El reto de Patricia

¿A qué espera la diputada regional socialista Patricia Hernández para acudir al juzgado de guardia y denunciar al consejero autonómico de Sanidad, José Manuel Baltar? ¿A qué espera Baltar para hacer lo propio si Hernández insiste en sus acusaciones contra él? La diputada ha asegurado en varias ocasiones en el Parlamento y fuera de él, tener en su poder documentación que acredita que Baltar está beneficiando deliberadamente a la empresa sanitaria privada para la que trabajaba antes de ser nombrado máximo responsable de la sanidad pública del Archipiélago. Sus graves acusaciones contra el consejero las ha difundido además a través de un vídeo que ha hecho circular en las redes sociales. En ellas señala que datos procedentes de "fuentes de la Consejería", revelan que la citada empresa ha recibido un porcentaje de pacientes derivados de la sanidad pública notablemente superior que el resto de los hospitales privados.
Más allá de que el consejero los rebata, lo cierto es que esos datos a los que alude Hernández no demuestran necesariamente que la mano de Baltar esté detrás de ellos. Lo más que podría decirse es que son sospechosos o  llamativos, pero sobre las sospechas solamente  no se puede sostener una acusación tan grave como la que hace la diputada socialista. Sin encomendarse más que a la fe del carbonero, otras fuerzas políticas y determinadas organizaciones le han comprado la especie a Hernández y han dado por hecho probado que el consejero favorece con dinero público a la empresa para la que trabajaba. ¿Tiene de verdad Hernández los documentos que prueban sus acusaciones o todo es solo una estrategia orientada a conseguir titulares escandalosos en los medios de comunicación? ¿Tiene algo que ver en ese caso la necesidad de no perder proyección política ante la batalla en el PSOE por la designación en primarias del próximo candidato o candidata a la presidencia de la comunidad autónoma en 2019? 

A medida que pasa el tiempo y la documentación que Hernández dice tener en su poder no se deposita en manos de un juez, es inevitable sospechar que lo suyo es puro teatro. Ahora bien, ante ese supuesto se impone otra reflexión: ¿vale todo, incluso lanzar graves acusaciones contra los rivales, en el juego de la política o en el control de la gestión del Gobierno? Estoy convencido de que no todo vale ni todo está permitido en el ya suficientemente enfangado terreno de la riña entre políticos. Existen lo que ellos mismos denominan líneas rojas que debería estar vedado traspasar salvo que se puedan defender ante un juez afirmaciones como las de Hernández. 
A contrario sensu, el aludido, el consejero de Sanidad, debería acudir de inmediato a un juzgado y querellarse contra quien le acusa de malversación de dinero público en beneficio de una empresa privada. Es intolerable que los ciudadanos que pagamos y merecemos la mejor sanidad pública posible asistamos a este espectáculo lamentable sin saber de qué parte está la verdad en estas acusaciones. Convertir un servicio público fundamental como la sanidad en una riña mediática trufada de graves acusaciones que no se concretan en acciones judiciales, hacen un muy flaco favor al servicio, a los ciudadanos y a la política. Quien tenga pruebas que las presenten en donde corresponde y, si no lo hace, quien se sienta concernido que exija la justa reparación en el mismo lugar. Es lo que se hace en un estado derecho como el propio Baltar ha admitido en el Parlamento, aunque eso parecen ignorarlo tanto él como Hernández. Todo lo demás es sólo politiqueo de la peor especie.