No son superpotencias económicas. Tampoco militares. En la escena global apenas tienen peso y dentro de su contexto regional tampoco son pilares básicos. Pero se vive bien, muy bien en ellos. Ahí, al norte de Europa, están cuatro de los países donde supuestamente existe una mejor calidad de vida. Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia son, a pesar del frío, considerados como unos excelentes lugares para vivir. Se han convertido en toda una referencia tanto para algunos gobiernos como paraíso prohibido para ciudadanos europeos y no europeos. Servicios públicos de gran calidad, crecimiento económico estable, paro casi inexistente y un sistema educativo excelente son algunas de las señas de identidad de estos países. De hecho, ha acabado siendo bautizado como “modelo de bienestar nórdico”. Casi parece una utopía.
Por qué se vive tan bien, qué elementos tienen esos países para que tengan una calidad de vida tan alta, las sombras que existen en dichas sociedades y si su modelo es exportable a otros países desarrollados serán algunas de las cuestiones que resolveremos en torno a este asunto.
Localización y características generales
Al ser una región no demasiado conocida y cuya existencia a menudo se pasa por alto al analizar muchos sucesos o dinámicas europeas, vamos a hacer una breve aproximación a ella comentando una serie de puntos básicos que sin duda han condicionado – y son parte fundamental – de la organización socioeconómica y política nórdica.
En primer lugar, la simple ubicación geográfica. Nuestros cuatro países elegidos se sitúan al norte de Europa, en un continuo entre el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Los tres países nórdicos – Dinamarca, Noruega y Suecia – forman un triángulo en el Skagerrak, el estrecho que conecta el Báltico con las aguas atlánticas. A nivel terrestre, los tres estados escandinavos – Noruega, Suecia y Finlandia – están juntos, si bien la distancia que el agua separa Dinamarca y Suecia es mínima en el Estrecho de Öresund – el actual puente que conecta Copenhague (Dinamarca) con Malmö (Suecia) tiene 7,8 km de longitud –. De hecho, es necesario aclarar que en esta zona de Europa, por simples cuestiones orográficas y climatológicas, el mar siempre ha sido históricamente el medio más utilizado tanto para el comercio como para mover ejércitos. Sólo cuando las infraestructuras han permitido, ya en el siglo XX, facilitar las comunicaciones terrestres y aéreas, el transporte marítimo ha perdido un poco de peso, pero su importancia histórica en la región es indudable y fundamental.
Por lo general, son países de un tamaño medio, en la media de extensión de los países europeos. El más grande de todos es Suecia con 450.000 km2 – unos 50.000 menos que España –, mientras que el más pequeño es Dinamarca con 43.000 km2. Este factor en sí no es determinante, pero nos lleva a comprender el que efectivamente lo es: los grandes núcleos de población. Los países escandinavos, que son los más grandes, tienen una densidad de población de entre los 15,5 hab/km2 de Noruega a los 20,6 de Suecia, lo que nos da una idea de las enormes extensiones de territorio despoblado que existen en estos países, algo lógico teniendo en cuenta que las zonas de interior al norte de Suecia y Finlandia no son demasiado favorables al desarrollo de poblaciones. En cambio Dinamarca, un país bastante pequeño y absolutamente llano, tiene una densidad de 130 hab/km2.
Así, a lo que inducen unas cifras de densidad tan bajas en los países escandinavos es al hecho de que históricamente, la población en estos países se ha concentrado en núcleos de población muy concretos, especialmente en la costa. En el caso de Noruega, todas las principales ciudades – Oslo, Bergen, Stavanger y Trondheim – se encuentran en la costa o en un fiordo con el mar a pocos kilómetros; en Dinamarca pasa igual, Copenhague – cuya área metropolitana concentra al 40% de los daneses –, Aalborg, Aarhus u Odense también se sitúan junto al mar; en la gran Suecia, Estocolmo, Goteborg y Malmö son costeras y Finlandia tiene también su capital, Helsinki, junto al Báltico. Así, según los datos del Banco Mundial, la población urbana en dichos países oscila entre el 79,6% de Noruega al 87,1% de Dinamarca, que en gran medida se refieren a las ciudades antes comentadas. Un ejemplo bastante clarificador de la importancia del mar en esta zona.
