El lado oscuro de las patentes

El artículo del The Economist, “Patents that Kill” y el paper académico “The Case against Patents”, alertan sobre la falta de datos empíricos que demuestren que las patentes sirven para incrementar la innovación, competitividad, y producción.

En la última década el tema de la innovación abierta ha ganado adeptos, y cada vez más compañías se dan cuenta de que no necesitan generar una idea para beneficiarse económicamente de ella, o descubren que los departamentos de investigación y desarrollo se deben de abrir al flujo de conocimiento externo (ver caso P&G). Aunque esta filosofía es difícil de aceptar por algunos empresarios, hace más de 200 años ya había personajes ilustres como Benjamin Franklin que rehusaban de patentar sus inventos.

La estufa de hierro Franklin fue inventada en 1742, y Benjamin no aceptó la oferta económica por su patente que le ofreció el gobernador de Pensilvania: “de la misma manera que tenemos grandes avances por los inventos de otros, debemos estar muy felices con la oportunidad de servir a otros con nuestros inventos, y esto se debe hacer de forma libre y generosa”, dijo Benjamin. Así que pensándolo bien, el bueno de Benjamin hoy sería considerado un revolucionario.

La realidad es que aquellos que claman contra fuertes medidas de protección de patentes, son generalmente industrias establecidas, con modelos de negocio que no evolucionan, y cuyos dirigentes tienen una alta capacidad de ejercer como lobbys ante los actores políticos.

Un ejemplo de ello es el sector farmacéutico. Su capacidad de influencia les sitúa en posición de generar estrategias monopolísticas a medio plazo que les asegura un rendimiento económico. El descubridor del medicamento hace pública la fórmula, y a cambio ve asegurada su comercialización por  20 años, y libre de competencia.

Como explica el artículo del The Economist, aunque la patente se puede aplicar justo después de descubrirse la droga, los experimentos clínicos necesarios para la aprobación del medicamento pueden llevar varios años. Como consecuencia, la vida de la patente disminuye. Es habitual escuchar el enorme gasto que supone sacar un nuevo medicamento al mercado, y es cierto. Sin duda. Pero es menos habitual la discusión acerca de la estrategia económica seguida por las farmacéuticas. Ésta, esta basada en el análisis de la eficacia del medicamento y su relación con la esperanza de vida del paciente.

Un ensayo clínico para pacientes con cáncer de próstata metastásico dura tres años en comparación con los 18 años de aquellos pacientes que sufren un cáncer de próstata menos severo y localizado. Como una patente dura de media unos 20 años, a las empresas sólo les quedarían 2 años para comercializar el medicamento contra el cáncer de próstata localizado.

Los economistas del artículo académico, ilustran el siguiente escenario: las farmacéuticas realizan 30 veces más ensayos clínicos para medicamentos que atacan el cáncer recurrente que para medicamentos preventivos. También se confirma que las farmacéuticas transfieren su inversión en investigación y desarrollo en medicamentos para cánceres localizados, a cánceres recurrentes e incurables. En conclusión, el sistema de patentes anima a las farmacéuticas a evitar la inversión en recursos para la gente que se puede salvar, y por lo contrario dedica la mayor parte del tiempo a investigar aquellos casos en los que el paciente no tiene apenas posibilidades de sobrevivir. Los autores del artículo del The Economist declaran que esta distorsión le genera a la economía de los EE.UU. un coste de alrededor de 89 billones de dólares al año en vidas humanas. Aunque no explican cómo han llegado a esa cifra de datos, se entiende que sería la contribución del fallecido al producto interior bruto si siguiera con vida.

Sin duda que esta investigación es un perfecto ejemplo para debatir sobre el sistema de patentes, políticas públicas, la idea del bien común, y los límites de la ética empresarial.