Oficialmente, México es considerada una de las democracias más longevas del mundo. A diferencia del resto de Latinoamérica —cuya historia reciente está marcada por los conflictos armados, las guerras civiles y las dictaduras militares—, desde 1930, todos los presidentes mexicanos han concluido sus mandatos tras los seis años correspondientes y sin posibilidad de reelección. Tampoco se ha dado desde entonces ningún golpe de Estado militar y, hasta la actualidad, la Constitución de 1917 se ha mantenido vigente otorgando al país una estabilidad institucional que destaca, sobre todo, al compararse con los demás países de la región.
Sin embargo, la realidad política mexicana a lo largo del siglo XX ha llevado al cuestionamiento generalizado de la calidad democrática del país. La permanencia en el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional —también conocido como PRI— durante setenta años dio lugar a lo que el politólogo Giovanni Sartori llamaría un “sistema de partido hegemónico”, en el cual el pluralismo político y la participación se ven limitados por la monopolización del poder. En 1990, Mario Vargas Llosa calificaría al sistema mexicano como una “dictadura perfecta” caracterizada por “la permanencia; no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible”.
El Partido Revolucionario Institucional ocupó de forma ininterrumpida prácticamente todas las instituciones políticas de México entre los años 1930 y 2000, centralizando el poder en todos los niveles de gobierno. Las decisiones políticas del partido determinaron el curso de la economía y la sociedad del país a lo largo del siglo XX, por lo que hasta la actualidad siguen presentes en la sociedad mexicana vestigios importantes de esta “dictadura perfecta”.
La legitimidad del PRI ha variado a través del tiempo: lo que en un principio se percibía como un proyecto revolucionario que concentraba en su ideario los intereses de una gran parte de la población evolucionó, dando lugar a un partido autoritario cuya integridad se deshacía tras cada episodio de represión, fraude electoral y corrupción. Gracias al crecimiento de la desconfianza, desde 1980 el PRI comenzó a perder puestos de poder progresivamente, llegando, en el 2000, a su derrota en las elecciones presidenciales frente al candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox. Desde entonces ha formado parte de la oposición, a excepción del sexenio entre 2012 y 2018, cuando el PRI volvió al Gobierno con Enrique Peña Nieto como presidente.
El partido de la revolución
Como su nombre indica, el Partido Revolucionario Institucional se origina en la Revolución mexicana de 1910, la cual se levantó contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz —también conocido como porfiriato— que había gobernado el país desde 1876. A lo largo de estos 35 años de dictadura, México experimentó un notable crecimiento económico y mantuvo una gran estabilidad. Sin embargo, los costes políticos y sociales del porfiriato fueron muy altos, perjudicando especialmente a aquellos sectores más marginados de la sociedad, como lo son los pueblos indígenas y la población campesina y obrera.
La Revolución mexicana dio lugar a un periodo de fuerte inestabilidad a partir de 1910, marcado por las revueltas militares, los levantamientos religiosos y la guerra civil, entre otras formas de violencia política. Entre uno y dos millones de personas murieron durante el período armado de la revolución, entre los cuales se encuentran líderes revolucionarios como Francisco Pancho Villa, Francisco Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata. Al tratarse de una rebelión popular sin un mando unificado ni un líder político determinado, el proceso se desarrolló por medio de distintas fuerzas regionales o locales dispersas a lo largo de todo el territorio, guiadas por sus respectivos líderes —también conocidos como caudillos—. La fragmentación del movimiento impedía el desarrollo de un nuevo Estado en el cual se pusiera en marcha el proyecto revolucionario.
Para ampliar: “Caudillos, conflictos y partidos en el México posrevolucionario”, Alcira Soler Durán, 2013
No fue hasta 1929 que la estabilidad política fue restaurada. Fue entonces que el presidente Plutarco Elías Calles, junto a otros líderes revolucionarios, decidió fundar el que entonces llamaron Partido Nacional Revolucionario, con el objetivo de centralizar el poder político que durante la Revolución se había dispersado. El propósito de Calles fue el de acabar con el caudillismo y dar pie a una “nación de instituciones” en la cual se unificaran los elementos revolucionarios del país.
En el Partido Nacional Revolucionario se concentraron múltiples partidos, tanto locales como nacionales, que se habían creado desde 1910 y que entonces apoyaron al nuevo Gobierno, creando lo que llamarían “la gran familia revolucionaria”. En 1929, había en México 51 partidos registrados; en cuatro años, el número se redujo a cuatro. Poco a poco, el Ejecutivo de Plutarco Elías Calles fue construyendo las bases institucionales mediante las cuales el Gobierno central ganó terreno frente a los poderes locales.
La centralización del poder: presidencialismo y corporativismo
El entonces PNR legitimó su permanencia en el poder en la existencia de un supuesto sistema democrático, que se sustentaba en la celebración de elecciones periódicas y en la existencia de una oposición política. Sin embargo, para alcanzar la estabilidad a la que aspiraba Calles se implementaron una serie de estrategias que facilitaron mantener al partido en el poder. Una de las más importantes fue la concentración del poder político en el presidente de Gobierno, al que se consideraba el portador de la tradición revolucionaria y un símbolo de unidad en una nación social y geográficamente diversa.
