El sanchismo quiere impunidad y borrar su historia de corrupciones y abusos

El Tribunal Constitucional, ocupado y sometido por el sanchismo, perdona a chorizos socialistas andaluces y sostiene que los EREs, el mayor escándalo de corrupción de la Historia moderna de España, no existieron como delito punible. Pero la realidad, imborrable y tozuda, es que setenta allegados al PSOE recibieron 90 millones de los EREs en Andalucía. Suegras, cuñados, esposas y hermanos de políticos y sindicalistas socialistas cobraron pagas de la Junta de Andalucía, todo un privilegios exclusivo para amigos del poder con el que se pretendía ampliar la red clientelar socialista. En total, fueron 680 millons los malversados en los EREs. --- El sanchismo es mucho más que una tiranía que avanza. Es también una fábrica de mentiras, que quiere imponer como verdades. Ya lo ha hecho con la Guerra Civil a través de la Memoria Histórica tergiversada y ahora lo hace con los EREs, un escándalo repugnante del socialismo andaluz, que benefició a sus amigos y familiares con dinero publico cuando se sentía seguro en el poder y gobernaba Andalucía como si fuera su propio cortijo.

El sanchismo, una maquinaria de corrupción bien engrasada y sin escrúpulos, ha convertido el Tribunal Constitucional en una lavadora de suciedades e inmundicias propias y en un tribunal que se atreve a corregir y enmendar al Tribunal Supremo, cambiando de ese modo, por las bravas, el sistema judicial en la cúspide.

Presidido por Conde Pimpido, socialista sanchista, y dominado por vocales sometidos a Sánchez, el Tribunal Constitucional ya ha ayudado al gobierno en su lucha por amnistiar e indultar a los delincuentes golpistas catalanes amigos de Sánchez, para lo cual ha tenido que cambiar la esencia del Constitucional y enfrentarse al grueso de la Justicia constitucional española.

El ansia de poder y la osadía del sanchismo no tienen límites conocidos, lo que representa un peligro mortal para el Estado de Derecho español.

El Constitucional acaba de anular una condena por malversación de los ERE y allana el camino para librar a Griñán de la cárcel. Al parecer, Sánchez cree que un presidente autonómico socialista no puede pisar la cárcel, por el precedente que ello conlleva.

Tras revocar las inhabilitaciones por prevaricación, el bloque progresista del Constitucional desactiva parcialmente también el delito que conllevó penas de prisión avaladas por el Supremo.

Los hechos demuestran que el sanchismo está lanzado, a tumba abierta, hacia su objetivo prioritario, que es controlar desde el Ejecutivo, el sistema judicial en pleno, lo que invalida y prostituye una democracia que está fundamentada en la separación real de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial.

Los hechos parecen indicar que el fin último de las aberraciones sanchistas y sus cuchilladas a la Justicia independiente es conseguir que Sánchez, sus ministros, familiares y aliados sean impunes en España.

Francisco Rubiales