Revista Opinión
¿Dónde hay que firmar? Porque ahora sí que estoy de acuerdo con lo que hacen estos hombres y mujeres que se manifiestan totalmente indignados contra un estado de cosas en la Administración Pública que, en modo alguno, puede llamarse Estado de Derecho.
Yerran radicalmente los que piensan que Estado de Derecho=Estado legal.
La Ley, brevemente, es la norma emitida por el poder legislativo del Estado regulando un aspecto determinado de la vida sociopolítica.
Pero la finalidad de esta Ley es ajustar la realidad no ya al Derecho positivo sino al Derecho real, o sea, a la justicia y ésta, como ya hemos dicho tantas veces, consiste en atribuir a cada uno lo suyo.
Y lo suyo, lo tuyo, lo nuestro, es aquello a lo que todos tenemos derecho en una Estado justamente regulado.
Y no está justamente regulada una sociedad que permite la existencia de grandes masas de hambrientos y miserables junto a otras, quizá mayores aún, de gentes a las que les sobra todo de tal manera que viven en un continuo derroche, en una desaforada ostentación.
Entonces, ¿dónde esta la justicia? ¿En dejar que millones de personas agonicen lentamente en medio del hambre, la miseria y la desolación?
Pero ¿qué clase de justicia es ésta?
Yo no quiero seguir viviendo en un mundo así y estoy dispuesto a hacer lo que sea para evitarlo. Y no me vale que nadie me diga que este estado de cosas es legal porque, entonces, maldigo la Ley a la que he servido fielmente, con todas mis fuerzas, durante 40 años de mi durísima vida.
Tal vez sea legal que una parte de la sociedad acapare toda la riqueza de un país mientras otra parte de ella carece de lo absolutamente necesario pero esto es esencialmente injusto y, por lo tanto, no debe tolerarse ni un minuto más y no me digan ustedes, porque entonces les escupiré en la cara, que hay que estarse quieto ante tamaña injusticia porque la ley lo impone así, porque he pasado miles de horas estudiando Derecho y he aprendido que las leyes injustas hay que combatirlas con todos los medios, desde que así lo defendieron los padres Molina y Suárez, magníficos juristas que incluso defendieron la legitimidad de matar al tirano.
De modo que toda esa oleada de condenas emitidas por lo mejor y más granado de la prensa española no me valen porque los indignados no tenían otra manera de reprobar a esos indiferentes individuos que ellos dicen que nos representan y que se reúnen en falsarias asambleas para establecer, con toda la injusticia del mundo, que van a intentar solucionar los efectos de una crisis que sólo los poderes económicos gestaron, ahogando más aún a los que ya no pueden soportar en sus cuellos la soga que los estrangula.
Si los parlamentarios catalanes tuvieran vergüenza que, por supuesto, no la tienen, deberían de haberse unido, hombro con hombro, con los que estaban allí, esperándoles, para hacerles saber que no están dispuestos a tolerar más injusticias, por muy legales que sean, porque lo que hay que combatir con todas las fuerzas que tengamos, con todos los recursos que todavía estén a nuestro alcance, es la injusticia, aunque para ello haya que sacrificar el orden, o sea, haciendo todo lo contrario de lo que proponía ese equivocado genio que afirmó que prefería la injusticia al desorden porque esto es sencillamente un auténtico sacrilegio jurídico.
De modo que ahora, sí, ahora, estoy de acuerdo plenamente con todos esos indignados que se concentran ante los Parlamentos de la ignominia, porque no es cierto que éstos representen a nadie que no sean a los culpables de una situación que debería avergonzarles de tal modo que no se atrevieran a ir a ellos, donde los honrados se juntan alegremente con los más deshonestos de todos los hombres, mientras en todos los pueblos y ciudades de España, se echa a la calle a familias enteras por unas deudas cuyo cumplimiento no se debería exigir por una nueva conceptuación de la cláusula “rebus sic stantibus”, “mientras las cosas permanezcan así”, porque si unas circunstancias extraordinarias han motivado la adopción de medidas absolutamente especiales para salvar a la Banca, ¿por qué no se arbitra alguna clase de medida para evitar la tragedia que supone expulsar de sus hogares a cientos de miles de honrados ciudadanos?