El recorte de pensiones (y III). El debate sobre el informe del comité.

Los secretarios generales de CCOO y UGT transmiten a Ibáñez que la reforma es inútil y no está equilibrada.
 Agustín Moreno: “El informe sobre el comité es interesado, injusto y equivocado”.
La legislación vigente establece que las pensiones deberán revalorizarse cada año si el IPC real, que se toma en noviembre, supera al previsto, algo que el Gobierno del PP ya ha dejado de hacer en dos ocasiones. El Ejecutivo explica que las variables que deben tenerse en cuenta son la evolución de la esperanza de vida, los índices demográficos y los económicos. Este factor de sostenibilidad se introdujo en la reforma de las pensiones del anterior gobierno socialista en 2011, que estableció que, a partir de 2027, debe revisarse el sistema de pensiones cada cinco años para mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas. Falta desarrollarlo y establecer los parámetros según los cuales se hará esa revisión quinquenal. Pero, según el Plan Nacional de Reformas remitido en abril a Bruselas, el Gobierno del PP tiene previsto enviar el informe de los expertos al Parlamento antes del 30 de mayo a efectos de que la Comisión de Pacto de Toledo pueda, entre junio y julio, elaborar las recomendaciones para una reforma que se aprobaría a lo largo de 2013 y entraría en vigor en 2014.  Cándido Méndez, secretario general de UGT ─cuyo representante votó en contra del informe─ insiste en la idea de que lo esencial de la reforma está de acuerdo con lo alcanzado por Zapatero por lo que “la ley vigente ya recoge los problemas estructurales sobre las pensiones”. Y mientras los dos sindicatos mayoritarios recuerdan al Gobierno que, para ellos ─comité de expertos aparte─, la reforma que vale es la de 2011, Fátima Báñez ya da por hecho que va a haber debate y decisiones sobre el informe del comité. Y que habrá decisiones con el mayor consenso posible. Algo que, teniendo en cuenta la oposición frontal de la mayor parte de grupos parlamentarios, parece una ilusión más que algo realizable. “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a la sociedad española –dijo la ministra de Empeleo– porque ahora se inicia el debate político y social. Estoy segura de que, desde la responsabilidad y el compromiso de todos los grupos políticos y de los agentes sociales, vamos a buscar el mayor de los consensos para seguir preservando un sistema de pensiones seguro y sostenible, en el medio y largo plazo”. La ministra califica el factor de sostenibilidad de las pensiones como una forma de “recontar céntimo a céntimo” los ingresos y distribuirlos de acuerdo a reglas “fijas, predecibles y transparentes”. “Con el llamado ‘factor de sostenibilidad’ –alerta, sin embargo, Agustín Moreno– se reducirán automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja. En el informe, se proponen “soluciones” como seguir con el alargamiento de la vida laboral, las rebajas de impuestos y el complemento de las pensiones privadas. Además, se anima a recortar las pensiones ahora que se acepta mejor el sacrificio (?), un argumento que demuestra la obscenidad de los autores: se refieren a que hay que aprovechar el saqueo generalizado sobre los derechos para imponer un nuevo y grave recorte. El informe es interesado, injusto y equivocado. Según dice la prensa, ocho de los doce “expertos” han estado cobrando y al servicio de bancos y empresas de seguros y el presidente es un colaborador de FAES. El fondo del asunto es meter miedo para reducir la expectativa de pensión y forzar el crecimiento de los planes y fondos privados de pensiones. Es injusto porque solo se sacrifica a los trabajadores, cuando España tiene un gasto en pensiones inferior a la media europea (10,7% frente al 13,5% del PIB) y sigue existiendo un superávit de 62.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es equivocado porque sólo incide en el recorte del gasto en pensiones y no se preocupa de mejorar los ingresos a través de una política económica orientada al empleo, a la mejora de los salarios, al aumento de cotizaciones y de los ingresos fiscales”. Moreno evita cualquier complicidad con quienes quieren hacer con las pensiones lo que están haciendo con los salarios: pasar de salarios de hambre mileruristas a salarios doblemente de hambre de 400 euros. Para él lo que se ventila no es una cuestión técnica, sino “pura lucha de clases: defensa del sistema público de pensiones frente a privatización y empobrecimiento de la mayoría”.  Pero, ¿es que no se han podido encontrar expertos en la universidad y estudiosos del tema que no estén directamente emparentados con el mercado de los seguros de pensiones privados?, se pregunta García Alamazán en Kabila. “Este consejo ha sido formado habiéndose asegurado las propuestas neoliberales antes de empezar. Y es que poner a gente afín a las aseguradoras y a los bancos y pretender que no ataquen al sistema de pensiones públicas para incentivar las pensiones privadas, es como pretender que el gobierno del PP no mienta. ¡Imposible! Solamente por eso, este consejo está descalificado. ¿O es que alguien pensaba que se iban a tirar piedras a su propio tejado o morder la mano que les da de comer?… Ahora falta la discusión en el Congreso, pero conociendo como actúa el PP con su mayoría absoluta, está todo el pescado vendido. No habrá ninguna concesión importante y las pensiones bajarán irremediablemente… Según el presidente del gobierno, lo último era tocar a los pensionistas. Sin embargo, ahí están volviendo al tema de forma canalla”.