Fatima Urzanqui es una de las integrantes de la Red de Resistencia y Respuesta a las violencias machistas, una iniciativa de Feminismos Sol que se presentará oficialmente en el 15 de febrero en la Librería Traficantes de Sueños . Esta Red nace en un momento en el que la lucha contra la violencia machista parece perder legitimidad y permean los discursos de corte neomachista que “culpabilizan a las propias agredidas de ser el sujeto instigador de sus agresiones”, no sólo entre la población sino entre los propios cargos con responsabilidad en la protección de las mujeres (jueces, juezas, abogados y abogadas). Una de las múltiples violencias machistas a la que pretende dar respuesta esta Red es Síndrome de Alienación Parental (SAP), “Un pseudosíndrome con pretensiones de objetividad científica que pone el acento en sancionar a las madres, y a sus criaturas, cuando estas se han negado a visitar a sus padres, pese a que haya indicios diversos por abusos o violencia”, señalan en su comunicado.
Fátima, como psicóloga, ha seguido de cerca las historias de vida de sus pacientes, a las que se les está aplicando “la terapia de la amenaza” promovida por el SAP en los equipos psicosociales de los juzgados, también en instituciones públicas gestionadas por empresas ultraconservadoras. Hacemos un recorrido por la historia y vías de aplicación de este pseudo síndrome.
¿Cuándo y por qué surge el concepto del Síndrome de Alienación Parental?
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) vendría a ser una respuesta neomachista al abordaje institucional en la vía penal de la violencia, sobre todo de la pedofilia. Sonia Vaccaro y Consuelo Barea en su libro El pretendido Síndrome de Alienación Parental dice que es un síndrome creado “ad hoc” en litigios por la custodia cuando surge el tema de los abusos sexuales. De hecho, lo inventó un propedófilo, Richard Gardner, que desarrolló toda su teoría para colaborar con el abogado defensor de pederastas.
Gardner tenía mucho interés en medicalizar este tema, por ello hace un razonamiento por analogía con el Síndrome de Down y la neumonía neumocócica, dos enfermedades con unas pruebas objetivas muy claras, al contrario que el SAP. Este interés era para poder aplicar la terapia que él mismo denominó como “terapia de la amenaza”.
Esta terapia coactiva propugna la retirada de custodia en los casos que supone más graves a favor del progenitor supuestamente alienado en la familia, habitualmente el padre. También amenaza de cambio de custodia en el caso de que la supuesta alienadora, la madre normalmente, no colabore activamente en la reanudación de la relación entre la progenie y el padre. En ese caso se prohíbe cualquier comunicación de la madre y el entorno materno con los hijos e hijas.
Actualmente dicha terapia se está aplicando en puntos de encuentro familiares, en centros de apoyo a la familia y en centros de atención a la infancia, que son instituciones sostenidas con fondos públicos, pero gestionadas por empresas privadas y muchas con una ideología ultraconservadora. Por ejemplo, la mayor parte de los puntos de encuentro de España los venía gestionando Aprome, que está presidida por Marisa Sacristán, Legionaria de Cristo.
¿Qué dificultades o problemas encuentran, en general, las mujeres que han sufrido o sufren maltrato por sus parejas o exparejas?
El primer lugar, no se reconoce socialmente que somos machistas todas y todos porque hemos nacido en una sociedad patriarcal. Y cuesta mucho más estando en el proceso de violencia. Hay que añadir que el maltrador es una persona con la que ha habido un proyecto de vida, amor, y donde hay dependencia generada por el maltratador, y se cae fácilmente en el secuestro emocional. Además las criaturas y los medios económicos suponen más causas de bloqueo en la decisión. En el proceso de toma de decisiones muchas quieren acabar sin más y acuden a la vía civil. En esta vía, si tienes hijos e hijas vas a mantener una atadura con el régimen de visitas porque la violencia nunca va a existir.
Otro problema es el trastorno de estrés postraumático de las víctimas, que tal y como se explica en Trauma y recuperación (de Judith Herman) no les permite hacer un relato lineal: tienen lagunas de memoria, o narran los hechos con anestesia emocional, como si no les hubiese ocurrido a ellas. Estas conductas favorecen que se desacredite su testimonio por incoherente en el ámbito judicial, porque desconocen estas secuelas psicológicas de las víctimas.
¿Por qué vías se cuela el SAP?
