Entre gritos de “independencia” y “autonomía”, 9 líderes independentistas salieron de las prisiones donde se encontraban cumpliendo condena.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el lunes de la semana pasada, desde el Gran Teatro del Liceo de Barcelona que propondría al Consejo de Ministros la aprobación de los nueve indultos a los condenados en el ‘procés’: Junqueras, Forcadell, Romeva, Cuixart, Sànchez, Bassa, Forn, Rull i Turull. Por su parte, los miembros del Govern catalán, que siguieron la comparecencia de sus compañeros ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, no alteraron sus agendas y plantaron a Sánchez en su presentación en el Liceo. Ya habían advertido de que la única manera de solucionar el conflicto político entre Catalunya y España era la amnistía de presos y exiliados y poner fin a todas las causas judiciales abiertas. “Los indultos –aseguraban fuentes de Esquerra Republicana– son una respuesta parcial y personal que no resuelve, en absoluto, la causa general contra el independentismo”. Son unos 3.000 los afectados por las diferentes causas abiertas en torno al procés. Y el principal exponente de la represión que quedaba al margen de los indultos eran los exiliados: el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, que residen en Bélgica, la secretaria general de ERC, Marta Vilalta, y la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que residen en Suiza. Son, según datos de Òmnium Cultural, 44 cargos condenados (además de los seis exiliados) por el 1-O; otros 56 son investigados” por el Tribunal de Cuentas por la misma razón y, supuestamente, por defender la causa soberanista en el exterior con dinero público; 18 investigados por las webs que promovieron el referéndum; 18 docentes por implicarse en las votaciones y 712 alcaldes catalanes por permitir y colaborar con la organización del referéndum del 1-O. Pero el pasado martes sólo 9 presos independentistas condenados a cárcel por el “procés fueron indultados. Unos indultos aprobados en un Consejo de Ministros de 4 horas, firmados por el rey y publicados en el BOE. Del resto, todo quedaba como antes.
Curiosamente, el mismo lunes, el Consejo de Europa pedía en una resolución la liberación de los políticos catalanes en prisión, el levantamiento de los cargos contra los exiliados por el ‘procés’ y la reforma el Código Penal español. “¿Debería enjuiciarse a los políticos por sus declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?” se preguntó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), al votar una resolución sobre los políticos catalanes en prisión. El informe, liderado por el socialista de Letonia, Boriss Cilevics, y aprobado por amplia mayoría (70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones), equiparó la situación de los independentistas catalanes con la de la minoría kurda, reprimida y perseguida durante décadas por el Estado turco. La Asamblea arrancó su análisis, reconociendo que España es una democracia que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, estimó que los políticos catalanes fueron enviados a prisión por “sedición y otros delitos, como las declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos”. El informe fue una sacudida al Gobierno, que no la acogió con buenos ojos. Estrasburgo instó a Madrid a considerar los indultos o cualquier otra vía para liberar a los políticos catalanes por su participación en el referéndum ilegal de octubre de 2017. Y recomendó la retirada de las demandas de extradición contra Carles Puigdemont y el resto de exiliados del 1-O, amparando que ninguno de los políticos en cuestión hizo llamamientos a la violencia. “Por el contrario, llamaron a evitar incidentes violentos”. Por ello, la APCE pidió la “liberación sin demora de todos los políticos, bajo la definición de prisionero político de la Asamblea”. Y recomendó al Gobierno español una reforma del código penal que evitase confusiones futuras sobre los delitos de rebelión y sedición que puedan dar lugar a “penas desproporcionadas en delitos no violentos”. El documento responde con dureza a la contemplación de estos dos delitos a los que se refiere como “obsoletos” y “contraproducentes” y “convierten a los políticos en héroes o mártires”, según la resolución, sometida a varias enmiendas del PSOE y PP, que fueron rechazadas. Boriss Cilevics concluye que, si bien las leyes de desconexión y la celebración del referéndum se llevaron a cabo “de forma clara fuera de la Constitución”, nunca dieron lugar a la violencia. “Podrían haber concluido en algunas sanciones, por ejemplo, por desobediencia”, pero no en las largas y desproporcionadas condenas por sedición, concluye el socialista Cilevics.
