El narcotráfico y su poder corruptor

El creciente número de policías vinculados con el tráfico de drogas revela la capacidad de socavar instituciones que posee el crimen organizado.
Dos recientes episodios que refieren al proceder de algunos integrantes de una de las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el narcotráfico han puesto nuevamente en el tapete el gran poder corruptor que esa actividad ilegal trae aparejado. En el primero de ellos, un subcomisario y un principal de la División Precursores Químicos y Drogas emergentes de la Policía Federal (PFA) fueron detenidos al detectarse el faltante de alrededor de un millón de dólares que habían sido secuestrados en diciembre del año pasado en un operativo antidrogas en la localidad bonaerense de Tapiales. La investigación comenzó en enero de este año, cuando cinco agentes de la PFA pertenecientes a la Brigada de Investigaciones Antinarcóticos solicitaron protección debido a que tenían que formular una denuncia contra efectivos policiales. Tomados los recaudos necesarios, los denunciantes manifestaron que durante una investigación sobre narcotráfico en diciembre pasado, cuando estaban las condiciones dadas para proceder a allanar domicilios de los narcotraficantes que recibirían cocaína procedente de Bolivia, fueron desplazados de sus cargos y enviados a cumplir funciones en otras delegaciones. Denunciaron además que, en la operación realizada en diciembre de 2017 que llevó el nombre de Ave Rapaz, la nueva brigada que realizó los allanamientos había declarado la incautación de algo menos de 300.000 dólares en un galpón de Tapiales, cuando en realidad la cifra alcanzaría un millón de esa moneda. El juez federal interviniente a cargo de la investigación ordenó, a solicitud de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la detención de los oficiales policiales involucrados. El otro episodio tuvo como epicentro a la policía bonaerense, a raíz de la desaparición de más de media tonelada de marihuana que debía estar guardada en un depósito. El hecho dio lugar a que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, dispusiera intervenir la Subdelegación de Investigaciones de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Pilar, a cargo de la custodia de la marihuana, y desafectar a ocho policías. Entre los sancionados están los agentes que dieron un insólito argumento para explicar el faltante: dijeron que la droga fue comida por las ratas. Profesionales de la Universidad de Buenos Aires consultados explicaron que los roedores no pueden confundir la marihuana con comida y que en el caso de que un grupo grande de roedores la hubiera ingerido se deberían haber encontrado muchos cadáveres en el depósito, lo que no ocurrió. El hecho está en plena investigación para determinar si se trató de un hecho de corrupción o de negligencia. Mientras avanza el expediente judicial, Asuntos Internos decidió suspender a tres comisarios y cinco agentes. Estos y otros tantos episodios que han tenido como protagonistas a efectivos policiales dan lugar a expresiones de desconfianza frente a las autoridades encargadas de luchar contra la delincuencia ciudadana. Los reiterados casos de uniformados sorprendidos al delinquir han aumentado esa aprensión, y también una estigmatización con fundamento y a la vez infundada, pues si bien las noticias de que agentes policiales terminan aliados con los delincuentes son una dura realidad, es injusto generalizar y decir que todos los policías hacen lo mismo, porque no solo no es así, sino que son muchos los que dejan su vida en el cumplimiento de su deber. Es innegable que, al avanzar en su expansión, el narcotráfico también lo hace entre las filas policiales, al convertir a ciertos agentes en cómplices por acción u omisión. Por lo tanto, la mejor forma de proceder es la denuncia de los numerosos elementos sanos que hay en las fuerzas de seguridad y el rápido desplazamiento de los involucrados mientras avanza la investigación judicial. Las fuerzas que en vez de proteger a sus elementos indeseables no vacilan en desplazarlos y presentarlos a la Justicia son instituciones sanas que merecen al apoyo de la sociedad. Cargar las culpas sobre la infiltración de las bandas narco en las fuerzas policiales es ver solo una parte de un problema mucho más amplio, pues similar infiltración se registra, y así lo recoge la crónica policial, entre funcionarios judiciales y los políticos. El aumento en el consumo y el empleo de nuestro territorio como punto de llegada y de partida para el contrabando de drogas constituyen el núcleo del problema que es preciso continuar combatiendo. Fuente: lanacion.com.ar