En primer lugar, impondría esta medida en todas las instancias del Estado. Empezando por la Jefatura del Estado, las CC.AA., los ayuntamientos, cargos de confianza, entes oficiales, empresas públicas, etc. Pero, esto no es suficiente. La cuestión no pasa por curiosear, por chismorrear o cotillear si éste gana más que aquel, o si tiene más casas Pepe que Juan. Éste parece haber sido el tono que se recoge en los medios de comunicación.
Estos datos deberían servir para poder controlar que los políticos, en quienes se pone la confianza ciudadana, no se enriquezcan por el desempeño de su función.
Que un político tenga más patrimonio que otro, no dice nada. A la política se puede dedicar un ciudadano que no tenga nada u otro que posea, por cuestiones familiares o particulares, una inmensa fortuna. Lo importante es que haya datos comparativos. Antes y después de la legislatura, eso es lo importante. ¿Cuánto tenía al empezar y cuánto tiene al terminar el periodo electoral? Y si el incremento de patrimonio es importante, el interesado tendría que explicar las causas.
Esta es la cuestión clave, ¿se enriquecen los políticos con la política? Además, para poder contestar a esta pregunta, todos los políticos cuando dejen de serlo deberían seguir publicando su patrimonio, porque, el pago a algunos políticos puede ser diferido. Hoy, conocemos casos como el de Aznar o el de González, por poner los ejemplos de los más poderosos, que se han colocado en empresas multinacionales, sobre las que han tomado decisiones importantes, y a pesar de seguir cobrando su importante pensión por el hecho de haber sido presidentes.
Eso también se debería de controlar. Los políticos, cuando terminen de ejercer como tales, han de volver a su ocupación primaria, y eso tendría que estar establecido por ley. Porque, ¿quién me dice a mí, que Aznar que hizo las fases decisivas de privatización de Endesa, no es hoy asesor de esa multinacional, como pago por esos servicios? Y así, otro muchos.
Es costumbre que los ex-ministros y muchos ex-parlamentarios se acomoden en consejos de administración de empresas sobre las que, durante su época de político, han tenido que tomar decisiones. Algo que debería estar prohibido. Lo que tenemos hoy no es suficiente, hay que ir más lejos, si queremos evitar corruptelas y mantener un sistema limpio.
Por otra parte, habría que definir más las propiedades. Por ejemplo, una vivienda en Madrid, poco dice, porque de estar en la ampliación del Pueblo de Vallecas a estar en Arturo Soria o en Doctor Esquerdo, puede haber una diferencia de 1 a 15.
Habría que ir más lejos. En todo caso, el control del patrimonio de los políticos debería ser más detallado e ir más allá de sus años de mandato. Debería controlarse seriamente que ningún político se aprovechara de su condición, ni durante ni después de su legislatura. Y para eso, los datos que se han publicado son insuficientes.
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