El legislador Canelada propone una ayuda familiar provincial de 10 mil pesos

El legislador José María Canelada presentó un proyecto para crear el programa “Ingreso Familiar Complementario Provincial de Emergencia”, que consiste en el pago de una ayuda familiar única de 10.000 pesos para compensar la disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria. A su vez, presentó otra iniciativa para que se suspenda los regímenes de retención, percepción y recaudación bancaria del impuesto de ingresos brutos.

“Entendemos que el ingreso familiar instrumentado por el Gobierno Nacional deja afuera de los beneficios a personas que, por sus niveles de ingreso, necesitan una ayuda urgente en este momento. Esto también es salvar vidas: asegurarse que estas familias tengan un plato de comida y puedan acceder a los elementos indispensables para cuidar su salud en medio de una pandemia. Aquí no se puede mirar al costado y pensar que con el plan de ingreso familiar del Gobierno Nacional ya está todo arreglado porque hay familias pidiendo ayuda a gritos”, argumentó Canelada sobre el primer proyecto. Para cumplir con esta ayuda, el proyecto prevé reducir en un 50% la partida de “publicidad y propagandas varias” del presupuesto, con lo que se podría asistir a 64.000 hogares tucumanos.

En cuanto al segundo, el objetivo es dar una mano a las empresas para no perder puestos de trabajo. Con este proyecto se liberaría a las empresas de ser agentes de retención del impuesto de Ingresos Brutos y se utilizarían los fondos de libre disponibilidad en Rentas de años anteriores para pagar impuestos actuales. “De esta manera no se desfinancia la provincia y se genera una ayuda financiera inmediata a los tucumanos. Aprobar este proyecto contribuirá a evitar el ahogo financiero y la quiebra de empresas, dos situaciones que significan pérdida de puestos de trabajo y destrucción de la economía provincial”.

Ambas propuestas forman parte de un paquete económico que consta de otros dos proyectos, ambos ya presentados. El primero busca que se exima del pago de impuesto inmobiliario, salud pública y sellos a las empresas golpeadas por la epidemia y de ingresos brutos a quienes no hayan operado en esta cuarentena, con la condición de que no prescindan de sus empleados. El segundo busca el diferimiento del pago de cuatro cuotas del IPV para el final del plan de pagos sin que se cobre recargo alguno.

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