Otra característica a resaltar es la baja población. Salvo Suecia con 9,5 millones de habitantes, los otros tres países que comentamos están poblados por entre 5 y 6 millones de personas. Este factor, a nivel económico y político es muy importante, ya que condiciona – y así lo supieron ver los gobernantes de estos países – el modelo económico que un estado puede desarrollar en base a los recursos humanos disponibles, así como las políticas adecuadas en base a una población tan baja en comparación con el resto de países europeos.
Desde una óptica más político-histórica, la región escandinava-nórdica se ha caracterizado por la estabilidad política y por gobiernos democráticos. Salvo Finlandia, los otros tres países son monarquías constitucionales – el monarca sólo asume la Jefatura del Estado y su papel es meramente simbólico – y en los cuatro, los gobiernos democráticos se han sucedido desde inicios del siglo XX o en el caso de Suecia y Dinamarca, países más antiguos e independientes históricamente, desde mediados del siglo XIX. Como ejemplo de esta apuesta democrática, la independencia de Noruega de Suecia se produjo de manera totalmente pacífica en 1905, algo bastante inusual en la época e incluso hoy en día. Esta tradición democrática ha calado profundamente tanto en el propio sistema político como en la sociedad, por lo que en todos los países se ha acabado creando una alternancia de partidos protagonizados por los partidos socialdemócratas y democristianos en los cuatro estados, con periodos de gobiernos de varias legislaturas seguidas, lo que ha derivado en etapas de gobierno estables y sobre todo, con tiempo suficiente para asentar proyectos y políticas a largo plazo.
En relación a esto último, y que es determinante a la hora de entender el desarrollo de modelo de bienestar, tanto partidos socialdemócratas como democristianos tienen, dentro de la política económica y social, muchas coincidencias. Ambos son ideológicamente partidarios de intervenir con el Estado en la economía, redistribuyendo rentas, protegiendo a los trabajadores y fomentando políticas públicas. La única separación puede residir en concepciones distintas a nivel “ético” – aborto, derechos los homosexuales, legalización de drogas, etc. – y asuntos de política exterior, área en la que estos países son extremadamente sensibles dada su histórica neutralidad. A pesar de esto, muchas de estas decisiones social y políticamente polémicas quedan a menudo derivadas a un referéndum popular, y gobiernos de todo signo así lo hacen para que el pueblo decida sobre ellos. Como ejemplo de esto último, en 1972, el parlamento noruego votó masivamente a favor de entrar en la Unión Europea – entonces Comunidad Económica Europea –. Para respaldar esta entrada, decidió convocar un referéndum. Los noruegos rechazaron dicha entrada por un escaso margen y Noruega por tanto no entró en la CEE.
Fundamentos del Estado de Bienestar nórdico
El sistema de bienestar de estos países se articula en base a dos hechos principalmente: la intervención político-económica del Estado y una notable concienciación y participación política de la sociedad. Esto, a lo largo de los años, ha creado un circuito que se retroalimenta constantemente y que favorece tanto la correcta actuación de los actores públicos como los niveles de exigencia de la sociedad respecto a las políticas públicas y la marcha del país en su conjunto.
Así, existen unos puntos especialmente importantes en los que este modelo político-económico destaca, por lo que hablaremos en profundidad de ellos y estableceremos algunas comparaciones con otros países desarrollados del entorno de cara a concluir si realmente estos cuatro países que hoy comentamos son tan distintos.
Política fiscal
Como hemos dicho, algo fundamental de estos países es que el estado interviene de manera bastante activa en la economía nacional. Una de esas formas de actuación es a través de la política fiscal, esto es, de los impuestos. La idea de este estado intervencionista reside en que debe redistribuir los impuestos de manera equitativa y justa a toda la población y todas las capas sociales, de manera que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de desarrollo gracias a una educación pública igual para todos, una sanidad universal, empleo de calidad, acceso a la vivienda, políticas sociales para los más desfavorecidos, etc.
Lógicamente, todas estas intenciones políticas cuestan bastante dinero, dinero que de algún sitio debe salir. La vía más normal es a través de los impuestos. En este sentido nos encontramos con que las cargas impositivas, tanto directas como indirectas son, en estos países, muy altas.
