Hace una semana, The New York Times, prestigioso medio estadounidense, publicaba una crónica en la que se hacía eco del desamparo que sufren los denunciantes de corrupción en España, Y citaba la imagen de Ana Garrido, principal testigo del caso Gürtel. “La falta de legislación ha contribuido a la cultura de la impunidad”, recogía el prestigioso diario, señalando que el desamparo y la falta de protección de los denunciantes “ha hecho que el sistema de gobierno español sea uno de los más corruptos de Europa”. El reportaje comenzaba su edición dominical con este título: “Destapar la corrupción es un esfuerzo arriesgado en España”. El periódico ganador en 108 ocasiones del Premio Pulitzer, presentaba a Ana Garrido, ex empleada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, como ejemplo para explicar la senda que se ven obligados a recorrer aquellos ciudadanos que deciden denunciar los casos de corrupción en España. “Ese camino –relataba el periódico norteamericano– la llevó de ser acosada por sus jefes y colegas en Boadilla, a la depresión y a la baja por enfermedad, desempleo, e incluso a recibir amenazas de muerte. Empleada durante dos décadas de este Ayuntamiento, Ana Garrido contaba con uno de los trabajos más seguros que se pueden encontrar en España. Pero, después de que intentara destapar la corrupción oculta en las adjudicaciones de contratos del consistorio, su vida descendió a lo que ella describe como mis siete años de calvario”. “Porque España es –confirmaba el periódico– parte del puñado de naciones europeas sin leyes que amparen a los whistleblowers (denunciantes o filtradores)”, al contrario que países como EEUU, Reino Unido, Francia, Bélgica o Irlanda, que, desde el 2010, han impulsado leyes para proteger a aquellos que revelan irregularidades o casos de corrupción, un problema particularmente acuciante en España. “Más de 200 casos han salpicado a todos los partidos políticos mayoritarios desde 2008”, recalcaba el periódico. “Muchos creen que la falta de legislación, en este sentido, ha contribuido a la cultura de la impunidad y ha hecho del sistema de gobierno de España uno de los más corruptos de Europa”, concluía el Times en su información.
Roberto Macías. Ana Garrido se ha enfrentado a varias represalias, algunas en forma de denuncias ante los juzgados. En este momento, se encuentra imputada por “infidelidad en la custodia de documentos” del Ayuntamiento de Boadilla, como facturas o diligencias, “de carácter reservado, dado su naturaleza”, según recoge la denuncia de la concejal de Hacienda, Comercio y Economía y la cuarta teniente alcalde del municipio, ante la Guardia Civil. Otros denunciantes se enfrentan incluso a penas de cárcel por su revelación de actos ilícitos. Es el caso de Roberto Macías, acusado del “robo de archivos digitales” que ayudaron a descubrir el fraude sistemático de las ayudas al empleo provenientes de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía por parte de la federación de UGT en la comunidad autónoma. Casi dos millones de euros que terminaron convertidos en cenas con barra libre en la Feria de Abril y en diversos regalos para la cúpula del sindicato. Ahora, UGT pide cuatro años de cárcel para Macías y 60.000 euros por el “daño moral que sus revelaciones han producido al sindicato”. “El sistema español está diseñado para perseguir, más que para proteger, a aquellos que denuncian la corrupción”, denuncia, en el Times, Pedro Arancón, presidente de la Plataforma por la Honestidad, asociación ciudadana que intenta ofrecer apoyo a los filtradores y de la que forman parte tanto Ana Garrido como Roberto Macías, así como otros denunciantes como el ex teniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura.
La Plataforma por la Honestidad impulsa la Ley Integral para la protección de los denunciantes de corrupción. Medidas como asegurar su puesto de trabajo, asistencia jurídica gratuita o la creación de un Observatorio de la Corrupción plenamente independiente, ayudarían a que “las denuncias se multiplicasen”, y que no dependiesen solo de “personas valientes como Ana Garrido o Luis Gonzalo Segura”. Los denunciantes de la corrupción incluyen estas medidas o la asistencia jurídica gratuita para que no tengan que costear los procesos legales de su bolsillo. “Creemos –dicen ellos desde la Plataforma– que es esta la piedra angular en la lucha contra la corrupción: proteger a las personas que denuncian este tipo de hechos delictivos para que, de esta forma, este honor no esté acotado a personas valientes como Ana, Luis, Roberto o Araceli, sino que cualquier persona pueda denunciar sin miedo a que se tomen represalias contra sus personas”. “La implicación en esta materia no entiende de signos políticos. Se trata de un punto verde que debe unir a todos los partidos”, defienden los activistas, que se reunieron con representantes de todos los partidos con representación en el Congreso en la efímera XI legislatura, a excepción del PP. La convocatoria de elecciones para el 26-J impidió que la ley de protección a los denunciantes comenzase a ser desarrollada, pero los activistas recibieron diferentes compromisos de los partidos, como la promesa de incluirlos en sus nuevos programas electorales o la invitación a participar en la Comisión Anticorrupción del Congreso.
