El plan Houston, la privatización de YPF que arrancó con Alfonsín

El desguace de YPF durante la dictadura militar se puede observar en un dato: la deuda de la compañía saltó de 324 millones de dólares en 1975 a 5.700 millones en 1983. En buena parte, el desastre se había operado por una vía similar a la que se pretende transitar ahora: la utilización de fondos de YPF para atender gastos corrientes o importaciones, entre otros rubros. El latrocinio mayor ocurrió cuando Martínez de Hoz recurrió a un empréstito internacional para reforzar las reservas del Banco Central y financiar así la fuga de capitales, que anotó en la cuenta de YPF.
Además, YPF firmaba de continuo contratos con pulpos petroleros privados a los que se cedían las áreas más pobladas. La empresa estatal, mientras tanto, quedaba relegada a zonas marginales, con mayores costos. Así, en 1983, YPF, siendo la primera empresa argentina y la cuarta en América Latina, tenía un déficit de 4 mil millones de dólares anuales (el 70 por ciento de sus ventas).
Cuando Raúl Alfonsín asumió el gobierno en 1983, YPF era una compañía en situación de quiebra técnica. Los lobbies empresariales -los pulpos petroleros internacionales y sus operadores locales- sobredimensionaban los planes de exploración para asaltar los fondos públicos por medio de ese fraude. Otro robo en regla. La quiebra de la empresa y la crisis terminal del Estado argentino en materia de deuda externa hacían (como ahora) que no hubiera capitales ni para pensar en inversiones.
Frente a tal panorama, Alfonsín decidió acudir a capitales externos; es decir, a los monopolios petroleros (como ahora). Eso fue el plan Houston, llamado así porque el Presidente lo anunció en esa ciudad norteamericana, en el estado petrolero de Texas, en marzo de 1985. Por decreto, sin intervención del Congreso Nacional, se ofrecieron en licitación 1,3 millones de kilómetros cuadrados en áreas continentales y marítimas, que serían entregadas en concesión por 30 años.
En 1983, cuando el partido radical llegó al gobierno, YPF tenía reservas petrolíferas por 390 millones de metros cúbicos. En 1988, tres años después de lanzado el plan Houston, esas reservas habían caído a 362 millones de metros cúbicos. Ese solo dato señala el fracaso ruidoso de aquella entregada.
¿Por qué entregada?
Entre muchas otras, pueden enumerarse cuatro razones:
1) muchas regiones cedidas a los pulpos ya habían sido exploradas por YPF, con evaluaciones sísmicas y perforaciones. No había allí, por lo tanto, el anunciado ‘riesgo minero’ que según el gobierno asumirían las compañías extranjeras;
2) por imposición de los monopolios petroleros, los capitalistas locales sólo podían intervenir en las licitaciones si se asociaban con capitalistas del exterior;
3) todo el proyecto se orientaba hacia las exportaciones, no a atender las necesidades del mercado interno;
4) YPF se vio obligada a ceder áreas que ya tenía en explotación.
Aquello, de todos modos, empezó mal: se licitaron 165 áreas, pero de 105 ofertas sólo pudieron aceptarse 77. Los pulpos petroleros tomaron por asalto las explotaciones que YPF ya había explorado o ya tenía en explotación, y no hicieron (como ahora, durante los 10 años de gobierno K) una sola inversión de riesgo.
Fracasado el Houston, su impulsor, Rodolfo Terragno, ministro de Obras y Servicios Públicos, diseñó el Petroplán, que promovía la asociación de YPF con capitales privados para explotar áreas centrales (como ahora). Con el Petroplán comenzó la privatización de la petrolera estatal, proceso que Carlos Menem, respaldado entusiastamente por los K, culminaría en 1992.
Alejandro Guerrero