Viendo la tabla anterior podemos concluir una serie de cosas: en los países nórdicos, es el trabajador-consumidor el que soporta la mayor carga impositiva, mientras que en España o Alemania, países cuantitativamente más potentes – más PIB –, es la empresa quien tiene una presión fiscal más elevada en favor de que los trabajadores tengan más dinero disponible, favoreciendo así el consumo. En este sentido no hay recetas mágicas ni dogmas de fe. Cada país, en relación a su capacidad productiva, conformación sociolaboral y modelo económico, promueve una u otra forma de fiscalidad. La pauta básica de los países nórdicos podría resumirse en que puesto que son las empresas las que crean empleo – además del Estado, como veremos más adelante –, cuanta mayor cantidad de dinero para invertir tengan, más empleo y crecimiento estable habrá; en cambio, los trabajadores, como principales receptores de las ayudas sociales en mayor o menor medida, son los que sufragan de manera solidaria con sus rentas del trabajo y su consumo sus propias políticas sociales. La renta disponible de los trabajadores es menor, pero a cambio tienen numerosos aspectos de índole social cubiertos por ayudas, becas, subvenciones, etc. La única desventaja que puede tener este modelo es en relación al IVA, bastante alto, y que por la propia concepción de ser indiscriminado en su aplicación, afecta más a la clase baja que a la alta – vas a pagar el mismo impuesto si compras un artículo, ganes 800€ al mes que 4000€ –. A pesar de este hándicap, con el tiempo se han articulado unas políticas redistributivas tan eficaces que el efecto regresivo de los impuestos indirectos se ha paliado en gran medida.
También cabe aclarar que en todos los países que hemos visto, en el caso del impuesto sobre la renta existe un tramo exento de dicho pago para las rentas más bajas. Esto es clave en la propia idea de los impuestos progresivos; cuantos más ingresos se tengan, más impuestos se pagan, por lo que el tramo máximo corresponde con las cargas que se les aplican a grandes fortunas, altos ejecutivos, deportistas profesionales, etc.
Empleo público
Una de las características básicas en las estructuras públicas de los países desarrollados y de bienestar actuales se personifica en la figura del funcionario. Personal corriente administrativo de todos los niveles del Estado, profesores, médicos, policías, militares, investigadores o jueces son los ejemplos más manidos. Realizan servicios públicos de importancia vital para el correcto funcionamiento de un país, y el propio funcionamiento del Estado no se entiende sin ellos. Además, el añadido habitual de un puesto de trabajo fijo y medianamente bien remunerado de por vida es aliciente suficiente como para que sean plazas bastante apreciadas y demandadas en muchos países.
Con motivo de la última crisis, los argumentos que siempre se han esgrimido en ciertos sectores liberales de cara a reducir la plantilla del estado han vuelto a ser objeto de debate. Para el caso español, la congelación y reducción de los sueldos públicos, además de los recortes en las plantillas de trabajadores públicos ha sido una consecuencia directa del mal estado de las arcas públicas. ¿Qué cantidad de funcionarios es la adecuada? ¿Es malo que haya muchos? ¿Es malo que haya pocos? ¿Están demasiado bien pagados o deberían estar mejor remunerados? En los países nórdicos parecen tenerlo claro desde hace mucho. Según datos de la OIT de 2012, Dinamarca, Suecia y Finlandia son los países de la UE en los que existe mayor proporción de funcionarios dentro de la población activa. En Dinamarca, por cada 5,7 ciudadanos, existe un funcionario (17,54% de la población activa); en Suecia, un trabajador público por cada 7,1 suecos activos (14,08%); cada 7,9 fineses, uno trabaja para el estado (12,65%) y en 2005, según datos de la OCDE, uno de cada cinco noruegos (20%) tenía su puesto de trabajo en el sector público. En el extremo opuesto encontramos a los austriacos, portugueses, italianos, españoles y alemanes. Como hemos comparado desde un inicio a los nórdicos con España y Alemania, seguiremos la línea. En España hay 15,1 habitantes por cada empleado público (6,62%), mientras que en Alemania existen 13,7 alemanes antes de que haya un germano al servicio de la república federal (7,29%).
