Por Salvador Capote*
La injusticia cometida contra los Cinco resulta patente para todo el que lea las actas del juicio o los artículos de Ricardo Alarcón recogidos bajo el título “Los héroes prohibidos” (1). “Gerardo [uno de los Cinco] –señala Alarcón- es quizás la única persona condenada a morir en prisión por un ‘crimen’ que no existió, con el que no tuvo relación alguna y del cual el acusador reconoció carecer de evidencias”.
Pero el sistema de justicia que, por razones políticas, condenó a los Cinco, es el mismo sistema fallido que por su corrupción, su ineficiencia y sus prejuicios ha condenado, en todas las ramas del poder judicial, a miles de inocentes, cientos de los cuales han ido a parar a los corredores de la muerte.
La sobresaturación del sistema judicial estadounidense es una de las causas de su colapso. Con 2, 300, 000 presos, la cifra más alta del mundo, que se eleva a cerca de 7 millones si se cuentan los ex-convictos y los que permanecen libres pero sujetos a ciertos tipos de libertad condicionada, el sistema está a punto de estallar; síntoma alarmante es el anuncio de la gobernación de California de que próximamente se verá obligada a poner en libertad a miles de presos porque carece de recursos para sustentarlos. La mayoría de los casos que competen a los tribunales (más del 90 %) tienen que resolverse mediante negociaciones entre el fiscal y el acusado o su representante, porque no existe capacidad en el sistema para el número de juicios que, de otro modo, tendrían que celebrarse. Inherente a este procedimiento es el hecho de que, con frecuencia, un inocente se ve forzado a declararse culpable de un cargo menor para evitar ser condenado por otro de mayor gravedad; y con frecuencia también, un culpable recibe una condena menor de la que merece o queda libre a cambio de admitir su culpabilidad o acceder a testificar contra sus cómplices. Este procedimiento, que forma ya parte estructural de la maquinaria jurídica norteamericana, es un verdadero cáncer del sistema, una fábrica que convierte masivamente a inocentes en culpables y a muchos culpables los exonera por cooperar con la fiscalía.
La corrupción alcanza a los más altos niveles. En estos días, por ejemplo, crece en todo el país un movimiento que pide la renuncia de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Clarence Thomas. El 19 de junio el New York Times denunció los nexos existentes entre el juez y Harlan Crow, influyente activista texano de ultraderecha (2). Crow es uno de los mayores contribuyentes de la derecha recalcitrante. Se ha revelado que donó $500,000 a Ginni Thomas, esposa del honorable juez, para actividades políticas relacionadas con el “Tea Party”. El grupo que preside la señora Thomas, “Liberty Central”, se opone a la reforma del sistema de salud que promueve el presidente Obama. Thomas recibió de Crow, como regalo, una Biblia valuada en $19,000 que perteneció al líder negro estadounidense del siglo XIX Frederick Douglas, y acceso a la utilización del yate de 161 pies y del avión privado de Crow. El New York Times revela que Thomas solicitó impropiamente a Crow una donación por varios millones de dólares en beneficio de sus propios proyectos en las cercanías de Savannah, Georgia, donde nació. El código de ética de los jueces les prohíbe solicitar donaciones aunque estén destinadas a presuntas obras no lucrativas o de caridad.
De acuerdo a denuncias del diario Los Angeles Times (3) Thomas recibió cientos de miles de dólares de la “Heritage Foundation”, tal vez el centro ideológico más importante de la ultraderecha, y olvidó informar a la oficina de impuestos de los ingresos financieros de su esposa. Este año, “Ginni” inauguró una nueva firma de cabilderos, al frente de la cual se describe a sí misma como “la embajadora del Tea Party”. El objetivo principal de este “lobby” es influir sobre los congresistas republicanos recién electos, utilizando para ello su “experiencia y conexiones”.