Por dos vías, la vía civil, donde confías ingenuamente que la justicia, una vez que sepa la situación de riesgo que tienen esas criaturas, establecerá un régimen de visitas que respete los derechos de las criaturas. Pero la primera bofetada es que los fiscales no están presentes porque están sobrecargados, la siguiente es que los abogados tienen poca formación, así que, se dictamina un régimen de visitas estándar que no protege a las criaturas. A partir de este momento, las mujeres intentan denunciar, y se interpreta como una pataleta de la madre para alejar a la progenie de los padres. Y es ahí dónde entra el SAP.
Los informes de los equipos psicosociales son la segunda vía. La formación que tienen estos equipos es muy abundante en materia de SAP y escasa sobre violencia de género o psicología infantil, así que diagnostican sobre lo que saben. Además, se da poca validez a los informes de prestigiosos peritos con más cualificación. Tampoco se da validez a los informes de las psicólogas especializadas de los puntos de violencia. Los Jueces contemplan fundamentalmente el informe de los equipos psicosociales, aunque sea un peritaje de una hora o poco más, tiempo insuficiente para establecer un vínculo de confianza con las criaturas o para abordar lo que han sufrido.
En un caso de abusos sexuales que aparece en el informe de Save The children, la niña fue valorada por una perita del equipo psicosocial con el único objetivo de determinar la credibilidad de su testimonio. La señora no solo afirmó que no era creíble, sino que estaba absolutamente manipulada por la madre, y valoró que se cambiara la custodia para dársela al padre.
Este esquema del SAP cuaja en el ámbito judicial donde también hay una socialización patriarcal: encaja mejor que las mujeres somos mentirosas y manipuladoras que aceptar que hay un porcentaje importante de padres que abusan de sus hijas. También por economía emocional, el incesto no se quiere ver porque duele muchísimo, pero en el último informe realizado en España por Félix López, se dice que una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños aproximadamente sufre abusos.
La ley integral contra la violencia de género deja fuera muchas violencias machistas, ¿qué pasa con los abusos sexuales a niños y niñas? Aunque se acuda a la vía penal y el juicio de divorcio se lleve en el juzgado de violencia (donde el resultado puede ser menos malo), la realidad es que en muchos casos la orden de protección no incluye a los hijos e hijas. Está extendido que es imprescindible para un niño relacionarse con el padre, sea el padre como sea.
Otro asunto, es la falta de respeto de la opinión de las criaturas. Se les trata como "tarados mentales" pero saben perfectamente con quién se sienten bien y con quién no. En el caso del informe de Amnistía Internacional, la niña víctima de abusos ha tenido que contarlo ni se sabe las veces, y cada vez que se cuenta un trauma te victimiza. Yo creo que esto no es necesario, y me remito al caso de un juez argentino, Carlos Rozanski, que instauró en Argentina la cámara Gesell. Es una sala con un espejo en la pared de doble cara, por un lado están los jueces y los abogados, por el otro, la criatura, y un psicólogo que recibe por medio de un pinganillo lo que ellos necesitan saber para el litigio. Todo lo que se dice se graba en vídeo y se proyecta en tantas instancias judiciales como sea necesario. No entiendo que esto no esté aquí, cuando hemos firmado la Convención de los Derechos de la Infancia.
Comunicado de Constitución de la Red de resistencia y respuesta a las violencias machistas.
Con este manifiesto nuestra intención es declarar los motivos por los que hemos decidido impulsar desde la Comisión de Feminismos Sol la constitución de una red, a la que se puedan adherir todos los colectivos y activistas feministas que se proclamen resistentes a las violencias machistas.
El motivo principal es DENUNCIAR que entendemos la violencia machista como aquellos actos de dominación, acoso, control, abuso, aislamiento, secuestro y agresión física o sexual y asesinato que se ejercen contra las mujeres, criaturas y contra todas aquellas personas de identidad sexual y de género no hegemónica en el patriarcado; y que sigue siendo un problema GRAVE sin solventar en nuestro estado. Consideramos que la violencia machista no solo se da en el contexto de las relaciones de pareja heterosexuales sino que también se ejercen en otras espacios y fuera del vínculo afectivo, como en distintas relaciones que discurren en los hogares, en el espacio público, en el ámbito laboral y en cualquier otro lugar como actualmente ocurre en las redes sociales.