Que estos datos sean buenos o malos los dejamos a juicio de lo que cada uno entienda por el papel que debe ocupar el empleado público en un país. Por supuesto que dichas cifras tienen efectos positivos y negativos. Dentro de las ventajas que supone tener tal número de empleados públicos podemos destacar la previsible calidad del servicio que realizan – aunque eso también dependa de la organización y funcionamiento interno de las Administraciones Públicas – y la estabilización de empleo e ingresos en gran parte de la población, ya que al haber tanta gente con un trabajo vitalicio y un sueldo fijo, el consumo se mantiene más estable y el propio estado absorbe una buena cantidad de la población activa, lo que también ayuda a mantener bajas tasas de paro. En cambio, como contrapartidas a estas cifras, un número alto de empleados públicos, así como una cantidad notable de organismos e instituciones en las que actúen, significa que hay que destinar gran cantidad de recursos a su financiación, pudiendo privar de dichos recursos a otras partidas o actuaciones. También, en esta línea, un alto número de trabajadores públicos, sobre todo en estos países con una población relativamente baja, hace que el sector privado encuentre dificultades para encontrar mano de obra, sobre todo de cualificación media. A pesar de ello, este último factor ha sido paliado en gran medida por los acuerdos, bien de la UE, bien UE-Noruega, para la libre circulación de trabajadores, por lo que desde ya hace años, empleadores daneses, suecos o fineses pueden emplear trabajadores de toda la Unión Europea sin problema.
Modelo laboral de la ‘flexiseguridad’
Al final, ambos modelos, al menos de una manera tan literalmente concebida, se han demostrado ineficientes y que de alguna manera u otra hacían más mal que bien. Con el tiempo, a base de ir ajustando poco a poco el mercado de trabajo y de repensar las posibilidades que tenían, los países nórdicos, así como algún otro europeo, caso de los Países Bajos, han acabado desarrollando el genuino modelo de la flexiseguridad.
Básicamente, la flexiseguridad es un punto medio entre los dos conceptos tradicionales, y consigue mantener tanto la protección al trabajador como la capacidad de crecimiento de las empresas gracias a un modelo laboral flexible. En este modelo, la contratación y despido de trabajadores es gratuita, pero a la hora de proteger al trabajador, el Estado recoge el testigo y le proporciona un subsidio sustancioso para que no vea muy mermada su capacidad de compra, así como fomenta que el trabajador se instruya y adquiera nuevas o renovadas competencias laborales de cara a una reinserción en el mercado laboral lo más rápida posible y en un puesto de calidad.
De los cuatro países que aquí analizamos, Dinamarca fue el primero en empezar a aplicarlo en los primeros años del siglo XXI. Poco a poco, los países vecinos, en especial los escandinavos, siguieron el ejemplo danés y lo implantaron en sus respectivos estados como consecuencia de los éxitos que el sistema había cosechado en el territorio danés. A los pocos años y en base a los buenos resultados que la flexiseguridad estaba dando en estos países, la propia Unión Europea, a través de la Comisión, acabó por aceptar y recomendar el sistema de la flexiseguridad como el idóneo para el mercado laboral comunitario.
Para que este sistema funcione de manera correcta, deben estar perfectamente articulados los tres pilares del mercado de trabajo: flexibilidad, protección y formación. Cualquier punto que se descompense haría desestabilizar todo el sistema del mercado laboral, por lo que esta aparente perfección laboral esconde a su vez una delicadeza alta. En el caso del mercado laboral español, las diferencias con este modelo son evidentes. Hace una década se planteó implantarlo en España, pero por aquel entonces, la importancia de la construcción, así como un sistema de protección bastante rígido y un paro estructural elevado – la mejor tasa de paro en España en décadas, del 8,3% en 2007, es más elevada que las peores en mucho tiempo de Suecia, Finlandia (8%) o Dinamarca (7,5%) en 2012 – hicieron que desarrollar la flexiseguridad en España fuese una tarea casi imposible, ya que tampoco debemos olvidar que la idoneidad del mercado de trabajo está relacionado en gran medida con el modelo económico que desarrolla un estado. Actualmente, con la última reforma laboral, hemos cambiado a la otra banda. Si antes los costes laborales eran relativamente altos, la protección era elevada y la promoción de la formación era casi nula, ahora los costes laborales se han reducido pero siguen siendo altos, la protección al trabajador desaparece a pasos agigantados y la promoción de la formación brilla por su ausencia. De demasiada rigidez a demasiada flexibilidad.