Tras participar en un encuentro con sus homólogos europeos, Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores español, señala, en rueda de prensa en Luxemburgo, que el documento “adolece de un pecado original” por estas cuestiones. Asimismo, asegura que las recomendaciones del informe son “incoherentes” y “confusas”. “González Laya aplaude, por otra parte, que el documento reconozca la solvencia del Estado de Derecho y la independencia del poder judicial. El Gobierno de Sánchez no acoge bien la resolución, especialmente en el cuestionamiento de la libertad de expresión. Y señala que “en España, rige la separación de poderes”. Aplaude, por otra parte, que el documento reconozca la solvencia del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y el reconocimiento de que los actos del 1-O fueron ilegales e inconstitucionales. Por su parte, Oriol Junqueras celebra que el texto reconozca a los catalanes como “presos políticos” y pide, por lo tanto, la liberación de todos ellos. La resolución calienta el anuncio sobre los indultos. El Consejo de Europa, que no forma parte de la Unión Europea, es el principal garante de los derechos humanos, las libertades y los derechos fundamentales en el continente. Y, aunque su resolución no es vinculante, sí envía un mensaje simbólico a Madrid para que actúe de urgencia en la causa catalana. Poco antes, el líder de ECR señalo en una entrevista a Catalunya Ràdio que este gesto del Ejecutivo responde a una necesidad de blindarse ante posibles condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero su aprobación llega poco antes de que Pedro Sánchez anuncie de forma oficial la concesión de esta medida de gracia para los políticos catalanes encarcelados.
Las reacciones de la clase política al anuncio de Sánchez sobre los indultos a los presos del procés se suceden en las redes sociales, acumulándose tanto las críticas como los aplausos a la decisión del Ejecutivo. Incluso dentro de las propias formaciones hay voces discordantes con la postura 'oficial'. Tanto el PP, Ciudadanos y Vox, como la CUP y Junts, arremeten por motivos diferentes contra el Gobierno, mientras que el PNV, Más País, Podemos y el PSOE aplauden la decisión. Ione Belarra, la nueva líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, subrayaba el lunes que “los indultos acaban con el enquistamiento político que durante años se ha vivido en Catalunya. Es hora construir un país fraterno basado en el diálogo y la negociación”. Por el contrario, el dirigente popular, Pablo Casado, señala que “Sánchez pretende presentar hoy este desfalco de soberanía en formato de ópera bufa en el Liceo, con una platea subvencionada por los fondos europeos. Lo que vemos hoy en el Liceo es una supuesta sociedad civil rota y débil entregada a un Gobierno con dinero, pero sin principios”. El líder de Vox escribe: “El espíritu de la Constitución es su fundamento, es decir la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles. Debilitar esa unidad indultando a los golpistas es pisotear la Constitución y, aún más grave, traicionar a España”. La dirigente de Cs, Inés Arrimadas, sostiene que “las amenazas del separatismo y los condenados, crecidos con el indulto, demuestran que el único reencuentro que tendrá Sánchez es con los golpistas y el procés. Sánchez pasará y España prevalecerá”. Íñigo Errejón, líder de Más País, afirma que “el Gobierno está siendo valiente y pensando en el reencuentro. Para nosotros este no es el paso final sino el que permite iniciar el camino”. El portavoz del PNV, Josune Gorospe, declara que “es una decisión valiente y absolutamente necesaria. Nosotros la aplaudimos y apoyamos porque es de justicia y por principios democráticos. Además, consideramos que es un paso hacia adelante que va a favorecer lo realmente importante”. Para el presidente catalán, Pere Aragonès, los indultos no son la solución a esta causa general contra el independentismo. “Nuestra propuesta es la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación a través de un referéndum”. La portavoz de Junts, Elsa Artadi, señala: “Acabamos de ser testigos de un acto de marketing político del PSOE. El Liceo no es el escenario para hacer política. Los indultos no son ningún acto de generosidad, Sánchez se ha visto obligado a concederlos por las presiones internacionales gracias al trabajo realizado desde el exilio”. Según la diputada de la CUP, Mireia Vehí, “el independentismo al completo sale a decir que los indultos no son la solución de nada”. Mientras que Sira Rego, la portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida, considera que es el momento de “coser heridas”, por lo que valora que la concesión a los políticos independentistas del ‘procés’ va a servir para avanzar por las “vías de la sensatez” necesarias en el diálogo con Cataluña.
