El PP acierta al pretender suprimir a los defensores del pueblo, pero la medida tiene truco

Acierta el Gobierno de Mariano Rajoy al proponer la eliminación de los Defensores del Pueblo que existen en muchas las comunidades autónomas como una medida de ahorro, según se recoge en el informe sobre la reforma de las administraciones públicas que el Consejo de Ministros aprobó este viernes y que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones. Sin embargo, que nadie piense que el gobierno de Don Mariano se ha hecho demócrata de pronto porque eliminar a los defensores del pueblo es una medida intrascendente y de cara a la galería, que no representa nada. Es como si, para ahorrar, una familia decidiera suprimir el orégano en la dieta.

Los defensores del pueblo, salvo excepciones anecdóticas, jamás han defendido a los pobres y desvalidos y han estado siempre al servicio de los políticos que les nombran y les renuevan el cargo. Es absurdo y ridículo el sistema porque su esencia es perversa, ya que si el defensor del pueblo, cuya misión es defender al ciudadano frente a los abusos del poder de la casta política, tiene que depender, para mantenerse en el cargo, del voto de esa casta política, entonces todo es una pantomima sin lógica y con trampa.

Andalucía es un claro ejemplo de lo podrido que está el sistema y de la falsedad de esa institución del "Defensor del Pueblo". El anterior defensor, el "Cura" Chamizo, se ha mantenido casi dos décadas en su cargo gracias al voto favorable de los políticos, lo que significa que se sentían a gusto con quien tenía la misión de recriminarles sus abusos y arbitrariedades, que en Andalucía son masivos, rotundamente antidemocráticas e indignantes.

Cuando Chamizo se atrevió a decirles a los políticos que el pueblo estaba harto de ellos, fue destituido y sustituido por Jesús Maeztu, otro antiguo sacerdote, también situado en la órbita del PSOE, que ya le nombró antes Comisionado para la recuperación del deprimido barrio sevillano de las "3.000 viviendas".

Dado que en otras comunidades autónomas el asunto de los defensores del pueblo sigue guiones casi idénticos, con gente en el cargo que sirve mas a la casta que a la ciudadanía, es lícito pensar que suprimir esos cargos falsos, que implican el nombramiento, también, de representantes de los distintos partidos en torno al defensor y toda una "corte" de funcionarios al servicio de esos sátrapas, es un acierto.

Sin embargo, que nadie cree que el PP, de pronto, se ha vuelto demócrata y decente porque esa propuesta solo ha visto la luz porque la institución es intrascendente y el PP cree que puede prescindir de ella. El partido de Rajoy nunca se habría atrevido a adoptar otras medidas mucho mas necesarias y democráticas, como la eliminación obligatoria de las costosas embajadas autonómicas esparcidas por todo el mundo, la supresión de las diputaciones provinciales, donde "pastan" miles de cargos políticos inútiles, o la eliminación de la financiación con dinero público de los partidos políticos y sindicatos, una reivindicación multitudinaria de los españoles, que, según las encuestas, es compartida por mas del 80 por ciento de los ciudadanos, a la que el PP, a pesar del clamor popular, cierra los oídos porque les apasiona el dinero y porque la avaricia les puede y les domina.