Articulo publicado originalmente en el Diario del Cauca
Lunes, Abril 27, 2015 – 11:37
A partir del 2011 se focalizaron los departamentos que tuvieran condiciones de seguridad para empezar a implementar el registro de tierras despojadas y abandonadas, y uno de ellos fue el Cauca, a pesar de mantener la actividad del conflicto armado.
La Ley 1448, promulgada desde el 2011, enuncia como objetivo principal el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano y de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con garantías de no repetición. Por lo tanto, no solo se reconoce oficialmente la existencia del conflicto y de sus víctimas, sino que se pretende hacer realidad su reparación integral.
¿Cuál es el trabajo que se desarrolla en el Cauca?
Es un trabajo arduo que requiere un acopio de pruebas a través de una labor comunitaria, catastral, social y jurídica, que implica que se haga un estudio juicioso de las solicitudes en un universo de víctimas de conflicto armado, donde no todas son por abandono y despojo, con un lenguaje sencillo para la educación de la población.
Sin embargo, existen variantes en el tema patrimonial…
Es un tema nuevo para la población, y el requisito para la víctima es que sea propietario, poseedor u ocupante; muchos desplazados expresan que lo son, pero no tenían un vínculo jurídico con el predio, ya que la restitución es devolver lo que a usted le pertenece.
¿Cuáles son las condiciones para reclamar?
Debe estar enmarcado en el conflicto armado, la relación de la víctima con el mismo y que los hechos victimizantes sean posteriores a 1991.
¿Cómo ha sido trabajar bajo esos criterios?
En el país, y mucho más en el Cauca, la relación con la tierra ha sido de carácter informal, donde la palabra del campesino ha valido mucho, o a través de la cartaventa, o de un acuerdo verbal y otras modalidades que le permitieron estar en el terreno por mucho tempo. Ese poseedor también tiene un derecho. Por otro lado, encontramos el ocupante que en el momento del despojo estaba haciendo el trámite, ya que reunía los requisitos para ser adjudicatario de un predio baldío, pero perdió la oportunidad; la idea es devolverles a todos ese derecho.
¿Cómo se identifican los falsos reclamantes?
Infortunadamente se presentan muchas personas que no son víctimas, ya que la Ley consagra el principio de buena fe, donde basta su declaración y los documentos que aporte para su identificación, de ahí es labor de la Unidad empezar a recopilar información donde se evidencia el fenómeno de falsos reclamantes, que da lugar a toda una investigación y que se utilice toda la estructura para determinar, causando algunas demoras en el proceso.
¿Existe castigo para estas personas?
La Ley contempla prisión de ocho a 10 años para estas personas. Cuando se detectan se compulsan copias a la Fiscalía. En el Cauca se han encontrado dos casos de presuntos falsos reclamantes; nosotros determinamos que la persona acomodó deliberadamente su versión para acceder a un derecho que no tenía.
¿Cómo es la labor de la unidad en el tema probatorio y administrativo?
Nos articulamos con todas las entidades para tener información en un trabajo probatorio muy estricto, que se realiza también dependiendo las condiciones en la región, que pueden estar difíciles, por ejemplo, por el orden público. No es la Unidad la que define quién tiene el derecho, nosotros incluimos un predio en el registro y se presenta ante el juez, que es el que define la situación.
¿Qué sigue después de una sentencia favorable?
Un acompañamiento de todo el andamiaje estatal que viene con proyectos productivos, acompañamiento psicosocial, subsidio de vivienda; órdenes que puedan impactar también a la comunidad de la zona que también es víctima. Buscamos condiciones de estabilidad que le permitan de verdad reconstruir su proyecto de vida.
¿A cuántas personas se les ha restituido?
Tenemos hasta el momento 15 sentencias de 2009 solicitudes; alrededor de 70 demandas entre las que se encuentran dos casos étnicos muy importantes. De estas personas, se les ha restituido a seis, las demás están pendientes.
¿Dónde ha sido el campo de acción hasta a hora en el departamento?
Debemos tener en cuenta que para nosotros ingresar a una zona, debemos articularnos con la Fuerza Pública, ya que es un política de reparación en medio del conflicto; única en el mundo, y lo que buscamos es que la persona pueda volver sin inconvenientes. Esta situación de seguridad se presenta en Timbío Piendamó, Santander de Quilichao y Popayán. El pasado 17 de abril microfocalizamos el corregimiento de San Joaquín en El Tambo, y El Carmelo en Cajibío; lugares protagonistas del conflicto en el Cauca, en otras épocas.
¿Cómo se hace esa focalización?
Ejército y Policía han mostrado siempre su disposición, ya que debemos ser responsables con las víctimas. Cuando se discute la posibilidad de ingresar a El Tambo empezamos a revisar cuáles son las solicitudes; en el mapa encontramos una concentración en la zona de La Palomera, pero por ahora no podemos ingresar por la presencia de actividad del conflicto.
¿Quiénes han sido los mayores victimizantes en el Cauca?
El primer despojador fue el miedo por los actores armados. Las autodefensas y el Bloque Calima.