La voluntad de “concordia y convivencia” expresada por Pedro Sánchez en el teatro del Liceu fue recogida por medios como el Financial Times, The Guardian o el Washington Post, analizando las posibles consecuencias de la puesta en libertad de los líderes independentistas tras casi cuatro años en prisión. El británico Financial Times publicó un editorial titulado “Los indultos catalanes ofrecen una posibilidad de reconciliación”, con un subtítulo en el que afirman que “Pedro Sánchez está en lo cierto al buscar una salida a la parálisis política y la división social”. En el texto, se considera que “las duras penas de prisión respondían a la dureza del código penal español y a la sed de venganza de muchos españoles contra quienes deseaban romper el país, pero no han conseguido curar las heridas de una Catalunya dividida ni han ayudado a España a encontrar una solución para una región con una fuerte identidad política y cultural”. El periódico inglés insiste en que estos indultos “no son una concesión a los nueve políticos que permanecían en prisión, sino a los millones de catalanes que los votaron” y critica que el Partido Popular “se opone a los indultos, pero no ofrece soluciones”. Además, se plantean otras posibles consecuencias de los indultos en una columna titulada “La apuesta del presidente español por la calma podría avivar las tensiones en Catalunya”, abriendo el texto con una cita de Ortega y Gasset en la que se afirma que “el problema catalán es un problema que no se puede resolver, solo se puede soportar”. El autor asegura que esta decisión de Pedro Sánchez es una apuesta arriesgada a la que se opone el 60% de sus votantes y en la que corre el riesgo de desestabilizar su propio Gobierno. Otros medios que cubren la decisión de dejar en libertad a los presos independentistas son la BBC, Il Corriere della Sera, Le Figaro, o el Washington Post, que destaca las críticas de la “ligera mayoría” de los españoles y del informe en contra del Supremo pero, a su vez, considera la decisión como el mayor cambio de las políticas del Gobierno hacia Catalunya desde “el caótico referéndum de independencia de hace cuatro años”. En The Guardian señalan que la decisión de conceder la medida de gracia es “controvertida” y recogen las palabras del presidente español en su acto ante el Liceu. El 'Washington Post' titula: “El presidente español dice que los separatistas catalanes condenados por sedición serán indultados” y expone: “La decisión, con la oposición de una ligera mayoría de españoles y del Tribunal Supremo del país, marcará el mayor cambio político del gobierno central hacia Cataluña desde el caótico referéndum sobre la independencia hace cuatro años”. Y argumenta que “la medida tiene como objetivo aliviar las tensiones en la que se ha convertido en la mayor crisis política de España desde la transición a la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975. Para algunos catalanes, los nueve líderes encarcelados se han convertido en un símbolo emocional de lo que dicen que es un derecho, denegado por Madrid para elegir el destino de su región”. En Francia, “Le Parisien” explica que “el objetivo es encontrar una salida a la crisis separatista en Cataluña”, pero recoge recientes encuestas que muestran que la mayoría de los españoles estaría en contra de conceder los indultos.
La concesión de los indultos a los presos del procés ha vuelto a poner en la diana esta medida de gracia que concede el Gobierno. Hasta ahora, la Fundación Civio recopiló en su buscador 10.652 indultos concedidos en España desde el año 1996. Si hacemos un repaso por la hemeroteca, lo sucesivos gobiernos del PP aprobaron 152 de los 232 indultos para condenados por casos de corrupción. El gobierno de José María Aznar (PP) es el que más veces concedió veces esta medida de gracia, 139, por las 62 de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), las 16 de Mariano Rajoy (PP) o las 10 de Felipe González (PSOE). El PP tiene en su haber polémicos indultos que incluyeron la conmutación de la pena, parcial o totalmente, para dos altos cargos socialistas condenados por los GAL, cuatro Mossos d'Esquadra que torturaron a un hombre para obligarle a confesar, 15 terroristas de la organización terrorista catalana Terra Lliure y un Guardia Civil cómplice de una agresión sexual, entre otros. Rafael Vera y José Barrionuevo, exministro del Interior y el exsecretario de Estado del gobierno de Felipe González, fueron condenados por el caso Marey, en una de las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), acusados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla etarra. En diciembre de 1998, el Gobierno del PP les concedió, junto a los demás condenados, el indulto parcial y el tercer grado penitenciario, después de que fueran condenados a diez años de cárcel y doce de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y malversación de fondos públicos. Otra de estas polémicas medidas de gracia concedidas por Aznar fue el indulto a 15 ex miembros de la organización terrorista catalana Terra Lliure. Pese a que la tramitación la inició el gabinete de Felipe González, dejó en manos de los populares la decisión final por un error en la tramitación burocrática y los indultos fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en agosto de ese mismo año. Además de estos casos, en el año 2000 el Gobierno de Aznar decidió indultar a Javier Gómez de Liaño, magistrado condenado por prevaricación en 1999. Meses antes, el Tribunal Supremo se había posicionado en contra.