La “violencia de género”, como se han tipificado las violencias machistas en la ley integral de 2004, pretendía lograr la igualdad, prevenir y sancionar la violencia en las relaciones de pareja o expareja. Creemos que, además de que no ha alcanzado sus fines, su aprobación parece haber anestesiado las percepciones sociales sobre sus causas y dimensiones y la lucha para su erradicación.
EVIDENCIAR que se divulgan discursos que minimizan la violencia masculina, y que culpabilizan a las propias agredidas de ser el sujeto instigador de sus agresiones. Mucho más grave aún es que, estos discursos neomachistas critiquen las políticas oficiales desde ámbitos como el jurídico y que lo hagan cargos de gran responsabilidad en la protección de las mujeres como jueces, juezas, abogados y abogadas. Se divulga sin el más mínimo análisis el mito de que las mujeres presentan denuncias falsas, junto con otros ya viejos, cuyo fin es que los procesos judiciales no lleguen a buen término. Fundamentalmente estos mitos vienen a decir que la violencia de género es un “problema residual”, “ligada a la inmigarción o a grupos sociales marginados” o que es “una enfermedad mental” o un problema asociado al consumo de alcohol y drogas, y que las mujeres denuncian en falso por venganza o para conseguir la vivienda, regulación de papeles, el máximo de pensión, etc. La realidad es que el 45% de las denuncias presentadas en 2011 por violencia de género se archivaron y las sentencias condenatorias cayeron a la mitad.
VISIBILIZAR que la Ley Integral en su aplicación se está convirtiendo en un calvario de problemas y de revictimización institucional hacia las mujeres, donde sus testimonios se ponen en duda, y el foco de protección se ha ido desplazando hacia la violencia más extrema, la agresión física y la muerte.
De la misma manera, su puesta en marcha ha reducido las opciones de protección de las mujeres a una, la denuncia, que dificulta la salida de la violencia de aquellas que no han denunciado o no han dejado constancia de sus agresiones. No solamentea ellas, sino también, a sus hijas e hijos, como es el caso de las que han sido diagnosticadas bajo el Síndrome de Alienación Parental (SAP) o sus diversas denominaciones. Un pseudosíndrome con pretensiones de objetividad científica que pone el acento en sancionar a las madres, y a sus criaturas, cuando estas se han negado a visitar a sus padres, pese a que haya indicios diversos por abusos o violencia. Para nuestra sociedad patriarcal, un padre sigue siendo un padre con privilegios políticos y jurídicos por encima de todas las demás personas de la familia, independientemente de su biografía moral y ética como pareja y padre.
Y que en su concepción reduccionista de la violencia,la ley ha centrado la protección y la sanción de la violencia en las relaciones de pareja, olvidando otras como las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual, que muestran unas cifras de 1508 mujeres identificadas en 2012, o los abusos sexuales infantiles, que según los últimos datos de ámbito estatal, sufren 1 de cada cuatro niñas y 1 de cada siete niños (23% de mujeres y 15% de hombres).
Después de más de tres décadas de lucha contra la violencia machista, la vida y los cuerpos de las mujeres y de otras identidades no hegemónicas transgénero y transexuales siguen configurando como experiencias invivibles en nuestro estado, objeto de violencia y agresión y sin una respuesta institucional contundente.
DIFUNDIR que para ahondar más en la gravedad de este problema de índole estructural, los recortes de presupuestos del estado en materia de igualdad y violencia de género suponen una disminución del 24% para 2013. Una reducción que junto a las nuevas tasas judiciales van a afectarno sólo a las posibilidades de denuncia de las agredidas, sino también van a disminuir más la concesión de órdenes de protección y los recursos de acogida,a dañar la calidad de la atención y el tratamiento, etc.. Esto supondrá un obstáculo para el acceso a la protección de las mujeres que no tengan evidencias escandalosas de agresión física, y además, una ausencia de garantías de que el tratamiento de recuperación llegue a todas ellas. Todas las personas sometidas a tortura psíquica y/o física necesitan los medios apropiados para reparar el cuerpo y la vida.
Por estos motivos y porque entendemos que desde los feminismos tenemos pendiente la construcción de escenarios socio-políticos ausentes de la violencia patriarcal, HEMOS DECIDIDO LANZAR ESTA RED, con el deseo de que vuestras adhesiones conviertan estos motivos en estrategias y acciones políticas de respuesta y resistencia a las violencias machistas.
NIEVES SALOBRAL Y SORAYA GONZÁLEZ GUERRERO. Redacción Fuente: Períodico Diagonal
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