El Síndic denuncia que las personas con discapacidad pierden la exención de la aportación farmacéutica por el hecho de trabajar

A pesar de tener un grado de discapacidad mínimo del 65%, si un trabajador está dado de alta en la Seguretat Social no puede disfrutar de la gratuidad farmacéutica porque no cobra una prestación
Esta desventaja vulnera los principios básicos de la inclusión social y de la igualdad y puede desincentivar la inserción laboral de este colectivo
El Síndic ha trasladado el caso de una persona afectada al Defensor del Pueblo para que actúe ante los organismos pertinentes
A partir de una queja recibida por el caso de una persona con un grado de discapacidad del 79% que, por el hecho de trabajar y estar dada de alta en la Seguridad Social, no puede disfrutar de la exención a la aportación farmacéutica, el Síndic de Greuges ha reclamado que se repare este agravio que afecta a todo el colectivo de personas con discapacidad.
Así, además de vulnerar los principios básicos de la inclusión social y la igualdad, el síndic, Rafael Ribó, considera que se trata de una situación discriminatoria e injusta. También alerta de que puede llegar a ser un hecho disuasorio y, sin duda, desincentivador de la inserción laboral de este colectivo.
En este caso en concreto, por ejemplo, la persona interesada tiene una discapacidad del 79% y no sólo no está exenta del copago, sino que debe hacer una aportació del 40%, de acuerdo con sus ingresos.
Debe tenerse en cuenta que las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% pueden percibir una prestación que comporta la exención de la aportación farmacéutica. Y es precisamente el hecho de no ser beneficiario de esta prestación lo que excluye de la gratuidad farmacéutica al colectivo de personas que, a pesar de tener el nivel de discapacidad citado, no cobran la prestación porque trabajan.
Tras comunicarse con el Departamento de Salud de la Generalitat, el Síndic ha constatado que es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Gobierno del Estado establecer la cobertura sanitaria y de aportación farmaceutica. En consecuencia, ha trasladado la queja al Defensor del Pueblo de España para que sugiera a los ministerios de Sanidad, de Servicios Sociales e Igualdad y de Ocupación y Seguridad Social que reparen esta situación, que puede comportar una vulneración de los derechos incluídos en la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
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