Pagaremos por llenar el depósito de diesel, por usar las autopistas públicas, construidas con subvenciones europeas, por morirnos, por heredar, por donar lo que hemos acumulado a nuestros hijos, por consumir, por habitar una vivienda, por pisar las calles, por generar basura, por hacer reformas en nuestro hogar, por trabajar, por ganar dinero y hasta por invertir y crear empleo. El Estado avariento está siendo destronado en todo el mundo por ciudadanos indignados que quieren disfrutar de su libertad y esfuerzo, pero en España lo hemos elegido para que nos gobierne, ignorando que la política socialista siempre crea pobreza, desempleo y ruina.
Nadie lo dice, pero es la pura verdad: en las recientes elecciones el gobierno ha recibido el respaldo popular y del sistema para que practique una política de saqueo. Les hemos otorgado cuatro años para esquilmar el país sin que nadie se lo impida. Y lo van a hacer a conciencia y sin traición porque habían anunciado antes sus intenciones. No les importa que cierren miles de empresas, que muchos miles de emprendedores se queden sin abrir sus negocios por miedo a los impuestos, que el paro suba y que la economía entre de nuevo en crisis.
Ellos van a lo suyo, que es la codicia y la acumulación de dinero para crear clientela y comprar votos. Es el modo de gobernar del socialismo radical y como han ganado las elecciones, tienen libertad para hacer lo que quieran. Y vaya si lo harán. Entre otras medidas tienen preparada a la señora Montero, anterior ministra de Hacienda, para meter la mano sin piedad en el bolsillo de los españoles, algo en lo que es experta.
Dicen que sólo saquearan a los ricos, pero eso es falso porque la Historia demuestra con precisión científica que los ricos huyen o eluden los impuestos con sus trucos legales, ingeniería fiscal y pactos ocultos con el poder. Los impuestos, como siempre ha ocurrido en el mundo, los pagarán las clases medias y los que trabajan y tienen nóminas, presas fáciles de la codicia de una Hacienda que ya no es de todos, sino de los que utilizan el dinero público como si fuera propio o no fuera de nadie.
Afirman que en España se cobran menos impuestos que en otros muchos países extranjeros, pero eso también es un dato falseado porque no se contabilizan los impuestos menores y tasas que también cobran autonomías y municipios, ni se tiene en cuenta que en proporción a los salarios españoles, los impuestos son brutales. Para colmo, también se ignora que los servicios que presta el Estado al ciudadano en España son de baja calidad, muy inferiores a los de los países de nuestro entorno europeo.
En otros países del mundo, sobre todo en aquellos donde los ciudadanos se han hecho respetar y han ganado influencia y poder, esquilmar no es tan fácil como en España, donde los partidos no han pagado factura alguna por sus numerosos abusos y corrupciones. Pregunten a cualquier juez y les dirá que entre ellos circula el dicho de que en España hay casi medio millón de políticos, ex políticos y altos cargos que no pueden justificar la riqueza que poseen después de haber tocado poder.
El saqueo del país y del pueblo es un efecto colateral de la democracia, entendida como la entiende la casta española: una vez ganadas unas elecciones, tengo la libertad y el derecho a hacer lo que quiera. Por supuesto que eso no es democracia sino un sistema legalizado para robar a mansalva y ejercer el poder sin controles, lo que lo acerca más a una tiranía que a una democracia auténtica, que es un complejo sistema de controles, frenos, cautelas y contrapesos que impide a los que gobiernan abusar del poder y robar.
Hasta han dicho que impondrán de nuevo el Impuesto de Sucesiones en todo el país, ese odiado impuesto a los muertos que tanto dolor y estragos ha causado, a pesar de que las encuestas dicen que más del 80 por ciento de los ciudadanos no lo quieren. Para imponerlo van a dictar leyes que lo armonizan e igualan en todo el país, suprimiendo las exenciones logradas por la lucha popular en Madrid, Canarias, Andalucía, Extremadura, Cantabria y otras regiones. Son implacables y desconocen la piedad y la justicia.
La política de expolio que se avecina es una injusticia insoportable y una barbaridad que hundirá la economía, pero nada se puede hacer ante un poder obtuso y armado que posee el monopolio de la violencia y de la fuerza y que no dudará en usarla contra el pueblo, si se torna rebelde.
A ver quien se mueve.
Francisco Rubiales
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