El reto de la consulta indígena

Columna - Juan Felipe Cisneros SánchezObservatorio Indígena Mesoamericano.
«El miedo nunca ha sido un buen consejero, ni en nuestra vida personal ni en nuestra sociedad. Las culturas y sociedades que están moldeadas por el miedo, sin duda, no dominarán el futuro.» Angela Merkel

Se ha dado la instalación y la primera sesión del Comité de Planeación de Desarrollo del Estado de SLP, que realizará diversas consultas públicas en los 58 Municipios para conformar el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027. De entre ellas destaca la Consulta indígena que le fue demandada reiteradamente al Gobierno anterior.

Hay que recordar que con el amparo 447/2016 interpuesto por la comunidad Mazahua se logró una sentencia histórica que beneficio al total de las comunidades registradas en el padrón de comunidades, aunque a la hora de su cumplimiento se quedó mucho a deber en la integración del PED. Por ejemplo; nunca sucedió que se incrementara el presupuesto orientado a los pueblos originarios.

A partir de este acto jurisdiccional se generó prácticamente una ruptura de diálogo intercultural con diversas instituciones del Gobierno, y varios funcionarios de la pasada administración pública, dedicaron más a entorpecer la labor con pueblos originarios que a asumir las leyes que tutelan sus derechos humanos y colectivos.

No fue extraño que las comunidades de ahí en adelante interpusieran amparos y juicios de derechos políticos para que se garantizaran sus derechos en diversas materias. Llovieron quejas y recomendaciones como parte de la estrategia de defensa de sus derechos y ello sin duda alguna, ha contribuido a nutrir una cultura de derechos que tanto nos hace falta como sociedad.

Los que pugnaron por sus derechos fueron criminalizados, excluidos y discriminados del quehacer institucional casi de manera absoluta, como si fuese pecado exigirle al Estado que asumiera su responsabilidad con el derecho a la consulta que también es derecho al desarrollo. Dichos actores jamás vencidos, siempre ganaron en tribunales sus causas que ahora son parte de la aportación a la construcción jurisprudencial en la materia indígena. Es a estos actores que resistieron, a los que les debemos que el actual Gobierno del Estado sin miedo de una importancia preponderante a la consulta pública y de manera enfática destaque la consulta indígena, integrando el grupo técnico operativo para concretar tal proceso consultivo. Todo ello en medio de la instalación y la primera sesión del Comité de Planeación de Desarrollo del Estado de SLP. Dicho acto se puede interpretar como un intento por retomar el camino del consenso y de respeto a la ley, así como la evidente e imperiosa necesidad de legitimar la política pública del estado hacia la sociedad en su conjunto y en particular hacia los pueblos originarios presentes en el estado.

El arranque es plausible, ojalá y no se repitan los actos de exclusión y discriminación al planear y realizar la consulta indígena. La ley exige que la convocatoria deberá darse a conocer a las asambleas de las comunidades, indígenas, incluyendo a los de las ciudades, más aún las que figuran en el padrón de comunidades. Que el grupo técnico operativo, debe ser designado por la autoridad consultante, el cual se integrará preferentemente con profesionales de diferentes disciplinas que estarán bajo su mando; el cual podrá́ contar con el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en la materia, para asesorarse sobre la metodología e instrumental de consulta que considere pertinentes. Sin embargo, un error que se comete sistemáticamente es que el grupo técnico operativo lo integran solo con personas indígenas, que más deberían ser intérpretes y traductores. No lo integran las personas que están bajo el mando de la autoridad consultante, lo cual expone a los intérpretes y traductores a asumir responsabilidades que no son propiamente de ellos, lo peor es que se ha dado el caso que no les han llegado a pagar. Esta situación tendría que ser debidamente analizada y atenderla de inmediato por la autoridad responsable.

Son mínimo 417 comunidades registradas en el padrón de comunidades que hay que atender, es común que para “abaratar” costos se restrinja la cobertura de atención de este tipo de consulta. El intento fallido de consulta de la anterior legislatura solo planteaba 60 encuentros comunitarios, que sólo representaban el 14% de la cobertura que debería tener la consulta. El reto es grande, y no se trata de gastar más o sobrecargar a las personas indígenas que integran el grupo técnico operativo, sino que el gobierno estatal ponga trabajar al conjunto de personas que laboran para él en las regiones, sin que ello signifique incrementar los costos de estos esfuerzos por generar consenso social y legitimidad para gobernar.

Por ello la consulta indígena es como una prueba de fuego, pues no basta la voluntad política para realizarla, la cual es muy importante; sino es apremiante hacer una apropiada lectura e interpretación de la ley para evitar complicaciones, así como incluir a todas las corrientes de pensamiento.

Independientemente de lo que derive la consulta, es evidente que la población indígena es de lo más vulnerable y que es urgente saldar la deuda histórica que se tiene con sus pueblos y comunidades; por ello, de inmediato se debe poner énfasis en:

Preparar un buen presupuesto para dar una real inclusión presupuestaria a los pueblos y comunidades indígenas, que considere la transferencia directa de recursos a las comunidades y esté acorde a la política federal que ha impulsado el Presidente de la República.

Que, en todo proyecto de gran calado, como lo es el denominado “Rivera Huasteca Potosina” se considere como socios a las comunidades y no sólo a los empresarios. En este caso, por ejemplo; los principales atractivos turísticos que dinamizan tal sector, son propiedad de las comunidades indígenas y dichos sitios merecen una inversión significativa para asegurar la rentabilidad del proyecto. Ello implica robustecer proyectos ecoturísticos existentes de las comunidades y emprender otros para asegurar que los atractivos sean capaces de soportar cargas de turismo sin afectarse estructuralmente y se puedan redistribuir mejor los ingresos.

Analizar, impulsar y debatir una reforma política que pueda dar respuesta a los derechos político electorales de las comunidades originarias en aquellos municipios que son eminentemente indígenas, pues a la fecha se privilegia unilateralmente al sistema de partidos políticos y los derechos individuales, y se dejan de lado los derechos colectivos de los pueblos. En otras palabras, a nombre del derecho de ciudadanía se desprecian el derecho a la ciudadanía étnica y refuerzan el monopolio partidario de la representación política.

Finalmente, la consulta es un llamado a participar y hay que hacerlo activa y propositivamente, con responsabilidad. Hay que hacerlo sin miedo para dominar el futuro.