La España corrupta sigue estando a la cabeza de la Eurozona. A pesar de ello, Mariano Rajoy, presidente de Gobierno en funciones, asegura que la corrupción no tiene “por qué dificultar la formación de Gobierno”. Pero la realidad es que nuestro país, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparency International, se encuentra en primera línea, al mismo nivel que Italia y Turquía. Como se puede observar en el mapa, España tiene un serio problema de corrupción. Nuestro país ha empeorado en percepción de corrupción, al contrario que Guatemala, Sri Lanka y Ghana que han mejorado. El índice se construye con una valoración de 0 a 100, situando cerca del 0 aquellos países con los sectores públicos más corruptos. En el 2011, el primer año de legislatura del PP, nuestro país se situaba en los 65 puntos. En el último año, en 2015, caía a 58 puntos. La incertidumbre política y el descontento social eran latentes. Prueba de ello era la trascendencia mediática que había tenido el último caso de corrupción que sacudió al PP, la ‘Operación Taula’. Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia y persona de confianza de la senadora Rita Barberá –alcaldesa de la ciudad de Valencia durante más de veinte años–, y una veintena de personas más, fueron detenidas en una macro-operación contra la corrupción en esta región. Igualmente, se destapó el escándalo de Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), en el que la entidad pública y otras empresas privadas pudieron cometer alguna irregularidad en la concesión de contratos públicos. Federico Ramos, mano derecha de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, dimitió como subsecretario de Estado de Presidencia, después de que su nombre saliera a reducir en la investigación. Federico Ramos fue hasta enero pasado número tres del Ministerio de Presidencia y uno de los principales apoyos de la vicepresidenta del Gobierno. En su declaración, declaró que dimitía “para proteger a la vicepresidenta”.
Cuando Ana Garrido puso en conocimiento de la fiscalía y del juzgado de la Audiencia Nacional, los datos que poseía sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, jamás imaginó que, cinco años después, iba a ser ella la imputada por calumniar a un alcalde de un consistorio, hoy condenado por acosarla laboralmente. “He perdido mi trabajo, mi casa y mi vida, tal y como se desarrollaba antes de dar el paso de la denuncia”, explica a Público. Lo mismo le ocurrió al ex teniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército por no “cumplir la disciplina” del cuerpo, tras escribir una novela en la que denunciaba casos reales que había presenciado y de los que había alertado a las instancias militares. “No fueron capaces de expulsarme porque yo mintiera en mis denuncias, por aseveraciones falsas, sino que buscaron la justificación de la falta de disciplina. De hecho, cada día salen más noticias de que era cierto lo que yo denunciaba, pero, en ese momento, nadie quiso hacer caso a lo que ocurría. Espero que ahora los partidos tengan más conciencia y valor para luchar contra la corrupción y más dentro de una institución cerrada como la militar”, cuenta Segura. Ana Garrido, Luis Segura y otras dos “víctimas de la corrupción”, Araceli Blanco (Canal de Isabel II) y Roberto Macías (UGT), integrantes de la iniciativa ciudadana Plataforma por la Honestidad, tuvieron reuniones en el Congreso de los Diputados con los partidos que, hasta el momento, han mostrado su interés en el anteproyecto de Ley de Protección de Denunciantes. Igualmente, se interesaron las diputadas de Podemos, Victoria Rosell y Auxiladora Honorato, de la comisión de Justicia y de Administraciones Públicas; Enric Bataller, de Compromís; Yolanda Díaz, de En Marea, y Mikel Legarda, del PNV. Otros grupos parlamentarios como PSOE, En Común, Esquerra Republicana y Coalición Canaria, confirmaron que les darían audiencia en los próximos días”, explica Pedro Arancón, coordinador de la Plataforma.
