El régimen monárquico hace parapente con España, sin paracaídas.

Antes de final de año quedará claro que no va a haber ninguna reactivación de la economía española. Eso sí, el futuro dejará de ser incierto: aquí no hay ningún futuro, España está ya en quiebra técnica. Por eso, los Presupuestos Generales del Estado, por primera vez en su historia, se han reducido un 8% respecto al año anterior. El PIB se hunde a fuerza de cierres de empresas, y la deflación de ciertos productos de lujo no engaña a nadie: la inflación de bienes de primera necesidad (la factura eléctrica ha subido un 7,5% en un año) es, y lo será más aún, galopante.

El Gobierno del Estado, y los diecisiete infra-gobiernos de las saprofitas autonomías, han de lidiar con una primera Huelga General el 29 de septiembre. Pero ésta, tan amañada como las primarias del PSOE de Madrid, no es nada comparada con lo que se les viene encima después. Con más de seis millones de parados (cifra real), habiendo perdido ya dos millones de puestos de trabajo netos —y sustituido otros dos millones de empleos fijos por precarios—, con un empleo en caída libre, con los valores de los millones de pisos adquiridos bajando en correlación con el empleo, con el consumo paralizado, la confianza general por los suelos y con los cierres de empresas creciendo como una riada monzónica, las condiciones para una revolución violenta están sobre la mesa.

El Gobierno, acostumbrado a tratar con acomodaticios e incultos borregos, ha venido comprando hasta ahora su silencio —la “paz social”— con cuantiosos sobornos a los sindicatos nacionales y prórrogas de mini-subvenciones de 420 euros para desempleados sin subsidio. Pero se le ha terminado el dinero. No ya el de este año, sino del próximo medio siglo. De modo que la cólera social paralizará el Estado en el primer semestre de 2011, en cuanto se produzcan insostenibles retrasos en el pago de las nóminas de los funcionarios.

España va a entrar, lo quiera o no, en una era de ascética frugalidad sin precedentes.