El ministro Morenés y el obsceno gasto militar

El pasado día 4 de abril fue el Día Internacional contra las minas antipersonas. Como ya sabemos, en 2008, 107 países suscribieron un tratado internacional en el que se establecía la prohibición de uso, desarrollo y fabricación de las llamadas bombas de racimo.  Por este motivo, la empresa Instalanza, empresa que fabricaba las bombas de racimo,  reclamó en mayo 2011 al Ejecutivo de Zapatero una compensación de 40 millones de euros en concepto de "daño emergente y lucro cesante". Ahora el Gobierno Rajoy ha accedido a pagar dicha indemnización. 
Sostiene Instalanza que la prohibición de fabricar y vender bombas de racimo les llevó a facturar un 42,6% menos en 2009, con una pérdida anual de 127.499 euros. Sin embargo, ya en 2010 la empresa mejoró sus beneficios en un 37,1% debido a que las ventas de armamentos en España se duplicaron. 
El señor Morenés, que como ustedes saben procede de una de las grandes familias burguesas de Getxo, hijo del Vizconde Alarón, nieto de los Condes de Asalto que son Grandes de Espeña, llega ahora a Ministro de Defensa por imposición del Rey, ya que el Presidente Rajoy quería para tal cargo a Alberto Ruiz Gallardón. Y es que al parecer los ministros de Defensa son decisión, en muchos casos, del rey Juán Carlos. 
También conocemos ya todos que el ministro Morenés fue representante para España de la multinacional Instalanza, hasta octubre de 2011. Pero además, y quizás lo más importante, fue Secretario de Defensa entre 1996 y 2000. Época en que se impulsaron los principales programas de armamento que ha generado una deuda inmensa, en torno a los 30.000 millones de euros.  
Este indecente derroche, puesto en marcha por el señor Morenés tiene como premio su nombramiento como Ministro de Defensa. Mientras, las cifras del paro siguen aumentando, el número de familias desahuciadas produce vértigo y millones de ciudadanos ven recortados cada día sus derechos, sociales y laborales. Este es nuestro país y nosotros desde aquí no dejaremos de denunciar los abusos de poder a los que nos tienen acostumbrados los gobiernos españoles.
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