Los celebres y moribundos Acuerdos de Oslo fueron firmados hace 23 años.
Se supone que el objetivo de dicho acuerdos era el de lograr un estado palestino
Tiempo han tenido, 23 años para crear las estructuras estatales necesaria, y ademas de tiempo dinero, miles de millones de dólares de países donantes para que el artificial pueblo palestino pudieran crear su inventado estado.
Nada de eso ha ocurrido, lo único que se ha creado es un gigantesco entramado de corrupción y terrorismo.
Entre sus fracasos debe figurar en primera linea el de su fallido sistema judicial que no es ni mas ni menos que otro apéndice de ese entramado de corrupción y terrorismo.
Las interferencias del poder político son continuas y así lo denuncian organismos de derechos humanos como el PCHR
La destitución del Presidente del Tribunal Supremo, Sami Sarsour, es un indicador de la crítica amenaza que se le plantea al poder judicial y de que la separación de poderes ya no existe en la AP. Y es que ahora el presidente palestino domina no sólo los poderes ejecutivo y legislativo, sino que también puede emitir ordenanzas bajo el pretexto de no haber Consejo Legislativo Palestino (PLC)
Un mes antes de ser destituido el canciller Sarsour recibió críticas de un prominente líder de Fatah, Tawfiq al-Tairawi, en relación con su actuación. Unas semanas más tarde se anunció que el Presidente palestino había aprobado la renuncia del Sr. Sarsour como Jefe de Justicia.
En un testimonio impactante a la Comisión Independiente para los Derechos Humanos (CIDH), el Sr. Sarsour reveló que firmó su renuncia antes de prestar juramento para su nombramiento el 20 de enero de 2016.
El “aparato” ademas ha limitado la inmunidad de los altos cargos de judiciales para tenerles sometidos.
Recordemos que recientemente el Alto Tribunal de Ramallah, el 3 de octubre de 2016, de anular las elecciones municipales en la Franja de Gaza y de celebrar elecciones sólo en Cisjordania, en una resolución hecha a medida de la Autoridad Palestina que tiene poco predicamento en la franja de Gaza sometida con mano de hierro por la organización terrorista Hamas.
Por lo menos hay 17 resoluciones judiciales que han sido obstruidas en violación de la ley palestina, especialmente el artículo 106 de la Ley Fundamental Palestina de 2003 (PBL). Este artículo afirma que las decisiones judiciales deben ser respetadas sin demora, al mismo tiempo que se señala que obstaculizar la ejecución de estas decisiones es punible con el despido del cargo público.
La falta de respeto por la aplicación de las decisiones judiciales se refleja en la política de la AP desde su nacimiento. El PCHR y otras organizaciones de derechos humanos han documentado muchos de estos casos cada año.
El PCHR subraya que la política de la autoridad ejecutiva de tomar el control del poder judicial palestino con el fin de legitimar las fechorías del ejecutivo socavará la legitimidad del poder judicial y eventualmente conducirá al colapso total de todas las instituciones de AP.
Fuente: PCHR
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