En 2014 el Gobierno de Rajoy aprobó el indulto para el agente de la Guardia Civil, Manuel Arbesú, condenado a seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de la mitad de las costas procesales. Su delito, omisión del deber de perseguir delitos tuvo lugar en 2011. Arbesú grabó a otro hombre mientras metía la mano entre las piernas a una mujer en un vagón de tren, tocándole la zona del pubis por encima del pantalón. El indulto modificó la pena, que implicaba la pérdida de plaza de funcionario, por una multa de unos 500 euros, por lo que pudo seguir en el cuerpo. Dos años antes, el Gobierno del PP concedió indultos a cuatro Mossos d' Esquadra de la policía autonómica de Catalunya, condenados por torturar a un hombre detenido por error, amenazarle, golpearle y meterle una pistola en la boca para obligarle a confesar. Los policías debían cumplir penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión decretadas por el Tribunal Supremo, pero se les rebajó la pena a dos años de prisión, con el convencimiento de que los agentes no entrarían en la cárcel. El Gobierno de Rajoy indultó en 2012 a un conductor 'kamikaze' que cumplía una condena de 13 años de cárcel por conducir varios kilómetros en dirección contraria a alta velocidad por una autopista de Polinyà del Xúquer (València), hasta que chocó frontalmente con otro vehículo cuyo conductor resultó muerto y su acompañante, herida. Tras la ratificación del fallo por el Tribunal Supremo y con un cumplimiento de condena que se redujo a diez meses en prisión, el ministro de Justicia por aquel entonces, Alberto Ruiz Gallardón le indultó. Este indulto provocó una gran alarma social, sobre todo después de que se desvelara que el abogado del kamikaze era hermano de Ignacio Astarloa, un exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior, y que además trabajaba para el despacho Uría y Menéndez, en el que también estaba empleado un hijo del exministro Alberto Ruiz-Gallardón. También fue Gallardón quien concedió en el año 2012 un indulto a un exalto cargo de Convergencia i Unió (CIU), precursora del actual JxCat, Josep María Servitje Roca, y a su cómplice, también vinculado a la coalición, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos. Servitje había sido secretario general de Trabajo de la Generalitat durante el mandato de Jordi Pujol, informa El Confidencial. Según explica el citado medio, los indultos desataron las críticas del arco parlamentario “por lo poco ejemplar de la decisión” e, incluso, se relacionó con el apoyo de CiU a la reforma laboral del PP.
¿Qué Gobierno en España ha concedido más indultos? Los diferentes Gobiernos han recurrido a esta medida de gracia para conmutar parcial o totalmente una pena. Tanto los Ejecutivos del PSOE como los del Partido Popular, que ahora rechaza frontalmente conceder indultos a los presos del procés. Desde 1996 se han concedido 10.652 indultos en España, según los datos de la Fundación Civio. La mayoría se concedieron por delitos contra la salud pública o robos, pero, tal y como recuerda la organización, los delitos que más porcentaje acumulan de indultos en relación a las condenas totales son los de malversación, contra el medio ambiente o de funcionarios contra las libertades individuales. “Tres de esos cuatro delitos tienen que ver, directamente, con el ejercicio de un cargo público o la sustracción de dinero de las arcas de las administraciones”, enfatiza Civio en su estudio. Es aquí cuando se puede desgranar qué Gobierno ha aprobado más indultos en casos de corrupción. De los 10.652 indultados desde 1996, 3.044 habían sido condenados por delitos contra la salud pública. Le siguen de cerca los delitos por robos, con 2.080 indultados, si bien, recuerda la fundación, son también los más habituales en las listas anuales de condenados. Por otro lado, los hombres se beneficiaron de más indultos que las mujeres: 1.266 frente a 380 entre 2007 y 2017. La Fundación recuerda que los hombres son mayoría entre los condenados –2.150.252 frente a 316.741–, pero, en proporción, las mujeres reciben en más ocasiones la medida de gracia.
