Ayer, 16 de enero, bajé a Barcelona, pero lo hice varias horas después de las movilizaciones de taxistas convocadas. La Operación Caracol, iniciada a las 11:00 del blue monday —ahora todos los días son black, o blue, o yellow, como el submarino de los Beattles—, amenazaba con colapsar las rondas, y así lo hizo, dejándonos con imágenes de retenciones de hasta diecisiete kilómetros y una mujer, «pelín» histérica, a la que se ha criticado mucho sin saber si es tan propensa, como parece, a los ataques de pánico.
Las huelgas y las manifestaciones son un incordio muy útil de la que una gran parte de la ciudadanía se ha olvidado: son las que ayudaron a reducir jornadas laborales, y a conseguir sueldos dignos, a presionar gobiernos contra medidas impopulares, y a construir el mundo actual. Y, sin embargo, me da en las napias que el sector del taxi se equivoca de mig a mig como solemos decir los catalanes.
En primer lugar, porque se pone en contra a quien más a favor debería tener: el resto de ciudadanos; del mismo modo que lo hicieron los empleados de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), quienes, directamente, debieron abrir las entradas y salidas del metro y no haber cobrado un euro a quien cogiese el autobús durante uno, dos, tres o siete días: en otras palabras, ir a hacer daño a la patronal, y no perjudicar a quien, con su sueldo, apoya las nóminas que cobran a final de mes.
El sindicato del taxi se equivoca de un modo similar, porque no arremete contra el culpable último: el ayuntamiento, la Generalitat, la política, sino contra los miles y miles de mataos que se mueven en coche, casi siempre por necesidad, o estupidez, nunca por comodidad, os lo aseguro, por las rondas hípercolapsadas (y obsoletas) de la ciudad condal.
Asimismo, pone a Uber, y a empresas similares que nos caen mejor, en bandeja de plata la posibilidad de aplicar una política de buenismo: con viajes gratis y todo tipo de facilidades para sus clientes; mostrando la cara más amable de la multinacional, que aporta soluciones, tarifas competitivas y comodidad al usuario, mientras cientos de taxistas acometen con «marchas lentas» contra su público objetivo.
Del comunicado emitido el 31 de diciembre, los puntos 1, 4, 5 y 6 se vinculan, de un modo u otro, al intrusismo profesional, contra el que el sector público ya parece empeñado en luchar, aunque, quizá, no cuenta con armas suficientes. Aquí se abre la curiosa disyuntiva entre la empresa-estado y los órganos tradicionales de los que puede echar mano el gobierno catalán.
Para el sindicato del taxi, la guerra abierta que se ha enquistado en las calles de todo el mundo desde la aparición de Uber y similares, parece decantarse a favor de la victoria de la, aquí, mal llamada economía colaborativa con un cambio de cara que ha vencido a la percepción popular, cada vez más lejana, de aquella economía sumergida de la que se hablaba en el Parlament de Catalunya en 2014.
Y yo me pregunto: ¿habrá tenido el sindicato en cuenta una reducción del precio de las licencias, culpable último de la enorme facturación que necesita cualquier taxista, para luchar contra este intrusismo que ya es, hoy, una realidad? ¿O se seguirá buscando una regulación excesiva de un sector que debe actualizarse por obligación con la aparición de las nuevas tecnologías, donde al GPS y el navegador, se suman las apps móviles y un nuevo concepto de economía? Porque quizá muchos estamos de acuerdo en no dejar que Uber aproveche vacíos legales para enriquecerse, ¿pero cómo pretenden los taxistas combatir a Blablacar, Shareling o Amovens? Quizá el sindicato del taxi deba actualizarse, porque puede luchar contra el intrusismo, pero no contra el verdadero modelo de economía colaborativa que, tras más de un listo y un patinazo, se está terminando de imponer.
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