Educación como base del desarrollo
Por lo general, los países que históricamente no han tenido demasiadas posibilidades de expandirse, no tienen grandes cantidades de recursos naturales o no son territorialmente extensos o de gran población, acaban confiándole el futuro de la nación al cerebro de los ciudadanos. Tampoco tienen mucho donde elegir. Así, en los países nórdicos – también en otros lugares europeos, Canadá o Korea – se ha acabado formando una cultura que favorece la educación de calidad. La propia sociedad, al igual que las instituciones públicas, se han concienciado de que la gran baza que tienen de cara a seguir creciendo económicamente y poder seguir manteniendo su sistema y su calidad de vida es tener a una población – o a su fuerza de trabajo – lo mejor formada posible, de manera que su productividad sea elevada y haya iniciativa empresarial de establecerse en dichos países puesto que en ellos habrá unos recursos humanos de enorme calidad.
En esta línea, los esfuerzos públicos en favor de la educación pública son absolutos. En el siguiente gráfico, obtenido del Banco Mundial, se observa el porcentaje de gasto público en educación que existe tanto en los países nórdicos como en España y Alemania. La distancia entre nórdicos y no nórdicos es evidente. Bien es cierto que los últimos datos disponibles son del año 2010, por lo que al menos en el caso español se habrá reducido dicho gasto. En el resto de países, salvo Noruega, que es el que más dinero destina a esa partida educativa, parece haber una tendencia ascendente en este aspecto.
Aquí se circunscriben tanto los gastos del estado para pagar las nóminas de los profesores como el mantenimiento de los edificios educativos, las becas, subvenciones y demás transferencias que se realizan en favor de la educación pública y privada. Qué decir tiene que en estos países nórdicos, la enseñanza primaria, secundaria y terciaria es totalmente gratuita y a menudo existen generosas becas adicionales para material escolar, ayudas de movilidad y familias con menos recursos.
Pero esto no acaba aquí. La apuesta por la educación no sólo parte de las instituciones públicas, también de la sociedad y el mundo privado. El desarrollo de la sociedad del conocimiento es una tarea de todos y así lo reflejan numerosos datos. En este sentido, en las economías desarrolladas actuales, la apuesta por la investigación y el desarrollo también es fundamental para seguir creciendo y tener progresivamente una mejor calidad de vida. Este hecho, en las economías de mercado, es impulsado tanto por el sector público como por el privado.
El siguiente gráfico muestra el gasto que se realiza en I+D+i en relación al PIB. En Dinamarca, Suecia y Finlandia, así como en Alemania son bastante elevados como consecuencia del modelo productivo existente en dichos países. El noruego es más bajo a causa de una actividad económica más geográficamente separada, así como de un modelo más terciarizado – Suecia y Finlandia tienen notables empresas industriales de alta tecnología –. Para el caso español, en 2011 era del 1,3% del PIB, menos de la mitad que el gasto en Alemania y una tercera parte del gasto de los finlandeses. Tampoco es que haya que emplear enormes cantidades de recursos en ello, pero se entiende que las cifras aceptables en esta variable oscilan entre el 2,5% y el 3,5%.
Esta gráfica representa el número de investigadores dedicados al I+D por cada millón de habitantes en el país. En el año 2010 en España había 2.922 personas por millón dedicada a esta labor, mientras que en Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia había, respectivamente, 7.722, 6.364, 5.434 y 5.257 investigadores. Los noruegos, que no dedicaban demasiados recursos cuantitativamente hablando, tienen casi el doble de personas trabajando en I+D que los españoles.
MUY INTERESANTE: “Cuestión de educación” Programa de ‘Salvados’ en el que se habla de Educación. A partir del minuto 22 se habla de la educación en Finlandia.
Igualdad de género y conciliación familiar
Dos de las grandes asignaturas pendientes en las sociedades industrializadas y económicamente desarrolladas son la igualdad de género y la conciliación familiar. Aunque aquí los nombremos de forma separada, no son tan distantes, y el primero – o la ausencia del mismo – depende bastante de los esfuerzos que una familia dedique en el segundo asunto. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, en las economías desarrolladas existe casi una desigualdad estructural a nivel socioeconómico entre mujeres y hombres, fundamentado en muchos casos en el deseo de formar una familia. Ejemplos de esta desigualdad los podemos encontrar en la llamada ‘brecha salarial’, por la cual una mujer cobra menos que un hombre en un puesto de trabajo exactamente igual y tiene menos probabilidades de ascenso o promoción dentro de la empresa simplemente por su sexo; la mayor dificultad de la mujer de insertarse en el mercado de trabajo al disponer de menos tiempo al estar al cuidado del hogar o los hijos y en referencia a esto último, una mayor precariedad laboral al ser “madres potenciales”.