Crow, por otra parte, está muy lejos de ser un filántropo. Donó, por ejemplo, $5 millones a la campaña del Partido Republicano y a los grupos de ultraderecha que atacaron al senador John Kerry durante la campaña presidencial de 2004. Como la noticia se mantiene en desarrollo, es de esperar que en las próximas semanas se produzcan nuevas revelaciones.
Se considera que Clarence Thomas y Antonin Scalia son los dos jueces más ultraconservadores de la Corte Suprema de Justicia. Este último participó, invitado por Cheney, en una cacería de patos, poco antes de que la Corte se pronunciase sobre un caso del interés personal y político del entonces vicepresidente, como denunció en su oportunidad Dorothy Samuels en un editorial del New York Times (4). Samuels denunció también que los jueces federales se estaban comportando igual que los congresistas al aceptar vacaciones pagadas en los centros de recreación y descanso más lujosos del mundo. Samuels acusó a los jueces de realizar viajes “con todos los gastos pagados” con el fin de participar en “seminarios privados” “que tenían lugar en lugares donde se ofrecen excelentes servicios de balneario, golf, tenis y esquíes.” Estos seminarios están “patrocinados por firmas privadas con el propósito de influir sobre los jueces en favor de intereses de las corporaciones en temas tales como la protección ambiental y la responsabilidad por comercialización de productos dañinos”… “Y esto se lleva a cabo bajo la bandera supuestamente inocua de ‘educación judicial’… cuando en realidad constituye una burla a la independencia e imparcialidad del sistema”.
Una semana después del editorial de Samuels, “The Times” publicó otro editorial acerca de los seminarios pagados de los jueces (5). En él se afirma: “Los jueces federales por debajo del nivel de la Corte Suprema aceptan cada año docenas de vacaciones gratis de los muñidores de intereses especiales, bajo el disfraz de ‘educación judicial’. El editorial estigmatiza además la cacería de patos Scalia-Cheney y al reaccionario Thomas “por aceptar miles de dólares en regalos en años recientes, incluyendo un jacket de cuero de $800, un juego de neumáticos por valor de $1,200 y vacaciones pagadas por activistas conservadores”.
Al parecer, los asuntos legales importantes ya no se resuelven en los tribunales sino en los más lujosos “resorts” o “spas” y los jueces se han convertido, sin duda, en los mejores que el dinero puede comprar.
Para el juez Lois Forer, de Filadelfia, en su libro “Dinero y Justicia: ¿Quién es dueño de las cortes?” (6) “el sistema legal se divide en dos sistemas separados y desiguales de justicia: uno para los ricos, en el cual las cortes toman todo el tiempo necesario para examinar, ponderar, considerar y deliberar sobre cientos de miles de fragmentos de evidencias y días de testimonio, escuchar elaboradas apelaciones interminables y escribir incontables opiniones eruditas; el otro para los pobres, donde las audiencias son breves, las declaraciones de culpabilidad apresuradas y las apelaciones son excepcionales”.
El juez de la Corte Suprema de Justicia, William O. Douglas, ya fallecido, expresó en Furman v. Georgia, 1972: “Uno busca en vano en nuestras crónicas la ejecución de algún miembro de la clase rica de esta sociedad, pero no busca en vano asesinatos cometidos por ricos”.
Si existiese una antología de fallos absurdos de los tribunales de justicia, el primero seleccionado sería el de la Corte Suprema en el caso “Herrera v. Collins” de 1993. Herrera fue condenado en Texas por el asesinato de dos policías. Cuando estaba cercana la fecha de ejecución, su abogado obtuvo pruebas que lo exoneraban, pero se había cumplido el plazo que conceden las leyes de ese estado para su presentación en el periodo posterior a la sentencia. Herrera presentó a la Corte Suprema una petición de habeas corpus basándose en la Octava Enmienda. La Corte declaró en este caso (6 contra 3) que la inocencia ante un crimen cometido no es razón suficiente para detener una ejecución siempre que el acusado haya tenido un juicio sin violaciones de la Constitución. La Corte rechazó la petición de Herrera porque, aunque podía presentar pruebas de su inocencia, el habeas corpus sólo se concedía ante violaciones constitucionales del proceso. El Juez Principal Rehnquist urgió a Herrera a solicitar clemencia del Ejecutivo, lo cual realizó sin éxito y fue ejecutado cuatro meses después.
