El PPC de Sant Feliu de Guíxols critica la opacidad del gobierno municipal

17/06/2014. - El portavoz del PP Catalán en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, Óscar Álvarez, ha recomendado al alcalde del municipio que “para dar la máxima transparencia al proceso de crear la comisión de investigación del proceso de contratación del gestor turístico “. Álvarez lamenta que el gobierno municipal no haya satisfecho esta demanda de la oposición y critica su opacidad. “Si no tienen nada que ocultar y todo se ha hecho bien no deberían tener ningún problema para crear la comisión que hemos pedido toda la oposición”, ha dicho el concejal popular.

Para Álvarez, “hay indicios suficientes para pensar que este contrato ya tenía un adjudicatario desde el inicio”, y añade que “si observamos los entramados del proceso de contratación vemos que no podía tener otro destinatario que no fuera el beneficiario de las contrataciones anteriores “. Álvarez indica que “nos encontramos ante un tercer contrato de una importante suma económica que no ha sido informado como es a los miembros de la oposición como ya ocurrió con los dos anteriores”, y considera que “esto denota una absoluta falta de transparencia del gobierno municipal “. Además, ve injustificado el incremento de mil euros del importe mensual de facturación por el adjudicatario, que el pliego de condiciones establecía en € 3.719 más 21% de IVA. “La cantidad mensual debería ser, con IVA incluido, de 4.500 €, así que no entendemos por qué el nuevo pliego toma como base los 4500 € sin IVA, resultando un total mensual de 5.450 €”, detalló Álvarez, y concluye que “no hay ningún argumento que avale este desproporcionado incremento”.

El concejal popular también considera que el proceso “negociado y sin publicidad” no era el más adecuado, y explica que los otros dos candidatos que invitó el ayuntamiento para cumplir con lo que indica la ley (que debe haber un mínimo de tres candidatos), son desconocidos. “Un recibió la oferta y no contestó y el tercero ni la recibió”, indicó Álvarez, quien ve un incumplimiento de la ley de contratos de la administración pública.