Dada esta problemática – puesto que es un problema serio y que debería ser bastante más vergonzante de lo que es –, el único criterio que lo rige es el económico y por supuesto, la perpetuación de roles sociales al no hacer demasiado por cambiar esta situación. Dicho criterio se resume en que una mujer es un trabajador más inestable al ser una madre en potencia. Si esto se produjese, en la práctica totalidad de estados de bienestar se han desarrollado prolongadas bajas por maternidad antes y por supuesto, después del parto. Esta legislación protectora hace que las empresas empleadoras sigan teniendo que pagar el sueldo de la empleada durante su baja por maternidad sin que la propia empresa reciba ninguna compensación o retribución por la pérdida de dicho trabajador. Partiendo de esta lógica económico-empresarial, muchos empleadores son reacios a contratar mujeres o en el caso de las que ya trabajan, el riesgo de despido aumenta si se quedan embarazadas.
Por estos motivos, y en un delicado y difícil intento por equilibrar igualdad de género y promoción de la familia – no olvidemos que los recursos humanos son vitales para estos países –, los estados nórdicos han realizado políticas bastante activas de cara a blindar laboralmente a las mujeres, tanto en su propio empleo como facilitar a los padres el desarrollo de una vida familiar.
En Noruega, por ejemplo, las madres tienen 46 semanas de baja por maternidad con el 100% del sueldo o 56 semanas con el 80%, mientras que el padre tiene 12 semanas de permiso. Si creíamos que estos derechos ya son bastante atractivos, todavía hay más. Desde el momento en el que nace un hijo y hasta que cumpla los 18 años, cada familia es ayudada con 125€ mensuales – mantener un hijo cuesta miles de euros anualmente –; también, hasta que tenga tres años, las guarderías son gratuitas o, en caso de permanecer la criatura en casa, se ayuda a las familias con hasta 5000€ al año. Los restantes niveles educativos noruegos también son gratuitos.
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En el país con el que Noruega limita al este, Suecia, las bajas por maternidad y las ayudas a la familia también son sustanciales. Los progenitores suecos disponen de 480 días – 16 meses – de permiso con el 80% del sueldo cubierto, de los cuales pueden compartir 60 con quien no tenga la baja principal. Aquí las guarderías ya no son gratuitas, aunque sí son de una cuantía bastante reducida para lo que es el nivel de precios de Suecia; también existen ayudas mensuales para quienes deciden tener un hijo, 100€ hasta que cumpla los 16 años y refuerzo extraescolar gratuito hasta los 12, además de la ya asentada gratuidad en todos los niveles educativos.
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Si nos vamos hasta Finlandia, la situación es similar. Las madres finesas tienen 105 días de permiso con el 80% de su sueldo, mientras que los padres sólo 18 días. A pesar de esto, ambos disponen de 158 días más que pueden compartir en los meses siguientes al nacimiento de su hijo, por lo que aunque no se lleguen a cifras tan altas como las suecas o las noruegas, al final queda un permiso bastante equitativo y generoso para ambos. En los años siguientes, la flexibilidad del sistema educativo finlandés facilita en gran medida que las familias no estén excesivamente preocupadas de los hijos ni tengan que renunciar a trabajar por criar a sus retoños. Finlandia, que de los cuatro países es el que menos renta per cápita tiene, consigue compensar esas cifras con un sistema sociocultural amplísimo que facilita a las familias la crianza de los hijos. Lógicamente, que el sistema educativo en su totalidad sea gratuito es un aliciente a esta conciliación.
INTERESANTE: Así consigue Finlandia ser el número 1 en Educación en Europa (ABC, Marzo 2013)
En último lugar, Dinamarca. El país de Lego es notablemente generoso con la política familiar, ya que al igual que sus vecinos escandinavos lo concibe como un sistema que relaciona mercado laboral, educación, valores socioculturales y por supuesto, el omnipresente papel estatal. Así, las madres danesas disponen de un año de baja por maternidad con el sueldo cubierto, mientras que para los padres sólo hay dos semanas de permiso. A pesar de este desequilibrio que deriva en que la madre pueda quedarse más descolgada del mercado laboral, el Estado proporciona entre 100 y 200€ mensuales a las familias por cada hijo en edad escolar, además de facilidades extra como la gratuidad en la educación y otras ayudas al estudio.