Los jueces del Supremo no entendieron que no existe mayor violación constitucional que la ejecución de un inocente. Herrera fue ejecutado por tecnicismos y porque, cuando un policía es asesinado en Estados Unidos (y sobre todo en Texas) la ley siempre encuentra al asesino y, si no lo encuentra, lo fabrica.
La priorización de los tecnicismos, situándolos por encima de la justicia sustantiva, tuvo lugar también en “Coleman v. Thompson” en 1991. Coleman, condenado a muerte por violación y asesinato, presentó pruebas de su inocencia ante la Corte de Distrito Federal, tres días después de la fecha límite que establece el estado de Virginia y, por este motivo, fueron rechazadas. Posteriormente, la Corte Suprema respaldó esta decisión y Coleman fue ejecutado. En su opinión discrepante de la mayoría, el juez Harry Blackmun expresó: “…La Corte continúa su cruzada para erigir mezquinas barreras de procedimiento en el camino de todo prisionero del estado que busca la revisión de sus reclamos constitucionales federales. Debido a que considero que la Corte está creando un pantano bizantino de impedimentos arbitrarios, innecesarios e injustificables a la reivindicación de derechos federales, discrepo.” (7)
Sin embargo, la decisión de los jueces en ambos casos no es ajena a la tradición estadounidense. Recordemos una famosa frase del juez de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes, Jr.: “Este es un tribunal de leyes, joven, no es un tribunal de justicia” (8).
La investigación realizada por Radelet y Bedau (9) de las condenas a muerte que tuvieron lugar entre 1900 y 1985, identificó 416 casos en que resultó convicta la persona equivocada, 2/3 de estas personas fueron condenadas a muerte y 23 de ellas erróneamente ejecutadas. Después que se puso en práctica la prueba del ADN en la década de 1990, más de un centenar de presos que se encontraban ya en los corredores de la muerte, han sido exonerados. El mayor número de inocentes condenados a la pena capital en este periodo le corresponde a la Florida con 21 (10).
Después de 1976, cuando se reimplantó la pena de muerte en Estados Unidos, el número de convictos ejecutados creció de año en año. En la década de 1990 se multiplicó casi cinco veces , 3/4 del total en los estados del Sur, y la población en los corredores de la muerte subió de unos 2,000 en 1990 a 3,500 en el año 2000 (11). Finalizando la década ya se podía preveer la catástrofe legal que ocurriría, pues los medios cubrieron con amplitud el creciente número de casos de personas que estando ya en los corredores de la muerte se demostraba su inocencia, debido a las evidencias que aportaban las pruebas de ADN. Por esta época, una ejecución chapucera y brutal en la Florida generó tantas protestas que fue necesario cambiar el método de ejecución en la silla eléctrica por la inyección letal.
La crisis llegó a su clímax el 31 de enero del 2000, cuando el gobernador de Illinois, George Ryan, declaró una moratoria en ese estado, la primera que se decretaba en el país. Ryan, un republicano moderado, era partidario de la pena de muerte pero cambió totalmente de criterio cuando el “Chicago Tribune” publicó un reportaje en el cual documentó los casos de 13 convictos exonerados y liberados del corredor de la muerte estatal y reveló, además, que aproximadamente la mitad de 260 sentencias a la pena capital habían sido anuladas en apelaciones debido a errores fundamentales como defensa incompetente, falsa evidencia forense , jurados compuestos solamente por blancos y otras causas. Ante los hechos, Ryan declaró: “Que suceda una vez es injusto pero que suceda 13 veces es vergonzoso y más allá de toda justificación”. Y al decretar la moratoria afirmó: “No puedo apoyar un sistema que, en su administración, se ha mostrado lleno de errores y se aproxima tanto a la mayor pesadilla, la del estado acabando con vidas inocentes” (12).