Se creó un Observatorio de la Corrupción formado por funcionarios de libre disposición elegidos por sorteo de las distintas consejerías o ministerios, que se reunirían no menos de una vez a la semana y que evaluaran todas las denuncias al objeto de su traslado a la fiscalía. El anteproyecto contemplaba la creación de un Observatorio de la Corrupción que supervisará los procesos denunciados. “Dentro de este protocolo, los impulsores de la iniciativa ven fundamental la protección de su anonimato, la asistencia jurídica, psicológica y en algunos casos económica debido al acoso que sufren por parte de sus jefes en las diferentes administraciones públicas denunciadas. Es, por ejemplo, el caso de Araceli Blanco, ex empleada del Canal de Isabel II, a quien el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llegó a espiar, contratando los servicios de la agencia de detectives Método 3 después de que ella denunciara ante él, ante la empresa Sacyr, los tribunales y la UDEF, los supuestos delitos de corrupción que se cometían en la entidad pública. Nadie hizo caso a los documentos que aportaba, es más, acabó imputada por una querella contra ella de los directivos del Canal de Isabel II que finalmente ganó. Y cuando pensó que todo estaba perdido y que su lucha había sido inútil fue cuando llegaron los investigadores económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que colaborara con ellos en la Operación Púnica. No obstante, todos son conscientes de que el camino será largo. Ninguna de las tramas que han denunciado han sido aún juzgadas y, en algunos casos, se están iniciando las investigaciones. Pero los denunciantes comparten una misma idea: “Si hemos señalado lo que ocurría en estos organismos es porque respetamos y queremos lo público, pero esto nos ha costado nuestras vidas. Es importante que toda la sociedad tome conciencia de que no se puede mirar hacia otro lado cuando se es testigo de cómo nos roban a todos y anulan nuestros derechos”.
Las investigaciones en torno al caso Gürtel comenzaron en 2007. En 2013, el caso Bárcenas, una trama derivada de la Gürtel, veía la luz. A día de hoy, continúan las investigaciones y las citas judiciales. Es la primera vez que el juez dirige la investigación directamente contra el Partido Popular. Pero la macrocausa del caso Gürtel sufre un fuerte atasco, lo que podría suponer que los acusados no pasen por el banquillo hasta 2017. Entre los nombres implicados en el caso, se encuentran Francisco Correa, Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta o Ana Mato. Según Bárcenas, también estarían implicados María Dolores de Cospedal, Francisco Camps, Javier Arenas y Rita Barberá. El caso Gúrtel es la trama por excelencia del Partido Popular y la sede del partido figura como uno de los ejes de la tormenta. El sumario ha sido troceado hasta en 35 piezas separadas, siendo las más relevantes la de Madrid, donde está implicado Bárcenas, y la de Valencia.
El 11 de enero se sentaron entre los acusados del Casi Nóos, la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de su marido, Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres y Jaume Matas, ex presidente de Baleares. Hasta 363 testigos están dando su testimonio en este juicio. Entre ellos, el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, Francisco Camps, su homólogo en la Generalitat Valenciana…Figuran, igualmente, ex altos cargos de Zarzuela como Carlos García Revenga y Alberto Aza, la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, la de Madrid, Ana Botella o el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
El ex vicepresidente del Gobierno con Aznar y ex director del FMI, Rodrigo Rato, junto con Miguel Blesa, expresidente de Bankia, están imputados en el caso de las tarjetas black, además de otras 64 personas acusadas de gastar más de 15 millones de euros sin declarar a Hacienda. La Fiscalía pide seis años para Blesa y cuatro años y medio para Rato. El panorama judicial de Rato también se complica con otro de los grandes juicios pendientes de celebración: la salida a Bolsa de Bankia, una gran estafa para multitud de pequeños accionistas. El Supremo ya ha determinado que fue ilegal. Rato se tendrá que enfrentar en los juzgados de Plaza Castilla a los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Otra de las tramas protagonistas de 2015 y que continúa en el calendario de citas es la trama Púnica. Francisco Granados, el ex número tres del Gobierno de Esperanza Aguirre, encabeza la trama y ha comenzado el año entre rejas. Granados junto con 51 políticos, funcionarios y empresarios está implicado en una operación en la que se adjudicaron servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. El mes pasado, Granados aprovechó su comparecencia en la comisión de investigación que trata el caso del presunto espionaje en Madrid para denunciar que lleva año y medio en prisión sin saber de qué se le acusa, declarándose “maltratado y decepcionado por el Estado de Derecho”. En una declaración desde la cárcel por videoconferencia en la que se mantuvo a la defensiva en todo momento, el principal sospechoso de la trama Púnica lamentó que, si se encuentra en esta situación, “en buena parte es por ser del PP”. “Si fuera del PSOE mis compañeros del PSOE defenderían mi derecho a la presunción de inocencia”, añadió.
