Desde el comienzo del vuelco sistémico en el que nos hallamos que ha producido la mayor caída económica, en época de paz, desde los años 20 del pasado siglo. En estos tiempos, principalmente por decisiones políticas, los destinos de la economía han quedado inequívocamente unidos a los de la banca. Hoy por la mañana leía un artículo referente a la nueva normativa de Basilea III y sus implicaciones a nivel nacional en la economía. El Estado español avalará los créditos fiscales de las entidades bancarias para que puedan computarlas a efectos de capital en los ratios de solvencia. Es algo que se respiraba en el sector desde hace más de un mes y sus implicaciones van en línea con las iniciativas para atajar esta crisis que se han seguido desde sus inicios.
Es curioso todavía hay quien se plantea, yo entre ellos, porque no se producen ciertas medidas en paralelo acordes con los apoyos a la banca para las Pymes como la compensación de deudas en las Administraciones. El Estado ahí tiene dos problemas:
- Uno de gestión unificada de las Administraciones que mejoraría la eficiencia y las sinergias de financiación y aplicación de recursos públicos, pero acabaría con el pesebre político de los cargos solapados en responsabilidades que se pisan unas a otras, sobre todo por la existencia del submundo autonómico.
- Otro de estrategia. Se han unido, indisolublemente, los intereses de la Banca a los del Estado con terribles consecuencias para la economía general, productiva y doméstica fundamentalmente.
Esta segunda causa, es el eje de todas las decisiones que se han tomado desde el inicio de esta mal llamada crisis y que es en el fondo el colofón del cambio económico estructural que los excesos de liquidez y financiación habían aplazado en su conclusión final: la liquidación de la clase media y de los sistemas de distribución más/menos eficiente y/o justa de la riqueza en los países occidentales.
¿Qué ha producido esta catástrofe progresiva, atisbada hace años pero no combatida? En mi opinión la globalización con sus dos pilares sagrados, nunca puestos en duda, por los gobernantes sean quienes sean:
- La libertad en el movimiento de capitales que permite la proliferación y enriquecimiento de paraísos fiscales a costa de la evasión o el fraude fiscal en los países en los que se crea la riqueza impidiendo su distribución
- La desindustrialización, derivada de la falta de competitividad con países que no garantizan justicia ni igualdad de oportunidades a sus ciudadanos y/o con mayor capacidad para absorber la innovación en sus cadenas productivas nacionales por la intervención activa de los Estados en algunos casos.
Esta segunda arma, en la cual ya en los años 50 países como España fueron pioneros en su utilización, se está utilizando en nuestra contra muchos años después por no posibilitar, como en su día se planificó, la maduración a una economía industrial de alto valor añadido desde una economía rural y de servicios de poco valor añadido (turismo y construcción inmobiliaria). La creación de un tejido industrial exportador o la monopolización de mercados de consumo, no industrializados aun, es una obra ingente que requiere la voluntad de muchos gobiernos democráticos o un único gobierno fuera de ese espíritu con un alto sentido de Estado y con una diplomacia y política económica intervencionista y muy concreta. Esto en España no ha sido ni mucho menos una constante, todo lo contrario, una actitud opuesta o de incapacidad política nos ha llevado a la situación actual en que nuestra única posibilidad es competir vía precios, es decir en salarios en sectores con mucha oferta, barata e intensivos en mano de obra.
¿Cómo se ha respondido a este reto? Hagamos un rápido resumen.
España desde su entrada en la CEE, posteriormente UE, mantuvo una política clara de “desandar” los pasos que se realizaron hasta la transición constitucional en política industrial en la búsqueda de ese objetivo que nunca se consiguió de “maduración” productiva y por tanto como nación.
En un primer paso, en los años 80, se accedió a una reconversión industrial que fue más bien un desmantelamiento de la industria pesada histórica y parte de la agroalimentaria a cambio de unas ayudas europeas en materia de inversión en infraestructuras. Por otro lado España renuncia a su soberanía militar y por tanto diplomática con su adhesión al Tratado de no proliferación de armas nucleares y también a su política energética industrial con una moratoria nuclear que aún estamos pagando de nuestros bolsillos.
