensa.
Clarísimos ejemplos de la confrontación de poderes constituyen la Ley de Amnistía, que la oposición pretende aprobar en la AN y el Decreto de Emergencia entregado al parlamento por el presidente Maduro, durante la presentación de su Memoria y Cuenta.
En torno a la Ley de Amnistía, expertos afirman que debe ser aprobada por el Presidente de la República -representante del poder Ejecutivo- y por el Tribunal Supremo de Justicia, instancia del poder Judicial y máximo intérprete de la Constitución del país.
En cuanto al Decreto de Emergencia, la Comisión permanente encargada de evaluarlo, afirma que es materia exclusiva de la AN la aprobación del decreto”, por lo que el TSJ no puede “invadir” el espacio del poder legislativo. La AN rechaza el Decreto de Emergencia por “partir de un diagnóstico insatisfactorio sobre la crisis que enfrenta Venezuela” y el presidente Maduro lamenta que la AN le dé la espalda al pueblo.
Tal confrontación entre los distintos poderes sacrifica y posterga el diálogo político entre oposición y gobierno, intensifica la polarización en todos los ámbitos de la sociedad, y, por supuesto, aleja las posibilidades de reparación y reconstrucción de la convivencia social.
Y, en este juego de poderes, ¿Quién ahorcará la cochina?
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