El Sistema de la Dependencia se recupera lentamente y de manera desigual

Un articulo de la Asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales

• El 3% de la población española necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Hay 33.019 personas atendidas más que a principio de año.
• El aumento de los principales indicadores del Sistema provoca un incremento de las listas de espera de la dependencia. 397.164 personas a la espera de un procedimiento. El tiempo medio es de 378 días (43 días menos que el pasado año).
• En los últimos seis meses, 23.837 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia. 131 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley dependencia.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son positivas registrando +46.754 solicitudes, +36.748 valoraciones, +34.792 personas beneficiarias con derecho a prestación, y +33.019 personas beneficiarias con prestación. El incremento en estos indicadores provoca que las listas de espera aumenten: +10.006 personas pendientes de valorar y +1.773 personas más en el limbo de la dependencia.

Las listas de espera aumentan

Al final del semestre de este año, 397.164 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia. 195.209 personas en el limbo de la dependencia (personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho), a las que hay que sumar las 134.602 solicitantes que están pendientes de ser valoradas. Con los últimos datos, hay que añadir 33.353 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 34.000 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar. El 45% de las personas desatendidas son Grados III o II.

Durante el primer semestre de 2022, 23.837 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 10.101 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 13.736 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

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Un incremento del número de solicitudes del 287%

El incremento del número de solicitudes, en estos seis meses, ha sido del +287% si lo comparamos con el mismo periodo de 2021 y el 12 % con respeto a todo el año pasado. También sufren un aumento respecto del mismo periodo de 2021, pero mucho más contenido, las valoraciones +17% y las personas reconocidas con derecho +5%. La Comunidad con mayor porcentaje sobre población potencialmente dependiente en solicitudes y valoraciones es Andalucía y la de menor es Galicia. La comunidad que con mayor rigidez aplica el baremo de la dependencia es Extremadura (el 28,2% de los solicitantes no obtienen grado) y la de mayor flexibilidad es Galicia (sólo el 10,4% no obtiene grado).

Las Comunidades con mayor "limbo de la dependencia", personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (28,9%) y Canarias (23,8%); y las que menos Castilla y León (0,14%) y Galicia (5,2%). Canarias es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en este semestre 3.115 (11,6%). Cantabria y País Vasco ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición.

Las Comunidad Autónoma que más días tarda en resolver una prestación o servicio, desde que tiene entrada la solicitud es Canarias 993, y las que menos Castilla y León 118. El tiempo medio a Nivel Nacional es de 378 días.

Vamos hacia un Sistema "Low cost"

Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad e insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236 euros (percibidas actualmente por 498.821 personas). Solamente 67.786 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales (13,6 % del total de las personas cuidadoras).

Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 442 €/mes (Grado II) y 551€/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un "segundo copago" o copago invisible.

La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,7h/mes, sólo unos minutos más que en diciembre de 2021, poco más de una hora diaria de servicio, lo que es claramente insuficiente. La intensidad del este servicio para las personas reconocidas con Grado III es de 57,6h/mes, lo que es claramente escaso si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios.

Todas las prestaciones y servicios se han incrementado

Todas las prestaciones y servicios se han incrementado en estos seis últimos meses del año: Teleasistencia +10.648, Ayuda a Domicilio +9.462, Centros de Día +2.841, Residencias +988 (no se han alcanzado el número de plazas antes de la pandemia), Prestaciones Vinculadas +7.289, Cuidadoras familiares +16.276, y en asistencia personal -30.

Estos datos ponen de manifiesto la recuperación lenta y desigual del Sistema de Atención a la Dependencia y parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Es preciso una reforma de la ley

Es preciso una reforma de la ley que agilice los procedimientos y recupere las intensidades e incompatibilidades que se produjeron hace una década. También los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos (informes, valoraciones, plan individual de atención), las resoluciones deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas.

Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático del Sistema y que, desgraciadamente, a las 23.837 personas que fallecieron en los últimos seis meses, el plan de choque no les llegó a tiempo.