La caída en el PIB de la gran industria, generalmente con salarios más altos y empleos más permanentes que los servicios, fue dejando una caída de los salarios compensada con la demanda de otros sectores como la construcción y las infraestructuras promovidos por la inversión pública y privada nacional y transnacional derivada del impulso turístico.
Lo que el franquismo solo utilizo como reclamo temporal para atraer capitales, que se reinvertían en los polos industriales y en la nueva política energética del régimen (embalses y centrales nucleares) y que buscaba la autonomía del país, se convirtió, cambiada la estrategia o tal vez por una falta de estrategia a la caída del régimen, en una estructura permanente de la economía que ha impulsado el PIB y a la vez lastrado la calidad del crecimiento económico en lo referente a salarios y tasa de paro estructural.
En un segundo paso, finales de los 80 y los 90, España renuncio también a su plataforma industrial pública (INI ahora SEPI) ,en los sucesivos gobiernos democráticos, privatizando monopolios que fueron quedando en diversas manos por unos exiguos beneficios a corto plazo o prebendas particulares que han dilapidado este patrimonio nacional sin contrapartida para la ciudadanía. Tenemos los casos de Telefónica, Iberia, Seat, Indra, Repsol, Cepsa, Endesa y muchos más que ahora se ponen como ejemplo de una España moderna y que nacieron con una “aberración” del mercado intervenido fascista llamado INI, copia del mismo organismo de la Italia de Mussolini, cosa que parece haberse olvidado.
Siguiendo la tónica de los acontecimientos de nuestra especialización liberal en los servicios, paradójicamente planificada por la UE, del “boom” turístico del mercado común y las inversiones inmobiliarias e infraestructuras, vino el “boom” consiguiente del sector financiero que prometía pingües beneficios derivados de la subida de los precios del suelo y la financiación de infraestructuras que, en la liquidez que propiciaban los bancos centrales europeos y estadounidenses, no ponía límites a la “gallina de los huevos de oro”.
Como todos sabemos ahora la solidez de esta expansión económica era nula, pero no había que ser aguafiestas. Los Estados, las grandes compañías de análisis bursátil y rating, las auditoras y los Supervisores, todos al unísono y a nivel transnacional, alimentaron la “bacanal” mientras sus países se desindustrializaban hacia Oriente , sus clases políticas se enriquecían con ingentes comisiones sobre el suelo ,de la misma forma que las direcciones de los grandes corporaciones (bancos y constructoras principalmente) estaban creando grandes elites multimillonarias fruto de “bonus” variables y rentas de capital por mercados financieros en expansión, los paraísos fiscales y los nuevos productos financieros de apalancamiento masivo (derivados). En este cuadro y con una deuda disparada, consecuencia de estos mimbres, la caída de la industria quedo oculta tras una hiperinflación en los salarios en Occidente en sectores sin valor añadido o mejoras tecnológicas marginales en los servicios insuficientes para respaldarlos.
Aquí comienza el nudo gordiano actual entre la economía y la banca que se está intentando desenredar sin cortar y que podemos escenificar en dos grandes actos:
-Primer acto: sucedido esto y pinchada la burbuja comenzado por EEUU, los niveles de deuda estaban muy por encima de los sostenible por un consumo y una liquidez exigua, se optó en rescatar a las entidades financieras de una política expansiva auspiciada, como ya hemos dicho, por los propios bancos centrales. En esta intervención que yo llamo ligera (“light”), que podía haber sido profunda (“heavy”), útil y legítima, permitiendo una nueva forma de gestionar el crédito y la deuda, no se acaba, sin embargo, con el poder de las elites que han fracasado en la gestión.