Antonio González Terol, quien fuera diputado del PP en el Congreso y alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), presentó una denuncia contra Ana Garrido. González Terol es uno de los principales testigos de la red de corrupción política de la trama Gürtel, vinculada al Partido Popular, cuyo juicio oral empezará el próximo mes de octubre. El político conservador aprecia, en la demanda, que Garrido ha atentado contra su honor al dar publicidad, a través de las redes sociales, a la campaña que la ex trabajadora de Boadilla encabeza, junto a la Plataforma por la Honestidad y el exteniente Segura. Garrido perdió su trabajo y sufrió acoso por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al consistorio. Sin embargo, las denuncias del Ayuntamiento y miembros del PP contra ella continuaron, asfixiándola económicamente con las costas procesales, hasta el punto que tuvo que alquilar su casa y pasar a vivir de “okupa”, confeccionando y vendiendo por Internet elementos de bisutería para subsistir y pagar a sus abogados. En total, Garrido acumula ya seis causas pendientes derivadas de su denuncia sobre la trama Gürtel, lo que “le está ocasionando un desgaste psicológico y económico tremendo”, explican desde la Plataforma por la Honestidad. “Es esta una de nuestras reivindicaciones: que los denunciantes de corrupción tengan protección jurídica gratuita tras sus denuncias. Por justicia y porque además, de esta forma, más y más personas se animarán a denunciar actos deshonestos”, continúa la Plataforma en un comunicado.
“Ojalá estés con “Chau”, querido Gerard Matas”, recuerda Pep Roig en “Última Hora”. Gerardo Matas fue un pintor, escultor, cantante, poeta, pensador y muchas cosas más que murió el pasado domingo, en Mallorca.
Pep Roig menciona a Chau en su artículo. “Allí también estaba ‘Chau’, el perro más feo, simpático y desgarbado que he visto en mi vida. Una especie de cabra con barba, patas largas y la mirada más expresiva que recuerdo. El can fue uno de los primeros modelos para Gerardo. No olvidaré aquel dibujo, porque me hizo comprender que mi amigo ya era un gran pintor quien, además de la forma, plasmó el carácter de aquel animal amigo. Supongo que no existe ya aquel retrato hecho sobre papel barato, pero persiste en mi memoria, tanto o más que aquellas figuras rayadas que le llevaron a ser conocido y reconocido como Gerard Matas. Yo era un mal estudiante, y poco me costó empezar como aprendiz de escultor en aquel taller de Miquel Aguiló, en el carrer de’n Bosc en el que trabajaba Gerard. Tiempo después, nos trasladamos al taller que construimos en el espacio que nos cedieron en Sa Bugaderia, del Temple, en el que tallábamos santos románicos, ‘tickis mahoris’ y lo que se terciara para venderlos, principalmente, en el baratillo de los sábados en las avenidas”
El humor en la prensa: Forges, El Roto, Peridis, J.R. Mora, M.Vergara, M. Fontdevila, A. López, Pat…
Entre los vídeos de esta semana: El pacto de las izquierdas, según el NO-DO. Polònia - El pacte de les esquerres segons el NO-DO Polònia
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Ahora sí. Después de varios millones de intentos, The Boo Devils muestran un adelanto del que será su nuevo álbum “The Noble Art of RnR”. En un ensayo, el sonido es crudo, pero es un temazo y se llama “Friday Night”. Invitan a hacerlo realidad, participando en el crowdfunding a través de este enlace www.ulule.com/the-boo-devils/ Apenas quedan 23 días y llevan ya un 53 % conseguido. THE BOO DEVILS - Promo Crowdfunding "THE NOBLE ART OF ROCK N' ROLL" (2016) theboodevils
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