Aunque la mayoría de los indultos pasan desapercibidos, muchos han tenido nombre propio por la repercusión social de la medida adoptada por el Gobierno y por el peso político del condenado, desde un exministro del Interior a un expresidente autonómico. Medidas de gracia concedidas a políticos condenados por diferentes causas, desde los GAL a corrupción que también despertaron polémica, aunque no la polvareda política que han levantado los indultos a los presos por el procés de esta semana. Fue el Ejecutivo de José María Aznar el que aprobó, en 1998, los indultos para el exministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, miembros del gobierno de Felipe González y condenados a diez años de cárcel por su implicación en la guerra sucia contra ETA, en concreto, por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. La Fiscalía se opuso ante la falta de arrepentimiento y al considerar que no eran “de justicia”, pero el Tribunal Supremo informó a favor de un indulto parcial que fue la fórmula que acordó finalmente el Gobierno, reduciendo sus condenas a un tercio. Barrionuevo fue el primer exministro de la democracia que entraba en prisión y años antes Juan Hormaechea había hecho también historia al convertirse en el primer presidente autonómico condenado por la justicia. El último Gobierno de Felipe González le concedió un indulto parcial de la pena de prisión. Aquella condena acabó siendo anulada por el Constitucional, pero no fue la única a la que hizo frente Hormaechea a lo largo de su vida. El indulto también ha beneficiado a alcaldes, como Jesús Gil. En 1994 el Gobierno concedió la medida de gracia al primer edil de Marbella tras una condena de dos meses de arresto y suspensión de cargo público por un delito de estafa.
Gil, que tuvo una larga trayectoria en los tribunales por su gestión en Marbella y al frente el Atlético de Madrid, ya había sido indultado años antes por el general Franco, previo pago de 400 millones de pesetas, cuando fue condenado por imprudencia temeraria, a raíz del hundimiento del restaurante de la urbanización Los Ángeles de San Rafael, donde murieron 58 personas. Entre los indultos a políticos, está también el que se concedió en 2000 al exdiputado socialista, Carlos Navarro, junto a Luis Oliveró y Alberto Flores, tres de los condenados por el caso Filesa, de financiación irregular del PSOE. Sus penas de prisión, de entre diez y once años por delitos de falsedad continuada en documento mercantil, delito fiscal y delito contra la Hacienda Pública, fueron rebajadas a la mitad. En 2012, el Consejo de Ministros sustituyó por sendas multas las penas de prisión impuestas al exsecretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat Josep Maria Servitje y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario de UDC y ex cuñado del dirigente Josep Sánchez Llibre. Habían sido condenados por desviar fondos del Departamento de Trabajo, en el conocido como “caso Treball”. Desde entonces los indultos para condenados por casos de corrupción han prácticamente desaparecido. Según los datos recopilados por la Fundación Civio, desde 1996 se han concedido 227 indultos a condenados por corrupción, la mayoría por delitos de prevaricación y malversación: 139 durante los gobiernos de José María Aznar; 62 con José Luis Rodríguez Zapatero; y 16 con Mariano Rajoy. El último fue aprobado en 2017. Entre los indultos a políticos que no han prosperado está, por ejemplo, el solicitado por el expresidente balear Jaume Matas tras su primera condena, por tráfico de influencias. El Supremo rebajó la pena inicial de seis años de prisión a nueve meses y un día en 2013 y en 2014 el Gobierno le denegó el indulto. El Ejecutivo también rechazó, en 2014, el indulto para el exalcalde de Marbella Julián Muñoz por el caso Minutas, en el que fue condenado a siete años de prisión y diez inhabilitaciones absolutas por malversación de caudales públicos y a ocho años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, también vio, en 2014, cómo el Gobierno le denegaba el indulto tras ser condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda.
