Revista Opinión
La Conferencia Episcopal Española ha vuelto a demostrar que aún se encuentra instalada en la lógica perversa del nacionalcatolicismo. La única diferencia reside en que en democracia la Iglesia, cualquier iglesia, pasa a ser un grupo de presión más entre millones de ciudadanos, sin derecho a imponer un estilo de vida determinado, sujeta al escrutinio público y al disenso. Señor Rouco, señor Camino, ustedes ya no poseen la legitimidad moral suficiente entre la ciudadanía, y -por ventura- ni siquiera el poder institucional de antaño, que convertía a los gobernantes en meros bufones de su catecismo.
A los obispos les sentó mal la política social del PSOE y ahora que estamos en campaña aprovechan la coyuntura para arengar al electorado hacia el voto moral. España es uno de los pocos países europeos en los que aún existe una fuerte vinculación entre el credo religioso y la política conservadora. El PP ha intentado en lo posible evitar un debate directo acerca de su posicionamiento en asuntos morales, pero cuando no le ha quedado más remedio que pringarse, se le ha visto el plumero católico.
La biblia conservadora del PP encaja a la perfección con las demandas de la Conferencia Episcopal. Exceptuando la oposición al divorcio, que a estas alturas sería absurdo e infértil vindicar, el Partido Popular coincide en devolver a España los valores que antaño -según ellos- hicieron de este país un ejemplo para la Cristiandad. Ningún partido conservador europeo posee este grado de sintonía programática con la fuerza religiosa imperante. La ideología neocon del PP en materia religiosa contradice la esencia misma del liberalismo clásico, según el cual es condición necesaria para que un Estado moderno adquiera un grado de concordia y cohesión social desvincularse radicalmente de cualquier credo religioso, respetando la separación entre Estado e Iglesia y dejando los asuntos espirituales en manos del libre discernimiento privado. Pese a que el Partido Popular sea una fuerza política democrática, aún persiste en él un sesgo preconstitucional del que aún no se ha liberado, ni parece tener intención de hacerlo. No ha entendido a estas alturas que el Estado debe ser neutro en materia religiosa, y que su única implicación en estos asuntos debe ser la de propiciar que todos y cada uno de los ciudadanos españoles puedan ejercer con libertad su derecho a creer (o no) en lo que deseen, sin favoritismos ni imposiciones. La moral del Estado es la Constitución y sus mandamientos las leyes que se acuerdan en el Congreso. La Iglesia Católica es una más entre las muchas confesiones privadas a las que tienen derecho los españoles a pertenecer o a excomulgarse. Para el Estado, que un español sea católico debe tener igual peso que si es del Real Madrid o es socio del Club de Amigos del Lince Ibérico. Todos estos ejemplos pertenecen al ámbito privado de la ciudadanía y el Estado no debe injerir en ellos, ni propiciando o impidiendo.
El PP sigue al pie de la letra su catecismo neoliberal del laissez faire en materia económica, pero evita aplicarlo en todo lo referente a asuntos morales que atentan -a su juicio- contra el catecismo católico. Esta implicación del Partido Popular en materia religiosa atenta gravemente contra un principio constitucional básico y pone en peligro el derecho de la ciudadanía a vivir su vida sin las injerencias del Estado. España dejó hace tiempo de ser Católica. Apostólica y Romana, para convertirse en un territorio plural, dialogante, en donde es posible la convivencia pacífica entre diferentes confesiones o convicciones porque el Estado las protege con igual encono que el derecho a no pertenecer a ninguna de ellas.
En estos días se habla mucho de la agenda oculta del PP en materia económica, pero desde siempre ha estado también en la mente de este partido facilitar en España las demandas del Vaticano, impidiendo que las leyes alcancen con su garantismo de derechos a aquellos que quedan fuera del credo pontificio. Cada vez que el Partido Popular abre la boca para hablar de asuntos morales, supura esta convicción atávica y preconstitucional que le ajena de parecer y ser un partido moderno y plenamente consciente del espíritu que alienta nuestra Carta Magna.
Ramón Besonías Román