Sigo mi periplo por tierras argentinas. No os he comentado un concepto interesante sobre el que disertó en Rosario la semana pasada Paco, que no Francisco, Puche un librero malagueño y activista de los movimientos sociales y ecologistas. Se trata de lo que él llama filantrocapitalismo. Sería algo así como la cara amable de los negocios o el negocio de la responsabilidad social.
Existen numerosas instituciones, por lo general privadas, que fomentan o subvencionan el compromiso social de personas y organizaciones con el objeto de desactivarlas o cooptarlas o para limpiar su mala imagen. Una loable actitud que no es auténtica, sincera, sino que esconde un intento de apoyar ciertos cambios pero asegurándose de que el fondo no cambie y además sea rentable.
Puche considera que el actual modelo económico es incompatible con la vida; exacerba las desigualdades. Uno de los ejemplos que pone de filantrocapitalismo es el de Bill Gates, cuando por ejemplo, y esto lo escribo yo, impulsa proyectos de geoingeniería para “combatir” el cambio climático por costosos medios tecnológicos; no se persigue tanto prevenir el cambio climático sino que el modelo de producción y consumo, claramente cambioclimatizador no cambie y de paso hacer negocio con nuevos cachibaches sofisticados (y peligrosos).
El librero puso como ejemplo las organizaciones Avina y Ashoka, muy activas aquí en América Latina y también en España donde Puche explicó que han cooptado y pagado a numerosos líderes ecologistas (algunos los tengo en gran estima) para expandir sus intereses.
El fundador de dichas fundaciones, siempre según Paco Puche, que ha investigado a fondo el asunto y en el que centró su exposición, es un magnate noreuropeo, en torno al número 450 de la famosa lista Forbes gracias, entre otras cosas, al negocio del amianto.
Hace poco ha habido un juicio penal en Turín (Italia) en el que se ha juzgado a los propietarios de varias empresas fabricantes de amianto (nocivo material de construcción hecho de fibras del mineral asbesto que provoca cáncer de pulmón). Ha habido 6.000 demandantes y los empresarios han sido condenados a 18 años de cárcel y a dar 88 millones euros de indemnización a sus víctimas o sus familiares (muchas han muerto ya).
La condena es por desastre ambiental doloso; sabían que sus productos causaban los daños que causaban. El filántropo fundador de dichas organizaciones es uno de ellos.