Como llegados a este punto también habrá curiosidad por saber qué situación se vive en este sentido en España, la comentaremos brevemente. El permiso por maternidad en España es de 16 semanas, esto es, 112 días con el 100% del sueldo cubierto; por el otro lado, el padre puede coger 15 días también con el sueldo cubierto al 100% y si así lo desea(n), otros 15 días más que se descontarían del periodo de baja de la madre. Una vez suprimido en 2010 el famoso “cheque-bebé”, que era una aportación de 2500€ por cada hijo nacido o adoptado, las ayudas en España tienden a cero y al contrario que la universalidad de las ayudas nórdicas, en nuestro país se relacionan con criterios de renta, por lo que sólo perciben ayudas – y tampoco demasiado generosas – quienes tienen una situación económica más que precaria. Una vez el niño crezca, las guarderías gratuitas no existen, sí lo son los niveles de primaria y secundaria obligatoria y la gratuidad de la matrícula universitaria – encarecida un 60% en los últimos años – depende de unas becas que desaparecen a pasos agigantados.
INTERESANTE: Permisos de maternidad y paternidad en distintos países de Europa (lainformación.com, Marzo 2011)
Democracia y participación política
Entender un sistema político democrático – e incluso autoritario – como algo unidireccional es, además de ser algo que induce a error, ineficiente. En el caso de las democracias, es una necesidad que haya, especialmente a la hora de elaborar políticas, comunicación e influencias en ambos sentidos. El Estado debe legislar sobre la población, así como la población debe indicar a las instituciones públicas por donde debe actuar o prestar atención en base a las demandas ciudadanas. Cualquier carencia en ambos sentidos deriva en ineficacia y malas políticas. La importancia de esta retroalimentación constante del sistema, así como el compromiso por la democracia, es algo muy arraigado en los países nórdicos y un punto central de su identidad.
Dicho ciclo político no sólo se basa en la participación ciudadana o que determinadas cuestiones de alcance fundamental se decidan por referéndum, sino que por lo general, la población de los países nórdicos participa activamente en política de una u otra manera. Afiliación a partidos, a sindicatos o a ONGs son algunos de los ejemplos en los que destacan estos países. Así, y lejos de los sectarismos partidistas a los que estamos acostumbrados en la zona mediterránea, se crea una conciencia política plural, constructiva y sobre todo, crítica.
Por ejemplo, si acudimos a ver las tasas de afiliación a los sindicatos, los países nórdicos son los que más altas las tenían en 2011 según el Instituto de Estudios Económicos, aunque más bajas que diez años antes. La media de la OCDE se sitúa en que un 17,5% de la fuerza de trabajo está afiliada a algún sindicato. Pues bien, en Finlandia, el segundo de dicha zona sólo por detrás de Islandia, la afiliación es del 70%; en Dinamarca del 68,8%; en Suecia del 67,7% y en Noruega del 54,6%. Después de ellos, que son de segundo a quinto puesto, ya vendrían todos los demás países de la OCDE. En esta variable, España se encuentra con un 15,9% de trabajadores afiliados, por debajo de la media, mientras que un bastión histórico del sindicalismo europeo, Reino Unido, sólo cuenta con un 25,8% de afiliación.
Las altas cifras de la sindicación nórdica también se deben a que en estos países, además de algún otro europeo, los logros cosechados por el sindicato en materia laboral, de derechos, prestaciones y demás, sólo benefician a los trabajadores sindicados, por lo que muchos trabajadores acaban afiliándose en busca de las ventajosas condiciones que los trabajadores nórdicos obtienen a través de sus sindicatos.
MÁS INFORMACIÓN: La afiliación en España, entre las más bajas de la OCDE (Instituto de Estudios Económicos, Septiembre 2013)
Para el caso de los partidos políticos, las cifras de afiliación son bastante más difíciles de encontrar que las de trabajadores sindicados. A pesar de ello, ciertas noticias o hechos nos llevan a pensar que efectivamente las cifras de afiliación política son bastante más altas que en el resto de Europa, como así sugiere esta noticia relativa a la masacre en la isla noruega de Utoya, momento que muchos recordarán y que no debemos olvidar que la inmensa mayoría de víctimas eran jóvenes del Partido Laborista noruego.
INTERESANTE: La matanza en Noruega dispara las afiliaciones a los partidos (El Mundo, Julio 2011)
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