El patrimonio cultural subacuático en Colombia: una introducción

Una vez más, se discute en Colombia la Ley de Protección del Patrimonio Sumergido. Hasta la fecha, las sucesivas propuestas han encontrado siempre frontales rechazos por parte de diversos organismos como la Comisión de Antigüedades Náufragas, el Instituto de Antropología e Historia (ICANH) o de reputados expertos como Tatiana Villegas (Consultora de la UNESCO en Patrimonio Sumergido).

Las principales objeciones versan sobre la intención por parte del gobierno de que las compañías de exploración puedan beneficiarse económicamente a través del conocido “criterio de repetición” – venta de objetos producidos en gran número, como lingotes – y la creación para su valoración de una nueva comisión de expertos. Así, las voces a favor consideran que esta sería la única forma para financiar una tecnología extractiva con la que Colombia, hoy en día, no cuenta.
Por su parte, los opositores recriminan que esto da vía libre a los “cazatesoros” para la mercantilización del patrimonio, así como dudan de la efectividad de la nueva comisión. No obstante, en su día, también se criticó la falta de rigor en la definición de patrimonio subacuático, la imposibilidad de acceso por la prioridad absoluta concedida a la conservación, la jurisdicción nacional de aguas territoriales, y la aceptación de la definición de “buques y aeronaves del Estado” aportada por la UNESCO.
Sea como fuere, el patrimonio cultural sumergido comprende aquel de naturaleza arqueológica encontrado en un medio subacuático o extraído del mismo, y si bien el patrimonio cultural pertenece a todos, la particularidad del patrimonio cultural sumergido es especialmente relevante; al tratarse de una de las mejores expresiones del intercambio histórico y cultural entre sociedades.
Expertos señalan que, dentro de la historia de la navegación, los principales hundimientos acaecieron a las naves españolas y portuguesas en el Caribe, y estiman a Colombia como una potencia al respecto; con una cifra aproximada de 1000 galeones, siendo éste un dato no confirmado por la inexistencia de un inventario oficial. Asociaciones colombianas como “Tierra Firme” sostienen que alguno de los restos históricos que podrían encontrarse aportaría información histórica clave si bien, el actual vacío legislativo, lo hace aún más vulnerable a peligros como construcciones costeras, tráfico naval, destrucción, contaminación y expolio. En el ámbito internacional, la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Sumergido, supuso la creación de un marco jurídico internacional para evitar estas amenazas, y blindar a los países frente a los “cazatesoros”, estableciendo que este patrimonio es propiedad de los Estados y que sólo puede tener un fin divulgativo y científico, nunca lucrativo. Sin embargo, Colombia no sólo no ha ratificado aún este documento, sino que junto a Panamá, se abstuvo en su aprobación, alegando que la misma beneficiaba a Estados que habían realizado pillajes y expolios en la época colonial y que ello fomentaba la negociación de ayudas militares y arancelarias en las agendas exteriores de los países implicados.
En gran medida, el patrimonio sumergido siempre ha estado rodeado de polémicas internacionales respecto de la propiedad legítima del mismo, y para ello, desde la IX Conferencia Iberoamericana de Cultura (Organización de Estados Iberoamericanos, 2008) se señaló la necesidad de trabajar de manera conjunta por el patrimonio subacuático iberoamericano, como parte de la memoria común de todos y convocando una comisión de expertos iberoamericanos en el tema, designados por los gobiernos y coordinados por la OEI. No obstante, la cooperación en la materia es obligada, si atendemos a la necesidad de investigación de fuentes documentales, como las contenidas en el Archivo General de Indias. En este caso la creación de acuerdos bilaterales o multilaterales podría suponer un enriquecimiento mutuo, a través del intercambio de profesionales, de experiencias legislativas y buenas prácticas que permitieran a Colombia acudir a otras opciones antes que vender su patrimonio sumergido.