El otro gober precioso de Puebla presenta dos de 19 demandas contra periodistas

MÉXICO, D.F. (apro)- El gobierno de Puebla que encabeza el panista Rafael Moreno Valle presentó hoy las primeras demandas por daño moral contra dos periodistas de una lista de, por lo menos 19, debido a que han incurrido en “exceso de libertad de expresión”.
La “primera tanda” de demandas contra periodistas incluyó a Fabián Gómez, del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, del diario El Heraldo de Puebla; se turnaron a los juzgados Primero y Cuarto de lo Civil, encabezados por los jueces María de los Ángeles Camacho Machorro y Armando Pérez Acevedo.En las siguientes horas se presentarán más denuncias por daño moral contra periodistas, cuyo número definitivo no se ha definido, confirmó a la agenciaApro el vocero del gobierno de Puebla, Sergio Ramírez Robles, quien no quiso identificar a quienes enfrentarán la acción legal.“Se están analizando todos los abusos de la libertad de expresión en perjuicio del honor y la reputación del gobierno de Puebla mediante la ofensa, la denostación (sic) y la humillación de funcionarios”, subrayó el director general de Comunicación Social del gobierno estatal, en conversación con el reportero.“Pero seguiremos haciendo esto contra quienes llamen a los funcionarios ‘rata’, ‘perro’, ‘cerdo’, ‘homosexual’, ‘chacha’, ‘mascota’, etcétera”, puntualizó el funcionario.Las denuncias fueron presentadas apenas un par de días después de que los reporteros Gerardo Rojas, de e-consulta.com, y Jesse Brena, de Milenio Diario, fueron levantados, golpeados y asaltados por policías estatales, lo que provocó que el gremio periodístico exigiera al gobierno de Moreno Valle aclarar la agresión.Las demandas del gobierno de Puebla contra periodistas se producen también el día en que el Congreso votó la lista de los nueve consejeros del Instituto Electoral del Estado, cinco de los cuales están identificados con el gobernador Moreno Valle, dos con el PAN y otros dos con el PRI; y está en curso la opaca integración de la Comisión para el Acceso a la Información Pública.El director del diario Cambio, de Puebla, Arturo Rueda, dio a conocer hoy en su columna “Tiempos de Nigromante” la lista de 19 periodistas que, según él, serán demandados por el gobierno de Moreno Valle.1. Adrián Ruiz (El Heraldo de Puebla)
2. Selene Ríos Andraca (Central)
3. Salvador Ríos (El Sol de Puebla)
4. Fabián Gómez (Contraparte Informativa)
5. Enrique Núñez Quiroz (Intolerancia Diario)
6. Alvaro Delgado (Proceso)
7. Iván Tirzo (El Sol de Puebla)
8. Alejandro Mondragón Quintero (Status)
9. Valentín Varillas (Status)
10. Rodolfo Ruiz Rodríguez (e-consulta)
11. Fernando Pérez Corona (e-consulta)
12. Ricardo Morales (Intolerancia Diario)
13. Jorge Castillo (Intolerancia Diario)
14. Cirilo Calderón (El Sol de Puebla)
15. Carlos Macías Palma (El Popular)
16. Eduardo Rivera Santamarina (UnoMásUno)
17. Fermín Alejandro García (La Jornada de Oriente)
18. Fernando Maldonado (Periódico Digital)
19. Arturo Rueda (Cambio)Rueda escribió: “Hasta donde conozco antecedentes, se trata de un hecho inédito de la relación entre prensa y poder: la presentación de demandas de daño moral en contra de periodistas y reporteros masivamente. Sergio Ramírez Robles recibió las facultades legales en una reforma al decreto de creación de la Dirección de Comunicación Social para presentar las demandas en nombre del Ejecutivo estatal o cualquier funcionario de la administración pública.”Añadió: “En una entrevista para Cambio realizada el 5 de agosto de 2011, el vocero anunció que demandaría la difamación sistemática en contra de personajes del gobierno. La amenaza se volverá realidad en la Oficialía de Partes de Ciudad Judicial.”La acción jurídica del gobierno estatal se fundamenta en el Código Civil que, en la fracción XIV del artículo 2, faculta al director general de Comunicación Social a ejercer las acciones del gobierno, sus dependencias o entidades, el gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública, así como las acciones legales necesarias para hacerlos efectivos; sin que ello excluya las acciones que pudiera ejercer directamente al afectado”.En la fracción X del artículo 6, se faculta a ese funcionario a “realizar las aclaraciones y ejercer las acciones que considere pertinentes respecto de las afectaciones al honor o reputación, los señalamientos, declaraciones o publicaciones que se refieran al gobierno, sus dependencias o entidades, al gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública”.Según el vocero, el gobierno del estado no pretende una indemnización, sino que la sentencia por daño moral, en caso de ser condenatoria, sea publicada.