Revista Opinión
El reciente informe de la SIP sobre la libertad de opinión en Latinoamérica desnuda la dificultad para informar verazmente en muchos países de la Región.Periodistas asesinados o exiliados desde Río Grande hasta la Patagonia; leyes que bajo el eslogan de "democratizar la información" lo que buscan es volverla afín al poder existente; uso discrecional y coercitivo de la publicidad pública para anular criticas; regulación creciente en dificultad de acceso para obtener información detallada y sensible del Estado; estigmatización de la crítica, son algunas claras manifestaciones de la coerción estatal sobre los medios de comunicación.Medidas y situaciones que, sin ser privativas de ninguna tendencia política o ideológica, se hace más manifiesta donde el Poder Central tiene mayor centralización. En distintas medidas y con distintos métodos (incluidas otros menos directos como la adquisición de medios por propios o afines, la dificultad para conseguir insumos o la revocación o no renovación de licencias), Venezuela, Ecuador y Argentina (y Bolivia aún en relativa menor medida) repiten un estigma aparentemente superado en los 80: el control de la información y la opinión pública.A una profesión tan necesaria para la salud de la sociedad como la del informador público, la del periodista, a las dificultades inherentes a la misma se agrega el cuestionamiento de su ética y de su fiabilidad, olvidando que el llamado a juzgarlas es, precisamente, la Opinión Pública mediante el contraste de opiniones y posiciones diferentes. Informar no es hacer política (aunque haya quienes lo practiquen) y la libertad de expresión es la que siempre nos ha hecho libres. Gracias a ella, las Américas somos independientes.