El Congreso ha vuelto a rechazar, por enésima vez, la bajada general de impuestos que proponen las derechas y rechaza que se suprima, entre otros, el impopular y desprestigiado Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el que permite a los políticos robar las herencias a los ciudadanos, el tributo más cruel, indecente e impopular de España.
Es la izquierda la que apuesta por mantenerlo, a pesar de que más del 70 por ciento de la población, según las encuestas, quiere eliminarlo y de que la mayoría de los países del mundo lo están suprimiendo o elevando notablemente las cantidades exentas de pago. Ese tipo de política contraria a la voluntad popular, a la justicia y al bien común es la que indigna al pueblo y abre las puertas a los los partidos radicales y a cualquiera que prometa acabar con los políticos millonarios hipócritas que nos gobiernan.
Los españoles, desde que nacemos hasta que morimos, somos una hucha de la que los gobiernos sacan todo el dinero que necesitan. Cada niño español que nace llega al mundo con una deuda personal de unos 30.000 euros, contraída irresponsablemente por políticos sin ética que no dudan en endeudar a la nación porque ellos quieren disponer de dinero abundante.
El abuso de poder y la tiranía muestran su peor rostro en la política fiscal española, cruel, injusta, indecente y anticonstitucional. Y el denostado Impuesto de Sucesiones y Donaciones es la mejor prueba de esa brutalidad fiscal.
España es un ejemplo de manual de como se desmonta una nación con la aquiescencia y beneplácito de sus ciudadanos. Los políticos son los protagonistas principales del desguace de España, un país sometido a saqueo impune por su clase dirigente, que utiliza todos los recursos para apropiarse del dinero de los ciudadanos, en especial de las clases medias.
Con mezquindad y demostrando que los políticos y los ciudadanos están divorciados en España, donde el bien común está ausente de la vida política, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado en reiteradas ocasiones la bajada general de impuestos que propugnan las derechas, paralela a la que han decretado los pises de nuestro entorno para potenciar la economía.
Pero España, gobernada por una izquierda avarienta e insaciable de dinero, es el único país de Europa que en lugar de bajarlos los está subiendo, de manera obsesiva, hasta convertirlo en una bandera popular contra el abuso de poder y la tiranía de la izquierda.
El hemiciclo ha sido escenario de mentiras repugnantes, como "el carácter progresivo" del impuesto que roba las herencias y que su eliminación supondría "reducir el Estado de bienestar", cuando ni el impuesto es progresivo, porque sólo lo pagan los trabajadores y las clases medias, mientras que lo que de verdad reduce y hace trizas el Estado de bienestar es el despilfarro del gobierno y, sobre todo, el enrome tamaño de un Estado que tiene a sueldo más políticos que Francia, Alemania e Inglaterra juntos, todo un abuso miserable y sin ética que obliga a cobrar impuestos abusivos para sufragar a ese monstruo insostenible.
El impuesto de sucesiones es un ejemplo insuperable de tributo arbitrario e indecente, el primer impuesto en la historia de la España moderna que ha merecido una rebelión multitudinaria de la ciudadanía y un rechazo colectivo impresionante, pero insuficiente para demoler la crueldad y la codicia de la izquierda española.
Las razones que esgrime la ciudadanía para rechazar el llamado "Impuesto a los muertos" son muchas y profundas. La primera es que ese impuesto obliga a tributar por lo que ya ha tributado, lo que significa doble imposición. La segunda razón es que cada autonomía española lo cobra como quiere, generándose una desigualdad que rompe el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles. Se da el caso concreto de que una herencia en Asturias paga mil veces más que la misma herencia en Canarias y cien veces más que en Madrid. Otras razones esgrimidas es que ese impuesto viola la voluntad de los que mueren, que destroza la economía porque arruina empresas familiares o las cierra, que causa daños terribles a las familias, muchas de las cuales se empeñan y otras muchas renuncian a las herencias, con dolor, porque no pueden pagar las cantidades que el gobierno, sádico y codicioso, les exige.
La situación que crea ese impuesto es de grave daño para la economía, las personas y los derechos humanos básicos. La forma como se aplica el impuesto denota crueldad y brutalidad, pues las administraciones practican tasaciones abusivas y aplican intereses desproporcionados, sin proporcionar a las víctimas facilidades de ningún tipo. El drama de heredar en España se acentúa cuando los bienes heredados son subastados a precios muy reducidos, inferiores a los tasados, provocando que los afectados piensen, probablemente con razón, que han sido estafados y que son las víctimas de un saqueo por parte de los administradores del Estado, que ni siquiera los otorgan el derecho de tanteo en los bienes subastados.
Sólo la arrogancia y la corrupción del poder político explica la situación de injusticia y abuso que rodea a las herencias en España.
Las próximas elecciones generales serán una batalla en torno a los impuestos, un enfrentamiento de dos bandos: los que trabajan y producen, por un lado, y los que viven del saqueo del Estado, por otro. La España que trabaja quiere impuestos bajos y prosperidad para las empresas que crean empleo y riqueza, mientras que la España parasita quiere tener dinero de sobra en el Estado para repartirse el botín y para comprar poder, votos, voluntades y medios de comunicación, armas con las que pretende perpetuarse en el poder, arruinando mientras tanto a la nación.
Francisco Rubiales
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