Decretada la moratoria, y como el Congreso estatal no quiso o no pudo implementar las reformas necesarias al sistema de justicia criminal, el 14 de enero de 2003, George Ryan, dos días antes de finalizar su mandato como gobernador, utilizó los poderes conferidos por la Constitución y ordenó vaciar completamente el corredor de la muerte de Illinois. Ryan liberó a cuatro reos que habían sido torturados para obligarlos a confesar, conmutó las penas a otros 156 en el corredor de la muerte, y a 11 más condenados también a la pena capital pero en espera del resultado de apelaciones. En un discurso en la Escuela de Derecho de la Northwestern University, en Chicago, donde anunció su decisión, dijo Ryan: “Nuestro sistema de pena capital está poseído por el demonio del error, error al determinar quién es el culpable, error al determinar quiénes entre los culpables merecen morir. Por todas estas razones, estoy conmutando las sentencias de todos los reclusos en el corredor de la muerte”.
Una situación similar a la de Illinois tuvo lugar en Maryland, donde el gobernador Parris Glendening declaró una moratoria en mayo de 2002 citando como causa primaria los prejuicios raciales al dictar sentencias. La moratoria permanecería en efecto hasta que un estudio especial determinase si a los reclusos afro-americanos e hispanos se les estaba aplicando injusta y discriminadamente la pena capital (13).
Las pruebas de ADN han servido para exonerar a cientos de presuntos culpables, muchos de ellos condenados a largos años de prisión o a la pena capital. Sin embargo, las pruebas de ADN solo son posibles cuando se ha conservado para examen algún material biológico. Además, cuando el caso está cerrado o el reo ha sido ya ejecutado, es prácticamente imposible comprobar su inocencia debido al apresuramiento en destruir las muestras biológicas, a la resistencia de fiscales y jueces a permitir nuevos análisis y a que los abogados defensores han terminado sus contratos con los defendidos y se ocupan, por tanto, de otros casos.
Si alguien acusado de un crimen punible con la pena capital es pobre, y por tanto no puede contratar un abogado competente, pertenece a una minoría racial o étnica y vive en alguno de los estados del Sur, será un presunto culpable y es muy probable que termine en un corredor de la muerte. Pero si es de ascendencia anglosajona y pertenece a la clase social alta, podrá contratar a todo un bufete de abogados con enormes recursos a su disposición, no importará el estado donde viva, será un presunto inocente y es estadísticamente imposible que sea sentenciado a la pena de muerte.
(1) Ricardo Alarcón de Quesada: “Los héroes prohibidos. La historia no contada de los Cinco”, Editorial Política, La Habana, 2010.
(2) “Friendship of Justice and Magnate Put Focus on Ethics”, New York Times, June 19, 2011.
(3) “Clarence Thomas failed to report wife’s income, watchdog says”, Los Angeles Times, Jan 22, 2011.
(4) Dorothy Samuels, New York Times, Jan 20, 2006.
(5) The Times, Jan 27, 2006.
(6) Lois Forer: “Money and Justice: Who Owns the Courts?, New York, Norton, 1984, p. 9.
(7) Franklin E. Zimring: “The contradictions of American capital punishment”, Oxford Univ. Press, 2003, p. 150.
(8) “This is a court of law, young man, not a court of justice.” –Justice Oliver Wendell Holmes Jr., Juez de la Suprema Corte de Estados Unidos entre 1900 y 1932.
(9) Michael R. Radelet et al.: “In Spite of Innocence: Erroneous Convictions in Capital Cases”, Boston, Mass., Northestern Univ. Press, 1992, p. 17.
(10) Franklin E. Zimring: Idem, p. 191.
(11) Franklin E. Zimring: Idem, p. 144.
(12) Steve Mills et Maurice Possley: “We are talking about life and death”, Chicago Tribune, April 16, 2002.
(13) Ron Fridell: “Capital Punishment”, Benchmark Books, 2004, p.118-119.
*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.
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