Bajo el título “Los indultos de la discordia”, David Torres asegura en Público que, para Oriol Junqueras, líder de ERC, los indultos muestran “la debilidad de los aparatos del Estado”. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, los contempla como un primer paso, necesario, aunque “insuficiente para resolver el conflicto político catalán”. Y recuerda que diversos representantes de la CUP, Junts, PDeCAT, ERC y otras organizaciones civiles acusan a Sánchez de haber ido a Cataluña a hacer teatro. “El indulto en España sigue siendo una figura más taurina que jurídica y Sánchez, como buen diestro, ha olvidado que las corridas de toros están prohibidas en Cataluña. Prácticamente, después de su fiasco barcelonés, podría decir lo mismo que aquel torero que salió entre una lluvia de almohadillas de la plaza: ‘Hay división de opiniones, unos se cagan en mi padre y otros en mi madre’. Da lo mismo que la vergonzosa lista de indultados en España incluya a auténticos golpistas y a terroristas de estado, entre otros muchos casos de flagrante injusticia. Alfonso Armada, general condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por su participación en el 23-F, fue indultado en 1988. José Barrionuevo, ministro del Interior, y Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, consiguieron sus indultos respectivos tres meses después de entrar en prisión, en 1998, a pesar de su implicación en diversos crímenes de los GAL. Puesto que dos errores no constituyen un acierto, tres tampoco, un argumento que puede usarse tanto en relación con los indultos fallidos como con las condenas desproporcionadas por montar un referéndum ilegal. Por supuesto, quien está disfrutando como un loco con el tema es Pablo Casado, quien ha tronado contra los indultos, contra Sánchez y hasta contra la CEOE mediante un sinfín de exabruptos y chascarrillos, entre los que destaca el calificar una medida de gracia como un ‘golpe de gracia’. Más gracioso no puede ser el tío. Tal y como ha aumentado el apoyo al nacionalismo catalán en los últimos años, multiplicándose gracias a las porras de la policía y a los mazazos judiciales, el de Casado es uno de esos discursos que echan gasolina al fuego: no va a sumar ni un solo apoyo al constitucionalismo, pero cada vez que abre la boca nace un nuevo independentista catalán. En ocasiones, incluso por debajo de la línea del Ebro. El catalanismo nunca se lo agradecerá bastante”.
“No es un ataque a España, es un ataque al PP” titula Gerardo Tecé en Ctxt ante esta fotografía de los líderes del procés que ya están en la calle. “Indultados después de 1.328 días de cárcel, casi cuatro años por un delito que, en el resto de Europa, solo es aplicable cuando hay violencia, un elemento que, en el caso catalán, nunca existió. La ‘foto de la vergüenza’, así califican la salida de prisión quienes llevan décadas asegurando que el éxito de la democracia española consistió en la capacidad de concordia y entendimiento entre diferentes. Lo cual nos lleva a preguntarnos de qué concordia hablaban entonces. Y a concluir que, probablemente, de la concordia que les interesaba. España no sólo va por libre aplicando condenas por sedición sin violencia. También es de los pocos países en los que la democracia no le pidió cuentas a una dictadura que fue indultada de todos sus crímenes (…) Que el PP confunda sus intereses con los de España es algo habitual y en esta ocasión no iba a ser menos. Los indultos son un brutal ataque a España, dicen en Génova y razón no les falta, teniendo en cuenta que consideran que España son ellos mismos. En ese sentido, los indultos son, efectivamente, un ataque brutal contra una derecha española necesitada de conflicto territorial. Vimos caras de circunstancia mientras la mayoría del país celebraba la desaparición de ETA y volvemos a ver las mismas caras hoy. Quizá esas caras se teman lo peor. Si, tras este primer paso que es la puesta en libertad de los presos, el Gobierno de España consigue abrir una etapa que acabe en entendimiento y colaboración con Cataluña y no en conflicto, ¿qué le quedará a la derecha para llevarse a la boca?
