El PGOU como enemigo público

Hablar de urbanismo en Sevilla es mencionar los nombres de Zoido y Vílchez. El alcalde de la ciudad y su delegado en la materia son la representación perfecta de las figuras del caballero andante y su escudero pateándose La Mancha para enfrentarse a monstruos y fantasmas imaginarios. Salvo que los molinos gigantes en este caso no se encuentran en lejanas y plácidas colinas, sino en los farragosos párrafos de la legislación local.
Zoio y Vílchez –tanto monta, monta tanto- tienen un declarado enemigo común: el PGOU. La única norma en vigor que regula ese océano tan caprichoso y proclive a la especulación, al fraude y al enriquecimiento ilícito como es el urbanismo de una ciudad. En su particular carrera de obstáculos hay una obsesión que preside todas sus actuaciones: remar a contracorriente de la ley, saltarse el Plan General a la torera o cambiarlo directamente para que no suponga ningún impedimento a sus deseos.
Y en aquellos casos en los que la planificación fracase o el impedimento resulte a todas luces insuperable basta con aplicar la medicina de siempre: la culpable de todo es la Junta de Andalucía, esa cueva de Alí Babá a rebosar de rojos y ateos reconvertidos a politicos.
Ahí están los casos del centro comercial de Decathlon en la Cartuja, Ikea, CaixaFórum, estación de autobuses del Prado de San Sebastián, la antigua comisaría de la Gavidia o el parking de la Alameda para documentarlo. Muchos de estos saltos al vacío esconden las presiones de los lobbies de la ciudad detrás, aún por encima de los intereses generales de los ciudadanos. Aunque al dúo protagonista de esta peculiar película parece importarle poco tal circunstancia.
En lo relativo a vivienda, más de lo mismo. A pesar de la trágica situación de miles de familias de la ciudad por causa de la crisis, el alcalde y su escudero han sido incapaces de ofrecer una alternativa válida más allá de que Emvisesa estudiará los importes de los alquileres caso por caso para adecuarlos a la situación particular de cada una. Algo loable, ciertamente, pero del todo insuficiente con las tragedias cotidianas que se dan en materia de vivienda en Sevilla.
Por si fuera poco, despreció herramientas que hubieran sido de bastante utilidad en las circunstancias actuales, como el parque de viviendas para uso social del que disponía OTAINSA -la oficina para la lucha contra el mobbing inmobiliario- que contaba con más de un centenar antes de su disolución, por el simple hecho de que fue la anterior corporación la que la puso en marcha. Si a ello se le suma que la empresa municipal de viviendas está prácticamente abandonada a su suerte, feo panorama el que se presenta por delante.
Además, su oposición visceral al movimiento ciudadano por una vivienda digna no ha hecho sino dificultar las cosas. Desde un principio Zoido y Vílchez ser mostraron contrarios a la lucha de las corralas. Tal enfrentamiento se hizo especialmente manifiesto en su posicionamiento contra La Utopía, el emblema sevillano de este tipo de respuesta ciudadana a la inacción de las instituciones ante un drama que preocupa a la gran mayoría de ciudadanos. Les cortó el agua y la luz e incluso los amenazó con enviarles a los servicios sociales para quitar a los padres la custodia de los menores que allí residen. Se cubrieron de gloria, vamos.
Sobre todo esto y también sobre la progresiva privatización de un servicio esencial como es el de Parques y Jardines os hablamos en nuestro análisis de hoy, “A la caza y captura del PGOU”, en el balance de la gestión del alcalde en estos dos años que estamos haciendo en sevilla report y sevilladirecto.com. No os lo perdáis.