En este momento el Estado una vez decidido a intervenir tenía dos opciones para obtener los recursos que necesitaba: liberar ingresos empleados en gasto corriente para reasignarlo como inversión, vía disminución de la estructura territorial sobredimensionada (autonomías), lo cual acabaría con el amiguismo político pero también con los partidos políticos, o incrementar la deuda intentando evitar recaudar para no arruinar un posible brote del consumo interno. Se optó por la segunda opción: incrementar la deuda lo que llevo a corto a un incremento de la prima de riesgo a niveles de insolvencia. Esta reacción no esperada hizo tomar una medida impopular con una subida de impuestos indirectos y propiciando aún más la devaluación interna con una reforma laboral, que de nuevo castigaba a la clase media y rebajaba los salarios de los empleados y jefes intermedios. Con una moneda sobrevalorada y sin soberanía en política monetaria por la UE, solo podía conducir a la devaluación interna y una depresión más de precios y consumo nacional. Como además esto no era suficiente con unas autonomías que no tenían freno y amenazaban, en algunos casos como el de Cataluña, incluso con la independencia, se recortan gastos como la I+D o la educación o la sanidad que, aunque necesitados de reforma, no van en línea de estos recortes improvisados. Cualquier cosa antes de dar razonabilidad a un Estado elefantiásico e ineficiente que arruina a España.
¿Cómo solucionan los gestores políticos y de los bancos esa problemática de sobreapalancamiento y necesidades de capital?
El Estado les concede liquidez pero en contraprestación les “obliga” a la compra de una deuda pública con record de rentabilidad por riesgo de insolvencia que, como ciudadano, a su vez, paga el depositante y cliente del banco que se dice defender. Esto dificulta la financiación privada que, por otro lado, al igual que la parte publica también esta sobreapalancada y no puede responder o muy difícilmente lo hace de sus deudas con una economía doméstica en recesión vía impuestos y devaluación interna.
¿Cuáles son las víctimas?
Las Pymes o autónomos con ingresos provenientes esencialmente del mercado interno y no netamente exportadoras o que reciban divisas del turismo que se hunden en su anemia y su deuda contraída y la clase media formada por trabajadores por cuenta ajena que ven como su patrimonio disminuye en proporción a su deuda al igual que sus salarios, eso si no pierden el empleo todo ello facilitado por la reforma laboral.
-Segundo acto: tras la burbuja fallida, las mentes pensantes de los Supervisores bancarios otrora en modo “bacanal” de repente se dan cuenta, después de unos cuantos millones de ayudas de nada, que no habían controlado riesgos que subyacían en el sistema financiero y deciden ponerle coto con una nueva normativa que eleva los ratios y los requerimientos de capital en una decisión “procíclica” en una época cercana a la depresión económica. Eso además con un estilo “anglosajón” que deja la responsabilidad última de la toma de riesgos y sus mecanismos de cálculo bajo el control de unas cúpulas directivas que siguieron las políticas anteriores y se formaron en esas estrategias como en un catecismo tradicional que, todo hay que decirlo, había engordado eficientemente hasta la fecha sus cuentas corrientes y puesto generalmente sus fortunas y patrimonio empresarial fuera del riesgo sistémico nacional gracias a la globalización.
La gran vuelta de tuerca del Estado es permitir computar a los bancos los créditos fiscales derivados de sus pérdidas , ya sufragadas a su vez con capital público, de nuevo con un aval que supone dar una opción de perpetuidad a esa deuda en el balance público pero que por un artificio contable no computara como tal. Si las estrategias de “patada paralante” fracasan nos encontraremos con un Estado en la bancarrota y unos bancos quebrados.
¿En este órdago, que paga la clase media, tenemos muy claras las probabilidades de éxito de no haber cortado el nudo gordiano con una intervención “heavy” en lugar de “light” y/o la redefinición del Estado y su papel en la economía? ¿Podemos cortarlo despues de 5 años de crisis sin derrumbar el Estado incrementando el paro en un millon mas de personas con una imprescindible reforma de un Estado cortijsta y sobredimensionado?
Ahí dejo la pregunta que desearía me contestaran
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