Para ampliar: “México en el siglo XX, la concentración del poder político”, Lorenzo Meyer en La unidad nacional en América Latina: del regionalismo a la nacionalidad, 1983
La Constitución de 1917 dio primacía al poder ejecutivo, construyendo un sistema político en el cual el presidente concentra una gran cantidad de competencias que le otorgan un papel decisivo —por encima de cualquier otra institución— en el desarrollo de la política del país. Tanto es el poder del presidente, que el sistema político mexicano es a veces descrito como un “presidencialismo imperial”. Dentro del partido, por ejemplo, el presidente es el encargado de designar al candidato que lo suceda, así como de seleccionar, aprobar o proponer las candidaturas para los puestos de elección popular. De esta forma, la trayectoria del PRI —y por lo tanto, del Estado mexicano— ha estado estrechamente ligada a la voluntad y a las intenciones políticas de los presidentes del momento. Sin embargo, para prevenir la repetición de una dictadura prolongada como el porfiriato, la Constitución de 1917 prohibió la reelección presidencial y estableció el ciclo de sexenios que hasta hoy prevalece.
Para ampliar: “Facultades metaconstitucionales del Poder Ejecutivo en México”, Fernando Serrano Migallón en Revista de Estudios Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2006
Este proceso de centralización del poder en el partido culminó con el Gobierno de Lázaro Cárdenas, el sucesor a Plutarco Elías Calles, entre 1934 y 1940. En 1938, el PNR pasó a llamarse Partido Mexicano Revolucionario (PMR), y reformó por completo su estructura interna, transformándola en una corporativista. Con la creación de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) —cuyos miembros tenían que militar en el partido— se integró en el PRM a los cuatro principales sectores de la sociedad mexicana: campesinos, obreros, militares y “populares” —organizaciones sociales de las clases medias profesionales—. Dado que la CTM, la CNC y la CNOP reunían la mayoría de los sindicatos y federaciones del país, el PRM se fue transformando en un partido de masas, con una base militante de más de 7 millones de personas.
En esta estructura corporativista, el PRM pudo mantener el control tanto sobre el Estado mexicano como sobre su sociedad. Si bien la vinculación con el partido proveyó a los sindicatos y a las asociaciones de campesinos de una mayor participación en los procesos políticos, también los despojó de su independencia y autonomía política. Hasta 2018 la CTM no permitió a sus miembros militar en otros partidos que no fuesen el Partido Revolucionario Institucional.
El poder militar también se vio reducido desde 1929. En 1940, el presidente Manuel Ávila los eliminó definitivamente como sector del PRM y, en 1946, el PRM se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), marcando el fin de una etapa de presidentes militares y comenzando una nueva en la que el país consolidaría su institucionalidad. A partir de entonces, los militares no han tenido la misma influencia política que en el resto de la región latinoamericana a lo largo del siglo XX, ya que ningún otro país de la región —a excepción de Costa Rica, que abolió las Fuerzas Armadas en 1948— ha estado libre del control militar por tanto tiempo.
El giro a la derecha
Desde su creación, el PRI no ha tenido una ideología definida, sino que se ha caracterizado por el pragmatismo, enfocado en hacer lo necesario para mantenerse en el poder y ganar las siguientes elecciones. En sus setenta años de gobierno, sus presidentes han ido variando su posicionamiento y sus políticas en función de las necesidades del partido y de las demandas de la ciudadanía. Tradicionalmente, ha querido posicionarse en el centro político, desde el cual ha podido atacar al Partido de Acción Nacional —el partido conservador que durante cuarenta años fue su mayor competencia política— y a su vez descartar las ideologías de izquierdas por ser demasiado radicales. Uno de sus elementos ideológicos más característicos ha sido la apropiación de los símbolos nacionalistas y del discurso revolucionario para obtener legitimidad y justificar su permanencia en el poder.
Hasta 1940, las políticas económicas y sociales del entonces PRM se acercaban más al nacionalismo heredado de la Revolución de 1910. Durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas, esto se plasmó en políticas como la nacionalización del petróleo, la formación de una industria eléctrica nacional y una reforma agraria que puso 18 millones de hectáreas en manos de los campesinos. Sin embargo, entre 1940 y 1970 las políticas pasaron de dar prioridad a la igualdad y la redistribución a orientarse hacia el crecimiento económico del país. Se puso un límite a las importaciones para crear incentivos en la producción nacional y el gasto público fue destinado al desarrollo de la industria.
Durante estas décadas, México entró en un período de estabilidad y crecimiento económico —también conocido como “milagro mexicano”— en el cual tuvieron una gran influencia la Segunda Guerra Mundial y las relaciones comerciales que se establecieron con el exterior, que beneficiaron la exportación de materias primas nacionales como el petróleo. En treinta años, el país se convirtió en una de las principales potencias económicas de la región, lo que se tradujo en la modernización del país y en un acelerado proceso de urbanización.
