El mapa eólico catalán, en manos de la justicia

El fallo del concurso sobre el mapa eólico catalán, realizado el pasado viernes, por el Gobierno catalán, adjudicando siete de los ocho zonas (ZDP) en que se repartió el territorio, puede entrar en un mar de conflicto judiciales. De hecho, una de las zonas adjudicadas, la segunda, al consorcio Gas Natural Renovables-Alstom Wind, la de mayor capacidad y que corresponde a las comarcas de la Segarra y Conca de Barberá, resta pendiente de adjudicación definitiva ya que está condicionada a una resolución judicial pendiente interpuesta por la empresa EISSL, controlada actualmente por Corporación Copcisa, Catalunya Caixa y Banco Sabadell. En caso que el fallo judicial fuera contrario a la Generalitat, los adjudicatarios se deberían poner de acuerdo con los demandantes.
No es la única zona en conflicto. En relación con la ZPD 1 (comarca del Alt Ampurdá), el Ayuntamiento de Figueres, contrario al mapa, ha presentado un recursos contencioso administrativo ante los tribunales que resta pendiente de resolución.
Este mapa debía constar de ocho zonas, pero debido a la oposición de unos de los territorios (las comarcas del Priorat y del Baix Camp) la Generalitat no ha convocado concurso en esa zona.
La ZPD V (Ribera d’Ebre y Baix Camp), adjudicada al consorcio Fersa-Aventalia, de 120MW, está la espera de otra sentencia judicial. En todo caso, si la sentencia es desfavorable a la administración catalana, ésta deberá hacer frente a la indemnización que se decida.
Además, otro conflicto que puede avecinarse sobre el fallo de la Generalitat se centra en torno a los concursantes ya que se presentaron una veintena de grupos empresariales que conformaron 57 ofertas para las siete zonas. Al haber sido favorecidos tan solo cuatro de ellos, los perdedores seguramente elevarán alegaciones que veremos cómo se resuelven y, si los fallos no son aceptados podrían recurrirse.
El criterio utilizado por la Generalitat para concentrar las adjudicaciones en unas pocas manos se ha basado en la priorización de aquellos planes industriales que aporten más beneficios a los territorios. Para hacer realidad este planteamiento y que el volumen de inversión fuera importante los adjudicatarios debían recibir la mayor cantidad posible de megavatios.
De todas formas estas adjudicaciones, de momento provisionales, que supondrán una inversión de aproximadamente 1.200 millones de euros, no podrán empezarse a construir hasta 2013 ya que hasta esa fecha no habrá posibilidad que Red Eléctrica Española, les proporcione a esos parques eólicos conexión a la red. Gas Natural, el principal adjudicatario con 456 MW, deberá invertir unos 550 millones. Para el segundo gran adjudicatario, Fersa, con 153 MW, se estima que tendrá unas necesidades de inversión cercanas a los 200 millones.
Por otro lado, resta pendiente el fallo del concurso gallego, ya cerrado, muy interesante ya que son 1.200 MW, donde no existen zonas y que podría conocerse hacia finales de año. Las inversiones a realizar en la zonas se acercarían a los 1.500 millones.
En Castilla La Mancha se produce una situación similar aunque las condiciones del concurso son diferentes. Por último, Aragón es la comunidad autónoma más retrasada. Ha dividido su territorio en cuatro zonas y sacado a concurso una de ellas.