La reforma del Código Penal propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es decepcionante desde el punto de vista democrático porque se orienta a la represión de los ciudadanos y se olvida de la demanda popular más intensa y profunda de la España actual: que se castiguen a los políticos corruptos y ladrones que inundan el país, incluyendo a los que han arruinado las cajas de ahorro y se han aprovechado de la ceguera del Banco de España y del gobierno para enriquecerse con indemnizaciones, sueldos y pensiones desorbitados.
Se endurecen las penas para los que se manifiesten en las calles contra el poder político, para los terroristas, los asesinos de ancianos y niños y los que atenten contra altos cargos del Estado, pero no se incrementan los castigos para los miles de políticos que practican el cohecho y la corrupción de manera impune, ni para los miles de cargos públicos que han incrementado su patrimonio sin poder justificarlo, lo que convierte a la reforma, ante los ojos de cualquier demócrata, en arbitraria, parcial y lesiva para la ciudadanía y la democracia.
La reforma de Gallardón pone al desnudo los verdaderos sentimientos antidemocráticos del PP, un partido mas interesado en castigar a los que protestan que a los políticos que delinquen. La reforma conecta con el pueblo al incrementar los castigos para terroristas y asesinos de niños y ancianos, pero cierra los ojos y oídos al clamor popular, mucho más intenso y masivo, que reclama mas dureza y castigos ejemplares para los políticos corruptos y ladrones, y refleja también la enorme distancia que separa a los políticos de su propio pueblo, frente al que se siente inquieto y al que teme porque sabe como es explotado, subyugado y condenado a sufrir más de lo que se merece. Poner en el punto de mira de la represión y la Justicia a los ciudadanos que salen a las calles a protestar por los recortes, las subidas de impuestos, las penalidades que sufren y los abusos del poder es una vileza injusta y cargada de oprobio.
Gallardón ha adelantado que se incluirá como delito la difusión de mensajes de movilizaciones que inciten a la alteración del orden público, algo tan confuso y potencialmente injusto y represivo que, en opinión de muchos juristas, es un peligroso cajón donde cabe absolutamente todo.
Algunos expertos y observadores independientes han interpretado la reforma de Gallardón como un intento de dotar al gobierno de armas punitivas legales contra la resistencia pacífica y pasiva de los ciudadanos. La resistencia ciudadana se ve venir ya con una claridad meridiana, hasta el punto de que algunos partidos políticos nada extremistas, entre ellos UPyD, utilizan el concepto "Resistencia" como argumento electoral. Muchos ven en el texto propuesto el miedo del gobierno a las protestas populares que se avecinan, no todas motivadas por el deseo de desestabilizar al gobierno. La mayoría serán protestas por la injusticia reinante, por los impuestos insoportables, por el empobrecimiento ciudadano, por los inmerecidos e injustos privilegios de la casta política y por la hiriente desigualdad vigente.
Otros aspectos negativos resaltados por los especialistas es que el hurto se penaliza más, a pesar de que muchas veces puede ser cometido por desesperados que carecen de recursos y tienen hambre, y que se otorga al policía una autoridad desmesurada, que da pie a la arbitrariedad y el abuso.
Todo parece indicar que el gobierno espera altercados importantes y se prepara para reprimirlos con la ley en la mano. El asunto es complejo y difícil porque los españoles están siendo tensionados hasta extremos casi inéditos en Europa- Son los que padecen un índice mayor de desempleo, los que pagan impuestos más desorbitados, los que están perdiendo más derechos y servicios sociales y los que se sienten más acosados por la injusticia y el avance de la pobreza.
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