Con este cambio de dirección del PRI, la CTM también dejó de lado los intereses de clase —representados en su anterior lema “por una sociedad sin clases”— para dar prioridad a la unidad nacional, representada en el nuevo lema “por la emancipación de México”. El crecimiento económico también dio paso al aumento de la desigualdad del país, que dejó a millones de personas marginadas y en la pobreza. Las tensiones sociales comenzaron a aumentar a partir de entonces, dando lugar a nuevas guerrillas marxistas que se formaron en las zonas rurales del país, así como a nuevos movimientos estudiantiles y obreros que comenzaron a manifestarse por la caída de la calidad de vida y por los casos de corrupción dentro de las organizaciones del partido.
Los inicios de la crisis política
En el año 1968, la masacre de Tlatelolco —una movilización estudiantil en la cual murieron centenares de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad del Gobierno— fue el detonante para que en las últimas tres décadas del siglo XX la confianza de la ciudadanía en el PRI cayera considerablemente. La violencia policial —también presente en otros episodios de represión, como la matanza del Jueves de Corpus en 1971, o la Masacre de Aguas Blancas en 1995— dio inicio a una guerra sucia entre éste y los movimientos de oposición política, dejando ver la cara más autoritaria del Partido Revolucionario Institucional.
La crisis de legitimidad del partido estalló especialmente a partir del Gobierno de Miguel de la Madrid, que tuvo lugar entre los años 1982 y 1988, gracias a múltiples factores entre los que se encuentran la profunda crisis económica de 1982, la ineficiencia del Gobierno ante el terremoto de 1985, el crecimiento de las redes de narcotráfico y los escándalos de corrupción. El giro de las políticas económicas hacia unas de corte neoliberal aumentaron las tensiones sociales y sacaron a relucir los problemas de desigualdad en el país. Los Gobiernos de Miguel de la Madrid y de su sucesor, Carlos Salinas, acabaron con la reforma agraria que había estado en vigor desde el Gobierno de Cárdenas, lo que dio lugar a la privatización de los terrenos y de los recursos naturales. La rebelión zapatista de 1994 en Chiapas —que comenzó el mismo día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) durante el Gobierno de Carlos Salinas— dejó al descubierto el descontento social de la población rural e indígena frente al neoliberalismo del Partido Revolucionario Institucional.
Para ampliar: “El movimiento zapatista: la lucha contra el neoliberalismo mundial”, Esther Miranda en El Orden Mundial, 2016
Otro de los factores que contribuyó al descontento generalizado de la población fue el fraude electoral de 1988. Ese año surgió una corriente del PRI encabezada por el hijo del expresidente Lázaro Cárdenas —Cuauhtémoc Cárdenas—, que buscaba democratizar los mecanismos de selección de los candidatos priístas, y que luego se separaría del partido para dar lugar al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Con la separación, el PRI perdió a gran parte de su militancia y se enfrentó por primera vez tras sesenta años a una verdadera competencia electoral. Para las elecciones federales del mismo año, las encuestas preveían resultados favorables al partido de Cárdenas, sin embargo, el día de las elecciones, las autoridades anunciaron una caída del sistema informático que al recuperarse dio la victoria al priísta Carlos Salinas, aumentando la sospecha que la ciudadanía albergaba contra el partido. Años más tarde, en 2009, el expresidente Miguel de la Madrid confesó que “la caída del sistema” en las elecciones había sido manipulada para que el PRI se mantuviese en el poder.
El desafío de la estabilidad
Desde la Revolución mexicana, el país había disfrutado de una estabilidad y continuidad política que acabó con la llegada al país del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. A partir de entonces, la inseguridad y la violencia se convirtieron en elementos que visibilizaron la debilidad del partido en el manejo de los conflictos. En 1994, los asesinatos de los líderes priístas Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu —por el cual se responsabilizó al hermano del presidente, Raúl Salinas— dejaron al descubierto los conflictos internos del partido, así como sus posibles vínculos con las redes de narcotráfico que desde los 80 comenzaron a penetrar en las estructuras e instituciones del país. El último presidente del PRI, Ernesto Zedillo, tampoco se libró de los escándalos de corrupción y de la vinculación a las redes del narco.
Para ampliar: “El narcotráfico en México, historia de un fracaso político”, María Fernández Sánchez en El Orden Mundial, 2017
A partir de las elecciones de 1988, el PRI comenzó a perder cargos en las instituciones políticas progresivamente, dando inicio a un proceso de transición democrática que culminaría con la victoria en el año 2000 del candidato a presidente por el Partido de Acción Nacional, Vicente Fox. Durante los dos sexenios siguientes, el PRI formaría parte de la oposición hasta volver a gobernar en 2012 con Enrique Peña Nieto como presidente. Si bien hoy México es una democracia, persisten en el país la pobreza y la desigualdad, a los que se suman problemas como la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad de una clase política que a través del tiempo se ha ido malogrando. La alternancia en el Gobierno no ha brindado seguridad al Estado mexicano, que hoy se enfrenta a una crisis social y política que se origina en la debilidad de sus instituciones. La clase política se enfrenta nuevamente —y tras cien años— al desafío de la inestabilidad con la que Plutarco Elías Calles quiso acabar.
El PRI, 70 años dominando México fue publicado en El Orden Mundial - EOM.
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