El rumor se paga caro en Barhéin

Poco o nada ha cambiado la situación en Barhéin tras las manifestaciones celebradas contra el gobierno en la glorieta de la Perla durante febrero y marzo pasados. La represión se ha incrementado de manera considerable y el respeto por los derechos humanos brilla por su ausencia.

El enroque del dictador en su trono ha sido precedido por el aumento de la mano dura con quienes tienen la aspiración de derrocarlo. El pueblo ha de recostarse sobre la claridad de la luz mientras sueña con un futuro que le niegan a base de palos y cárcel. Ya se sabe, los sueños siempre suponen lo contrario a lo que sucede en la vida real.

El lenguaje es la mayor parte de las veces el más significativo signo de dominación. Cuando se emplea la violencia contra un estado se denomina terrorismo, pero cuando es en sentido inverso se tira de diccionario de sinónimos y de eufemismos de última generación para acabar no llamando a las cosas por su nombre.

Se cuentan por cientos los trabajadores, activistas y ciudadanos en general que se enfrentan a juicios militares en Barhéin a causa de las protestas. La inmensa mayoría está detenida y con serias y fundadas sospechas de sufrir tortura. Amnistía Internacional denuncia que, además, 2.500 personas han sido despedidas de sus trabajos como represalia. Al pueblo, si abre la boca, ni el pan ni la sal.

Un ejemplo es el caso de Hashim Adel Mohammed Saeed Al Mosawi, un empleado de General Electric y licenciado por la Universidad de Newcastle de 22 años, que fue detenido el 18 de marzo sin orden judicial en el aparcamiento del hotel Marriot de la capital de Barhéin, Manama.

Pasó recluido en régimen de incomunicación casi cuatro meses, siendo torturado y sometido a aislamiento durante losdiez primeros días. En ese tiempo lo golpearon y le hicieron permanecer de pie durante horas seguidas y le obligaron a firmar una declaración sin mostrarle su contenido, que posteriormente se presentó como “su confesión”. Sólo entonces se le permitió ponerse en contacto con su familia para decirles que se encontraba bajo custodia del Ministerio del Interior.

Posteriormente lo trasladaron a la prisión de “Dique Seco” de Manama y permaneció en régimen de aislamiento durante días, siendo insultado y golpeado por los guardias hasta que fue enviado a otro ala de la prisión, donde continúa preso junto con otros reclusos.

Su juicio dio comienzo el 6 de julio ante el Tribunal de Seguridad Nacional de Primera Instancia, de carácter militar, y ha sido acusado de “propagar rumores falsos sobre el gobierno” durante el tiempo que duraron las protestas. La causa se aplazó hasta el 22 de agosto y se transfirió a un tribunal civil. Sólo en ese momento pudo verlo su abogado y hablar con él. El juicio se volvió a aplazar dos veces más y se ha reanudado el 21 de septiembre. Está previsto que la sentencia se dicte el próximo día 28 del mismo mes.

Las autoridades sospechan que enviaba información sobre la situación política en Barhéin a los manifestantes y a periodistas extranjeros por teléfono, correo electrónico y Twitter. Tanto él como su abogado niegan los cargos y entienden que el fiscal no ha presentado prueba alguna de ello. Su abogado ha pedido en varias ocasiones la libertad bajo fianza, pero siempre ha sido denegada. Incluso cuando la ha pedido para acudir al hospital de Salmaniya a donar sangre para su hermano de 16 años, que sufre leucemia y necesita transfusiones urgentes. El grupo sanguíneo de Al Mosawi es compatible con el de su hermano.

Las manifestaciones de febrero y marzo fueron dirigidas por quince figuras de la oposición que fueron condenadas a sufrir severas penas de prisión, entre ellas siete cadenas perpetuas, por imprecisos casos de terrorismo.

El 29 de junio, el rey decretó que todas las causas relacionadas con aquellas manifestaciones se remitieran a los tribunales civiles ordinarios. El 18 de agosto dictó un nuevo decreto ordenando que el Tribunal de Seguridad Nacional de Primera Instancia continuara ocupándose de las causas por delitos graves y que fueran sólo las causas por faltas las que se remitieran a los tribunales civiles ordinarios.