“Imposible juzgar –continúa Tecé– lo que ocurre hoy sin recordar lo que ocurrió hace unos años. Aquel golpe de Estado, como decidió bautizar la derecha española al referéndum del 1-O, pudo haberse evitado con una simple llamada de teléfono que el entonces presidente del Gobierno de España se negó a hacer. ‘Si Rajoy me llama para que nos sentemos a hablarlo, mañana mismo aplazo el referéndum’, repetía Puigdemont en prensa sin recibir respuesta al otro lado. Una curiosa estrategia de defensa nacional ante un golpe de Estado eso de no hacer nada. Imposible juzgar estos indultos sin recordar que ya hubo otro 1-O, en 2014. Otro referéndum sin validez legal en el que participaron casi dos millones de catalanes sin intervención policial, ni cárcel, ni grandes titulares apocalípticos. Quienes hablan de estricto cumplimiento de la ley saben mejor que nadie que las desastrosas consecuencias del 1-O fueron cuestión de voluntad política. Internet nos permite acceder a la prensa internacional y la prensa internacional nos permite huir un rato de la irrealidad propagandística española. Según diarios socialcomunistas como The Washington Post o Financial Times, los indultos suponen una apuesta por la convivencia, una medida mucho más efectiva para unir un país que meter en jaulas a los líderes independentistas. Ana Rosa y Vicente, Reyes Catódicos en eterna reconquista, no dan crédito. Los indultos que algunos auguraban como el final de Sánchez traen consigo una nueva sensación climática. Por primera vez en años, la política parece tener opciones de imponerse a la sobreactuación y la propaganda. Es cuestión de atreverse a dar el paso en cada nuevo campo minado y comprobarlo”.
Imágenes, fotomontajes y fotos sorprendentes:
Aprovechando la sesión de control, Gabriel Rufián,el portavoz de ERC en el Congreso, lanzó un dardo a Pablo Casado después de que éste se refiriera a la medida de gracia como ‘inconstitucional’. “Usted ha calificado los indultos de inconstitucionales. No se lo sabe: artículo 62 de la Constitución. ¿Lo ven? Esto es lo que pasa cuando a uno le regalan un máster, que no se sabe la lección”, ironizó, provocando carcajadas en la sesión de este miércoles.Rufián agradeció personalmente a Sánchez “la valentía ante la jauría”, en referencia a la derecha un día después de los indultos a los líderes del procés.
Felipe VI salió en defensa de la Constitución española horas después de firmar los indultos que el Gobierno de España aprobara durante el Consejo de Ministros del martes. “Vengo en indultar a los condenados –dijo el monarca– la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelvan a cometer delito grave”. Horas después, el rey asistió a la entrega de los Premios Mariano de Cavia del diario ABC, dónde se encontraban algunos miembros del Gobierno. El monarca hizo unas declaraciones en un acto en el que también estaba presente el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Wyoming contesta a Rafa Hernando: “Muchas gracias, Rafa… Si yo fuera usted no estaría tan orgulloso de que me comparen con un viejo cómico progre”.
Este espléndido manantial es una de las fuentes del río más largo de Dalmacia: el Cetina. Sus aguas fluyen en la ladera sur de la montaña más alta de Croacia: el Dinara. Se le conoce como “el ojo de la tierra” debido a su gran parecido con un ojo, visto desde arriba, con variadas tonalidades de azul y turquesa. Es, sin duda, una de las bellezas más particulares y fascinantes de la región. Está formado por un agujero que penetra profundidades desconocidas, explorado por buzos que lograron llegar a 115 metros.
El humor, en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Eneko, Enrique, Manel F., Vergara, Malagón, Pachi, Faro DeCol, J.R. Mora, Miliki y Duarte…
Pep Roig, desde Mallorca: A cara descubierta, Siempre, no, El síndrome del banquero, No a las políticas sin presos políticos, ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrr!, Todo mal, ¡Ojo!…
Los vídeos de esta semana:
Nos indultan | Indultos a los presos del procés (Parodia) | Las Supremas de Móstoles | Pedro Sánchez
Polònia - El procés avança "Despacito" (Paròdia d'italians cantant "Despacito", de L
Aragonès ve los indultos como un "paso insuficiente e incompleto"
Els indults del rei – Polònia
Garamendi, emocionado, recibe el aplauso de la Asamblea de CEOE
LATE MOTIV - Monólogo. Habla bien | #LateMotiv880
Juan José Millás: "Si el PP gobernara, seguramente daría la amnistía" | Cómo lo ve..
Puzzle Bobble
Karate Blazers
Puzzle De Bloques
Magical Cat Adventure